Al igual que su colega sindicalista Iván Freites (FUTPV-Falcón), Bodas le adjudica la responsabilidad de esta crisis a la desinversión e incompetencia de los gerentes que, además de no estar capacitados para dirigir la industria, sólo fungen como actores políticos, discrepó.
Extiende su alerta hacia el impacto ambiental que las erráticas políticas gerenciales están ocasionando en detrimento del medio ambiente y las comunidades que residen en el entorno de instalaciones petroleros como la Refinería de Jose (Anzoátegui), cuyo cerro vecino es el mejor testimonio de esta situación y la lista de vecinos afectados por el efecto nocivo del cóquer cada día se engrosa más, apuntó.
Para reforzar sus acusaciones hacia la incompetencia gerencial, hizo mención a los eventos recientes suscitados en instalaciones petroleras de Falcón, con la eventual paralización de la Refinería de Cardón y el derrame petrolero en el oleoducto del Complejo Operacional Jusepín, en Monagas, que además contaminó el río Guarapiche, principal fuente de agua potable de la entidad.
El desinterés que muestra la alta gerencia de la industria petrolera venezolana es lógico, fustiga el líder sindical, porque sus oficinas de La Campiña en Caracas no son las que van a explotar.
De continuar la tecnocracia, Petróleos de Venezuela se caerá a pedazos, auguró Bodas para luego señalar que el único capaz de salvar a la industria es su clase trabajadora. Pero, sentenció, bajo un esquema de verdadera participación y no bajo la “farsa montada por Caracas denominada control obrero”.
En cuanto a la discusión del contrato petrolero, además de hacer referencia a señalamientos anteriores como a los 10 mil trabajadores que quedarán por fuera de la nueva convención y que ésta tiene un año y un mes vencida, Bodas habló de “la verdadera intención de Caracas” con una nueva contratación, a punto de promulgarse una nueva Ley Orgánica del Trabajo: Consistiría en abaratar la mano de obra para beneficiar a las empresas transnacionales privadas que operan en la faja petrolífera del Orinoco.
Bodas acusó al Gobierno Nacional de implementar de nuevo el esclavismo, al instituir como Ley el trabajo voluntario de los trabajadores y así eliminar el pago de horas extras.
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