¡Todos a la marcha del 17 de marzo en Caracas, en defensa de las empresas básicas!
El presidente Chávez nombró a otro burócrata más en la presidencia de Alcasa, y como ha ocurrido cada vez que se se hace este tipo de anuncio, la movida de mata va de la mano de promesas de inversión. El gobierno prometió 120 millones de dólares cuando Carlos Lanz, con César Aguilar 60 millones de bolívares, más de 400 millones de dólares con Elio Sayago.
La sumatoria de todo lo prometido habría permitido reflotar y modernizar a la empresa, pero el dinero nunca entró a las finanzas de Alcasa, y los trabajadores entendieron que el gobierno tenía planes distintos al tan cacareado "desarrollo endógeno". Muy por el contrario, la orientación del gobierno ha sido la de la desnacionalización, entregar la empresa a intereses de capitales transnacionales. Con el objetivo de materializar dicha entrega, viene maniobrando para doblegar a los trabajadores, esquilmarles sus conquistas contractuales, y desconocer sus organizaciones sindicales, para de esa manera allanar el camino y eliminar la resistencia obrera.
Con el nombramiento de Ángel Marcano como nuevo presidente de Alcasa, se repite el mismo formato. En esta ocasión se anuncia la asignación de 90 millones de dólares, y que "ahora sí" se ejecutarán los 400 millones dólares prestados por empresarios chinos. Sería el dinero que utilizaría Ángel Marcano para recuperar la empresa y pagar los pasivos laborales, o al menos ese es el discurso con el que se pretende hacer pasar el nombramiento de este representante de José Ramón Rivero y el gobernador Rangel Gómez, miembro de la FSBT, la corriente sindical que encabeza el canciller Nicolás Maduro, y que es conocida por su subordinación total a las directrices antiobreras del gobierno nacional. Se trata de un personaje que no merece la menor confianza por parte de los trabajadores.
Para que los recursos necesarios para cumplir con los pasivos laborales no se queden en la estratosfera de las promesas incumplidas, o por la vía de la corrupción vayan a parar en los bolsillos de la boliburguesía, tenemos que organizarnos en comités de conflicto y movilizarnos por la recuperación de nuestra empresa, por el cumplimiento del contrato colectivo y la discusión de un nuevo convenio. Como el conjunto de las empresas básicas están siendo objeto de la misma política de desnacionalización, se hace imprescindible dar una respuesta de clase, mediante la conformación de un Frente de defensa de las empresas básicas, que agrupe a los trabajadores de Sidor, Ferrominera, Alcasa, Bauxilum, Venalum, Carbonorca, y empresas conexas. Este 17 de marzo, los trabajadores nos movilizaremos en Caracas en defensa de las empresas básicas de Guayana, por un aumento general de salarios, y en contra de la imposición inconsulta de la reforma a la LOT. Es una importante ocasión para mostrar la unidad de la clase trabajadora en defensa de las empresas básicas, a cuyo destino está ligada la vida de millones de personas en el Estado Bolívar, así como la economía nacional.
El gobierno nacional lo que ha hecho es dar continuidad, bajo nuevas formas, a la política de destrucción de la empresa que se empezó a ejecutar durante la década del 90 con las privatizaciones; se viene favoreciendo los negocios particulares de empresarios y burócratas corruptos, y permitiendo que la empresa llegue a un virtual paro técnico, para luego presentar las asociaciones con transnacionales como Glencore o las empresas chinas como fórmulas salvadoras.
La farsa del "Control Obrero" al descubierto
Si hay una política que resume la tremenda traición gubernamental a las expectativas de cambio revolucionario de los trabajadores de Guayana, ella es sin duda la política del "Control Obrero". Bajo la careta de una de las reivindicaciones que históricamente levantamos los socialistas revolucionarios, como lo es el control democrático del proceso productivo por parte de los trabajadores, lo que ha hecho el gobierno es cooptar a cuadros obreros para colocarlos al servicio de la políticas de privatización que hoy se expresa en el endeudamiento con los chinos y las ventas a futuro a estos empresarios y a Glencore. No ha habido control obrero, sino "control sobre los obreros". La demagogia roja-rojita no ha tenido límites, y es así como Sayago se escudó discursivamente en el falso "control obrero" en el marco de sus conflictos por el control de los negocios del aluminio con los burócratas de la FSBT. Pero lo cierto es que los trabajadores nunca decidieron nada, ni siquiera pudieron decidir acerca de las condiciones de higiene y seguridad, muy venidas a menos en la empresa y agravadas por el mal manejo del fluoruro. El "presidente-trabajador", como pomposamente se hizo llamar Sayago, supuestamente tenía la tarea de "cambiar las relaciones de producción", pero a través de la fiel aplicación de las líneas gubernamentales Sayago se convirtió en un experto explotador de los trabajadores, desconociendo el contrato colectivo, negándose a pagar los pasivos laborales, incumpliendo el pago del bono alimentario, incautando los ahorros de los trabajadores, eliminando los planes vacacionales, negándose a dotar los baños y hasta privando a los trabajadores de agua potable en su lugar de trabajo.
