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sábado, 9 de febrero de 2019

La Ley de Amnistía. El borrón y cuenta nueva de Guaidó y el imperialismo

Preparan un nuevo engaño

Quien hace la ley, hace la trampa. 

Por Armando Guerra 

La Asamblea Nacional presentó al país la ley de Amnistía y Garantías Constitucionales para los Militares y Civiles que Colaboren o Hayan Colaborado con la Restitución del Orden Constitucional.

Este es un instrumento con el que la Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó, pretenden establecer un pacto para perdonar a los civiles y militares ligados al gobierno, responsables de delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, actos de corrupción y crimen contra el patrimonio y el pueblo venezolano, realizados por funcionarios del gobierno, durante estos últimos veinte años.

Con esta ley se brinda el beneficio de la amnistía a “todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley” (Art. 1). Es decir, que mediante el beneficio excepcional que se les otorga “se produce la extinción de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, o tributaria, mediante la finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones y de todos sus efectos que se han producido en general desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”. (Art. 2).

Red DDHH Lara: Infierno carcelario en centros de detención en Lara arrasa con vida de internos


La Red de Derechos Humanos del Estado Lara hace pública su voz de denuncia y exigencia de atención y justicia ante la impune muerte –desde el 02 de enero de 2019- de 8 personas internas en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como Uribana) y 7 internos en otros Centros de Detención de la entidad, como consecuencia del hacinamiento, condiciones insalubres, falta de atención médica y alimentación, en el marco de un presunto brote epidémico en esas instalaciones.

1. Desde inicios del presente año comenzaron a fallecer internos del Centro David Viloria y de otros Centros de Detención Preventiva de la entidad, producto de la absoluta carencia de higiene y agua en sus instalaciones, la proliferación de personas con cuadros no tratados de hepatitis y tuberculosis, la falta de atención médica adecuada y de medicamentos. Todo ello en el marco de una generalizada escasez de alimentación que coloca, en el caso del Centro David Viloria, a la mayoría de los 2.226 internos en situación de vulnerabilidad y riesgo en su salud.

2. En el Centro David Viloria, en el cual existe la mayor población y mayores riesgos, las personas afectadas en su salud son precariamente atendidas en el denominado “Hospitalito”, caracterizado por la carencia de personal médico y paramédico y de insumos y medicamentos. Los 35 enfermos de hepatitis y los 18 de tuberculosis reciben irregularmente sus tratamientos, fundamentalmente suministrados por sus familiares. Unido a estos cuadros, en el penal están, proliferando los internos que presentan diarreas, vómitos, fuertes dolores estomacales, sin que hayan sido suficientemente atendidos y se conozca realmente su situación de salud.

¡Solidaridad con los inmigrantes venezolanos en Ecuador y contra la agresión de las bandas paramilitares y el gobierno de Lenin Moreno!




Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Luego del brutal femicidio de una joven ecuatoriana por parte de un migrante venezolano, la noche del sábado 19 de enero, el hecho fue aprovechado por el gobierno de Lenin Moreno para incitar una persecución sin precedentes contra los refugiados y migrantes venezolanos en Ecuador. Refiriéndose al crimen del día anterior, Moreno llamó el domingo a conformar “brigadas” para perseguir a los inmigrantes venezolanos, que en su enorme mayoría han sido desplazados hacia Ecuador y otros países sudamericanos por el hambre y la miseria que el gobierno de Nicolás Maduro ha descargado sobre el pueblo trabajador mediante un ajuste hiperinflacionario. Esa misma tarde, bandas paramilitares portando armas blancas desataron una persecución casa por casa en la ciudad de Ibarra, en el norte del país. Alrededor de un centenar de agresiones fueron registradas, muchas de ellas difundidas por las redes: con fervor fascista las huestes de Moreno apuñalan a un venezolano en su residencia, en otro incidente sacan a la calle las escasas pertenencias de un grupo de jóvenes y trabajadores venezolanos para quemarlas, en otras imágenes se ve a las bandas paramilitares recorrer las calles llamando a la limpieza social contra los venezolanos. Un comunicado de un grupo paramilitar amenaza incluso a los ecuatorianos que brinden auxilio a venezolanos. Cientos de venezolanos han cruzado la frontera hacia Colombia huyendo de los ataques xenófobos incitados por el gobierno y tolerados por las fuerzas policiales.

Al día siguiente de los ataques en Ibarra, una turba atacó a un comerciante ecuatoriano en Catia, Caracas, en otro hecho de xenofobia que repudiamos de manera contundente. Los pueblos sudamericanos han dado numerosas muestras de solidaridad con los desplazados venezolanos, y de igual manera los inmigrantes en Venezuela generalmente han sido acogidos solidariamente. No podemos permitir que esos lazos sean destruidos por los xenófobos y por los gobiernos que alientan el chauvinismo. Por ello saludamos la movilización en Quito que condenó tanto los femicidios como las agresiones xenófobas, bajo la consigna “El machismo mata, la xenofobia también”.


martes, 5 de febrero de 2019

Caso Rodney Álvarez: Nueva táctica dilatoria imponen los jueces para retardar el proceso



Libertad para Rodney 

Justicia y Paz
Nota de prensa. 

La defensa privada por segunda ocasión solicitó medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del trabajador ferrominero Rodney Álvarez, amparada en el artículo 230 del código orgánico procesal penal, el cual establece que ninguna pena coercitiva de libertad podrá excederse de dos años, pues en el caso de este trabajador lleva siete años y siete meses privado de libertad en el internado judicial el Rodeo ll.

La jueza del tribunal segundo de juicio del área metropolitana de Caracas, abogada Paullete León Guevara, considero el peligro de fuga para negar la medida cautelar sustitutiva de libertad, ante esta transgresión de la ley adjetiva procesal penal, la defensa interpuso el 4 de abril de 2018, un recurso de apelación contra la decisión adoptaba por la jueza de juicio por ser contraria a la ley.

El expediente subió en consulta a la Corte de Apelaciones del mismo circuito judicial penal, recayendo en la sala N°. 1, asignando el caso al juez Miguel Ángel Rhode Urbaneja, quien desde el 4 de abril de 2018, se ha negado a dictar sentencia, incumpliendo a su vez con el lapso establecido en el COPP de diez días hábiles para emitir le fallo.