Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)
En la capital peruana, el pasado 4 de enero, los cancilleres de trece Estados de América Latina organizados en el llamado Grupo de Lima firmaron y emitieron una declaración injerencista por órdenes del gobierno norteamericano, donde asumieron la potestad política para calificar la legitimidad del gobierno venezolano y liderar un cambio gubernamental en Venezuela. Luego, el 10 de enero, diecinueve Estados del continente aprobaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución intervencionista para declarar como ilegítimo al nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.
En ese marco, la mayoría de la oposición patronal desde la Asamblea Nacional declaró que Nicolás Maduro a partir del 10 de enero se encuentra usurpando el cargo de Presidente de la República, y por eso le han pedido que renuncie y conceda una transición gubernamental. Pero, además, han solicitado la intervención de los militares en el conflicto institucional, porque supuestamente son los garantes del cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes.
Las dos medidas diplomáticas injerencistas ejecutadas por Estados Unidos y los gobiernos proimperialistas de la región, y las acciones de la oposición patronal en la Asamblea Nacional, son parte de las presiones extranjeras y locales para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro mediante una transición negociada y ordenada. Esa transición tendría como objetivo la constitución de un denominado gobierno de unidad nacional, en el que participen grupos disidentes del chavismo, sectores empresariales, y los partidos patronales de la MUD/Frente Amplio, que evite la movilización obrera y popular autónoma, y que incluya la impunidad penal de los crímenes cometidos por militares y civiles en medio de la restricción a las libertades democráticas, permita el resguardo de los recursos económicos obtenidos en actos de corrupción por altos burócratas oficialistas y empresarios, y continúe aplicando un paquete de medidas económicas que beneficie al capital transnacional y local en detrimento de las condiciones de vida del pueblo trabajador venezolano.