PROVEA.
El próximo martes 20 de marzo se cumplirán 19 años de uno de los
accidentes laborales más emblemáticos en la historia de la salud
ocupacional en el país. En 1993 en el Hospital José Antonio Vargas, en
el sector La Ovallera del estado Aragua se produjo una intoxicación
masiva de un número importante de personas que afectó a pacientes,
trabajadores y trabajadoras.
Desde esa fecha, es decir, ya casi dos décadas, se inició y se
mantiene una lucha por parte de las víctimas reclamando justicia y mejor
atención de salud. Tomas de establecimientos, manifestaciones, huelgas
de hambre y recursos judiciales son parte del repertorio de acciones
realizadas.
En el año 2004 los afectados acudieron a la Sala
Político-Administrativa para demandar al IVSS por no garantizarles
atención médica adecuada. Cinco años después la misma dictó sentencia y
ordenó el pago de un monto muy inferior al solicitado en la demanda y
brindar la atención y asistencia médica respecto a los padecimientos que
se encuentren íntimamente vinculados con el daño causado con ocasión al
accidente químico tóxico. El instituto en vez de dar cumplimiento
inmediato a la sentencia acudió a la Sala Constitucional e interpuso un
recurso de revisión alegando irregularidades en el proceso. Dicha Sala
que se ufana de dictar sentencias sobre la base del principio de la
justicia social, priorizó asuntos de forma sobre la justicia. Protegió
al Estado y no al ciudadano humilde que confió en las instituciones para
obtener reparación del daño causado. Tras seis años de juicio la Sala
Constitucional tuvo la ironía de sentenciar en nombre del estado de
derecho que el juicio debería retroceder al estado de iniciarlo
nuevamente. Se continúan con las prácticas tan criticadas en el pasado:
la reiterada actitud de favorecer al Estado a costa de sacrificar los
derechos de las personas.
Se suma a dicha situación que el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales tiene más de cinco años adelantando un
procedimiento para dar a cada afectado la calificación y certificación
de las incapacidades. La lentitud en el trámite obligó a las personas
que resultaron intoxicadas a realizar diversas actividades de presión.
Así se les ofreció hace dos años que “ponto” se resolvería. Pasaron los
años y ahora se les promete que la próxima semana por fin recibirán
tales certificaciones. Por supuesto hay incertidumbre e incredibilidad,
pero aspiramos que por fin dejen de burlarse de hombres y mujeres que
con mucho sacrificio y esfuerzo solo han pedido que se haga justicia. El
discurso de justicia social se desmorona mientras los órganos y entes
del Estado continúen actuando de espaldas a los intereses y necesidades
de la población.
PROVEA.
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