Por: Laclase.info
Aponte dirigió la Sala Penal del TSJ
Eladio Aponte Aponte no es el primer magistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia que huye del país al verse involucrado en un escándalo de corrupción. Luis Velásquez Alvaray, quien como diputado del MVR propuso la reelección indefinida del presidente Chávez, y luego fue premiado con un nombramiento como magistrado pese a no tener credenciales académicas para el cargo, también optó por huir del país en 2008, cuando se destapó la olla de la corrupción del caso "Ciudad Lebrún", un enorme proyecto inmobiliario del TSJ. Pero el caso de Aponte Aponte es mucho más grave, al confirmar la estrecha vinculación del alto gobierno con mafiosos y narcotraficantes como Walid Makled.
No es casual que Velásquez Alvaray y Aponte Aponte hayan terminado prófugos, y acusados de graves delitos. Ambos fueron designados como magistrados en diciembre de 2004 por la mayoría simple de la Asamblea Nacional, bajo el control de MVR, no por sus currículos académicos sino por su adscripción a los círculos del poder chavista. En aquel momento también fue designada Luisa Estela Morales, actual presidenda del TSJ. Quien propuso la designación de Aponte fue Iris Varela, actual Ministra de asuntos penitenciarios.
El ascenso de Aponte fue meteórico. En 2009 ocupó la presidencia de la Sala de Casación Penal del TSJ, y la presidencia de los circuitos judiciales de Caracas, del Zulia y de Nueva Esparta.
Lo que ha salvado al gobierno de un desastre mayor ha sido que tanto Makled como Aponte también desarrollaron estrechas relaciones con sectores de la MUD en Carabobo, Zulia, y otros estados. La implicación de la MUD en el entramado delictivo le ha impedido explotar políticamente el caso.
Aponte se convirtió en el caballito de batalla del gobierno a la hora de dictar sentencias convenientes, desde ordenar la reclusión del preso político indígena Sabino Romero en el estado Trujillo, hasta anular el juicio por el caso "Pudreval", en el que se perdieron más de 100 mil toneladas de alimentos. Luego de que el Consejo Moral Republicano recomendara su destitución y que fuera citado por la Asamblea Nacional para una interpelación, Aponte optó por salir del país.
La entrevista
El 18 de abril, Aponte fue entrevistado por un canal de televisión de Miami, luego de fugarse del país vía Costa Rica y entregarse a representantes de la DEA yanqui. Actualmente permanece en los EEUU.
Al ser consultado acerca de su relación con Makled, Aponte confirmó su relación con el narcotraficante. "Sí lo conozco. Nunca lo he negado. Yo soy valenciano... Ese señor en el paro petrolero en el 2002 si mal no recuerdo, era un gran señor en Carabobo". También se refirió al carnet de la fiscalía militar que le otorgó a Makled, admitiendo haber firmado "infinidades" de carnets, aunque dijo no recordar el expedido a Makled específicamente
"Yo vi una carta, que aunque en este momento no la tengo, emanada de la Presidencia de la República felicitando al señor Makled", aseguró Aponte. Las relaciones del gobierno con la familia Makled son notorias, pues ésta recibió una concesión para administrar el puerto de Puerto Cabello, uno de los más importantes del país.
El ex magistrado también aseguró haber arreglado sentencias de acuerdo con las instrucciones recibidas de funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Chávez. Admitió haber favorecido la liberación de un militar involucrado en un caso de narcotráfico. Aponte dijo que en Venezuela la justicia era moldeable como la plastilina, y envió felicitaciones a la jueza María Afiuni, detenida por presuntamente haber facilitado la fuga de un banquero acusado de corrupción.
Makled dice que pagaba 300 millones de bolívares a Aponte
Este miércoles, desde el Palacio de Justicia, Walid Makled declaró a los medios estatales que pagaba una mensualidad de 300 millones de bolívares a Aponte. Aponte era socio de Makled como copropietario de la aerolínea Aeropostal.
Curiosamente, el dispositivo mediático del gobierno para registrar las declaraciones de Makled violentó lo dispuesto por los tribunales, que han prohibido que el reo declare a los medios.
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