Sin contratos colectivos

Por: María Esperanza Hermida

El gobierno de Venezuela pretendió exhibir como un gran logro el aumento en la cantidad de organizaciones sindicales. Eso fue entre 2002 y 2006, aproximadamente, en pleno auge del paralelismo impulsado por el Estado. ¿El resultado? Más sindicatos pero menos contratos colectivos. Otra engañosa publicidad que se ofreció al mundo fue el cooperativismo y la expropiación de empresas. ¿Qué pasó? Menos empleo.

El paralelismo sindical muy lejos de garantizar la democracia en las organizaciones de los trabajadores, auspició una insana competencia entre representantes de los partidos políticos apoyados por el gobierno nacional y los tradicionales sindicalistas. Insana porque la dirigencia oficialista tiene el respaldo del Ministerio del Trabajo para aparentar ventaja y porque el costo que fueron obligados a pagar los sindicalistas no oficialistas para dejar el terreno limpio en esta competencia, fue el despido o la jubilación anticipada.

En el caso de la dirigencia sindical tradicional, si bien no siempre exhibe una impoluta trayectoria de defensa de los intereses de la clase, tiene una ventaja respecto al genuflexo oficialismo: su independencia del gobierno. También es cierto que un sector de la dirección sindical no oficialista se ha identificado claramente con partidos de la oposición, sean de derecha, de centro o de izquierda, pero en Venezuela ser político y sindicalista es normal.

Esta puja entre el sindicalismo oficial y el independiente, ha dejado una estela de organizaciones debilitadas (nuevas y viejas), dirigentes retirados a la fuerza y miles de despedidos. Mientras tanto, hay millones de trabajadores desprotegidos y lo peor, gente muy joven que a pesar de sufrir los embates del capitalismo salvaje auspiciado por el mismo gobierno, no tiene la posibilidad de responder de manera articulada para defenderse.

Tal debilidad organizativa ha dado al traste con la negociación colectiva. A pesar de contar el país con más de 5.000 sindicatos, el ámbito de cobertura del contrato colectivo no alcanza al 10% de la población económicamente activa, partiendo de las cifras que recoge la ENCOVI 2015. Veamos el caso del Estado, principal empleador del país, que ni ha homologado y por lo visto no homologará la contratación colectiva de los empleados de sector público. Si bien ello implica que siguen vigentes las viejas estipulaciones, no disfruta este personal de mejoras concretas por vía de la convención colectiva. Otro caso es el de SINTRAINCES, que discutió su convención cumpliendo los requisitos de ley, pero el Ministerio del Trabajo tampoco se la homologa. En el sector público laboran más de un millón y medio de personas.

En cuanto al sindicalismo oficialista, cuya oferta se sustentaba en las garantías que supuestamente ofrecía el "proceso", ha sufrido deserciones y muchas derrotas. Lo cierto es que hoy, la gestión sindical en las principales industrias, léase petróleo, electricidad y empresas básicas, evidencia que no se consolidó una sustantiva transformación del empleo, sus condiciones o su remuneración. Al contrario, la calidad del trabajo retrocedió.

Descenso en la nómina de personal fijo, incremento de la tercerización, despidos y depauperación del salario y demás condiciones laborales, es la verdad verdadera de la supuesta revolución sindical, demostrándose al final del día, que toda la publicidad que auguraba una vida mejor si se apoyaba al sindicalismo rojo (que en realidad es amarillo), se transformó en un gran engaño.

Como el perro que corre tras su cola, como el Estado suspendió las elecciones en Suttis, no se discute contrato colectivo, como no las hubo en las federaciones del sector público, tampoco se homologa el contrato marco. De paso, a los sindicatos del sector público que superan el RENOS, hacen elecciones y logran el estudio perceptivo del Ministerio de Planificación, entonces el Ministro del Trabajo no les homologa sus contratos.

Triste ese saldo, para un gobierno dizque "socialista".