Intersectorial de
Trabajadores de Venezuela.
Caracas, 08 de noviembre de 2018
El Artículo 3 de la Constitución Nacional dice, textualmente: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Pero con su política antilaboral y antipopular, hoy el gobierno está destruyendo el trabajo en Venezuela. Los venezolanos estamos sufriendo la pulverización de nuestros salarios y pensiones, el éxodo de miles de compatriotas por los sueldos miserables, la crisis de los servicios públicos, la emergencia en la salud y en la educación, la pérdida de empleos productivos por el cierre de empresas, la represión gubernamental y los despidos por defender nuestros derechos. Ésta es una realidad tanto en el sector público como en el privado. Patronos públicos y privados incumplen los reenganches con la complicidad abierta del Ministerio del Trabajo.
El país ha sido sometido a una enorme fuga de capitales, un saqueo histórico de la renta petrolera llevado a cabo tanto por vías legales como fraudulentas, por burócratas corruptos, la tradicional burguesía y la emergente boliburguesía, calculado en 500.000 millones de dólares. Para pagar la deuda y la crisis resultado de este saqueo, se desconocen las convenciones, se lleva el salario a la mínima expresión, se impulsa la tercerización y las tablas de hambre como parte de la estrategia de incorporar al país en la geopolítica china, lo que exige garantizarle mano de obra barata y sumisa a sus transnacionales.
