A 30 años de la masacre: Un aporte al
debate sobre el movimiento estudiantil
Por: Pedro Cesar Torrecillas López
Un día martes, 18 de septiembre de 1984, en el aula 06 de la Facultad de Agronomía de la UCV, en el Campus Maracay, se llevaba a cabo una reunión ampliada del Centro de Estudiantes. El ambiente era de resignación, se hablaba de al menos “clavar la bandera”. El caso era que al día siguiente, 19 de septiembre, el Consejo Universitario sesionaría y el rector Edmundo Chirinos sometería a votación un “paquetazo” que incluía el aumento de tarifas del comedor, de las gestiones administrativas tales como solicitud de constancias de estudio o de notas, entre otras medidas dirigidas a recargar sobre los bolsillos de los estudiantes y sus familias el peso de la crisis presupuestaria; bolsillos de por sí ya golpeados por el deterioro del nivel de vida que empezaba a manifestarse en el país como producto de la crisis del modelo “puntofijista”, cuyo inicio formal se coloca en el famoso “viernes negro” del 18 de febrero de 1983, durante el gobierno del socialcristiano Luís Herrera Campins. Era ahora el gobierno de Jaime Lusinchi, de Acción Democrática, y el ministro del Interior Octavio Lepage. ¿Acaso ese rector era uno más de los rectores de derecha que servían de correa de transmisión de las políticas gubernamentales?, no, se trataba de uno de tantos casos lamentables en la historia de un sector que se reivindicaba progresista y terminaba prestándose para ser el mejor instrumento para arremeter contra los sectores más desfavorecidos.
Chirinos, el famoso psiquiatra que mal comenzaría y peor terminaría, ganó el rectorado como candidato de una coalición de izquierda conformada por el MAS y el MIR fundamentalmente. Una vez en la silla de Vargas (humillación histórica para el insigne primer rector de la UCV), con su habilidad para la manipulación inició una campaña dirigida a amalgamar a unos y neutralizar a otros bajo el lema del “Amor a la UCV”; los corazones inundaban la ciudad universitaria, mientras que la política que se adelantaba vulneraba los derechos de la educación gratuita y ponía en peligro la continuación de los estudios de los estudiantes de pocos recursos económicos. La gran mayoría de los grupos y centros estudiantiles de Caracas estaban plegados o aletargados. La Federación de Centros Universitarios, dominada por los mismos partidos de “izquierda” que apoyaban al rector, acompañaba su política.