Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
El presidente Nicolás Maduro ha llevado los ataques del gobierno contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos a un nuevo nivel. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro acusó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), de ser un partido político financiado por el gobierno de los EEUU, y aseguró que quien fuera su Coordinador General hasta hace poco, Marino Alvarado, era un “infiltrado” de los cuerpos policiales en la izquierda durante los 80. Acusaciones extremadamente graves que pueden servir para preparar agresiones legales o incluso físicas contra sus miembros.
No es la primera vez que el gobierno ataca en sus discursos y con acciones represivas a defensores de derechos humanos. Es pertinente recordar algunos casos, como la arremetida militar contra un grupo de defensores de derechos humanos y activistas de medios comunitarios que intentó visitar la comunidad indígena yukpa de Chaktapa en agosto del año 2008, que entonces era sitiada por los militares bolivarianos, con un saldo de varios heridos y detenidos. Los ataques del gobierno contra Provea a propósito de la denuncia de abusos militares y policiales en el marco del desastre de Vargas en 1999, aunque luego se admitió oficialmente la existencia de abusos y ello llevó a la renuncia del jefe de la policía política. O las acusaciones del entonces ministro Ernesto Villegas contra Provea en el año 2013, cuando planteó que la organización era una “retaguardia del fascismo”, por haber publicado un informe que demostraba que el gobierno había mentido sobre la quema de varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Provea demostró que si bien algunos centros asistenciales habían sufrido ataques, presuntamente por parte de activistas pro-MUD, ningún CDI había sido quemado. Provea también fue demandada junto con otra organización de defensa de los derechos humanos, la Sociedad Homo et Natura, por haber prestado colaboración a una protesta de indígenas yukpa ante el Tribunal Supremo de Justicia por la liberación del cacique Sabino Romero y Alexander Fernández, presos políticos a los que el gobierno quería obligar a abandonar la lucha por su territorio. Según el gobierno, las familias yukpa que protestaban en julio de 2010 habían utilizado a niños como “escudos humanos” ante las posibles medidas represivas de las autoridades, y las organizaciones que habían colaborado con la protesta eran sus cómplices.