19 años sin justicia. Intoxicados en Aragua.

PROVEA.

 

El próximo martes 20 de marzo se cumplirán 19 años de uno de los accidentes laborales más emblemáticos en la historia de la salud ocupacional en el país. En 1993 en el Hospital José Antonio Vargas, en el sector La Ovallera del estado Aragua se produjo una intoxicación masiva de un número importante de personas que afectó a pacientes, trabajadores y trabajadoras.

 Ante la intoxicación la respuesta de las autoridades no fue efectiva. Si bien se atendió la situación de emergencia no se le otorgó a las víctimas días posteriores tratamientos y atención de salud integral. La consecuencia fue que se agravó la situación de salud de un número importante de las personas intoxicadas.

Desde esa fecha, es decir, ya casi dos décadas, se inició y se mantiene una lucha por parte de las víctimas reclamando justicia y mejor atención de salud. Tomas de establecimientos, manifestaciones, huelgas de hambre y recursos judiciales son parte del repertorio de acciones realizadas.

En el año 2004 los afectados acudieron a la Sala Político-Administrativa para demandar al IVSS por no garantizarles atención médica adecuada. Cinco años después la misma dictó sentencia y ordenó el pago de un monto muy inferior al solicitado en la demanda  y brindar la atención y asistencia médica respecto a los padecimientos que se encuentren íntimamente vinculados con el daño causado con ocasión al accidente químico tóxico.  El instituto en vez de dar cumplimiento inmediato a la sentencia acudió a la Sala Constitucional e interpuso un recurso de revisión alegando irregularidades en el proceso. Dicha Sala que se ufana de dictar sentencias sobre la base del principio de la justicia social, priorizó asuntos de forma sobre la justicia. Protegió al Estado y no al ciudadano humilde que confió en las instituciones para obtener reparación del daño causado. Tras seis años de juicio la Sala Constitucional tuvo la ironía de sentenciar en nombre del estado de derecho que el juicio debería retroceder al estado de iniciarlo nuevamente. Se continúan con las prácticas tan criticadas en el pasado: la reiterada actitud de favorecer al Estado a costa de sacrificar los derechos de las personas.

Se suma a dicha situación que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales tiene más de cinco años adelantando un procedimiento para dar a cada afectado la calificación  y certificación de las incapacidades. La lentitud en el trámite obligó a las personas que resultaron intoxicadas a realizar diversas actividades de presión. Así se les ofreció hace dos años que “ponto” se resolvería. Pasaron los años y ahora se les promete que la próxima semana por fin recibirán tales certificaciones. Por supuesto hay incertidumbre e incredibilidad, pero aspiramos que por fin dejen de burlarse de hombres y mujeres que con mucho sacrificio y esfuerzo solo han pedido que se haga justicia. El discurso de justicia social se desmorona mientras los órganos y entes del Estado continúen actuando de espaldas a los intereses y necesidades de la  población.

PROVEA.