Una de las grandes estafas de Sayago y el gobierno consistió en la promesa de que habría una recuperación importante de la producción, con la reposición de celdas, pues en los últimos dos años quedaron fuera de servicio 100 celdas más. De 765 celdas que podrían estar funcionando, sólo funcionan 155. El epílogo de todo este nefasto capítulo de "control sobre los obreros" fue el propio nombramiento de Marcano, con el cual se demuestra nuevamente que en Alcasa los trabajadores no deciden absolutamente nada, todo lo decide el gobierno.
Burócratas al servicio de las transnacionales
En los años 90, época de la furia privatizadora de quienes hoy dirigen la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la oposición de derecha al gobierno, Alcasa atravesó una de sus peores crisis, con una deuda que pasaba los 600 millones de dólares. Cayeron los precios de las materias primas y los bancos subieron violentamente los intereses, situación que fue aprovechada por la camarilla gubernamental para privatizar las empresas aguas abajo: Cabelum, Alucasa, Alunasa, Rualca, entre otras.
Hoy se repite la historia, con el agravante de que el Estado venezolano cuenta con importantes recursos producto de los altísimos precios del petróleo, con los que podría financiar la recuperación y adecuación tecnológica de Alcasa y las demás empresas básicas.
Esta vez los acreedores son empresarios chinos, con quienes existen compromisos de ventas a futuro, así como con la transnacional imperialista Glencore. Aunque el gobierno venezolano presente a China como un aliado "socialista", lo cierto es que se trata de una dictadura capitalista feroz, que esclaviza a millones de obreros para el enriquecimiento voraz de las multinacionales y de la burguesía china. Se está repitiendo la política de endeudamiento de Carlos Andrés Pérez y Jaime Luchinsi, y es indudable que Ángel Marcano, así como Elio Sayago lo hizo en su oportunidad, será el continuador de esa línea de comprometer el futuro de nuestra empresa con intereses transnacionales.
La pelea a cuchillo entre las distintas facciones de la burocracia sindical chavista no es otra cosa que la pelea por los cupos del aluminio y la confrontación tras bastidores por darle preferencia a Glencore o a los chinos en los negocios.
Todo esto en un contexto nacional en el que se acelera el desgaste del gobierno y la crisis interna del Psuv. Mientras tanto, la MUD dice abiertamente a través de sus voceros como Henry Arias que la privatización es la solución para Alcasa y las empresas básicas, algo que la experiencia ya ha probado que es falso.
Unidad obrera y movilización para vencer
La terrible situación que atraviesan Alcasa y el resto de las empresas básicas, puede revertirse si los trabajadores se unifican en defensa de las empresas y de sus derechos. Llamamos a todos los trabajadores a la unidad y la movilización permanente, a la discusión en asambleas democráticas de un plan de lucha por el pago de todos los pasivos laborales, por condiciones seguras y saludables de trabajo, por un control democrático por parte de los trabajadores del plan de inversiones y de la contabilidad de la empresa. Sólo de esta manera se podrá derrotar la política de desnacionalización de Alcasa y recuperar su capacidad operativa. Lo mismo es válido para el resto de las empresas básicas sumidas en la crisis.
Bajo la conducción de burócratas, corruptos y boliburgueses, Alcasa está condenada. Sólo la resistencia de los trabajadores puede rescatar a la empresa. Sigamos el ejemplo de unidad demostrado en 2011 cuando se conquistó la libertad de Rubén González, para salvar a las empresas básicas y posibilitar una vida digna para los trabajadores y sus hijos, colocando la producción al servicio de los intereses del pueblo venezolano.
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