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(Correo del Caroní)
Ciudad Guayana. 27/02/2013. (Foto archivo).- La negociación contractual en las empresas básicas está cercada por la crisis operativa y un caos institucional que dejan un escaso margen de maniobra económica, insuficiente para asumir los altos costos de las convenciones colectivas. A la representación del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa le entregaron una carta ya conocida en los predios de Carbonorca. Se trata de la misiva que el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, envió a la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, en la que desconoce si las estatales cuentan con recursos para cumplir con el proyecto de convención colectiva.
La situación pone de relieve la improvisación de un proceso ordenado por el convaleciente mandatario Hugo Chávez Frías en plena campaña electoral. Ante este panorama, Sintralcasa exige que la Inspectoría del Trabajo y la Procuraduría General de la República se incorporen a las próximas reuniones de discusión de contrato.
En una comunicación del 11 de septiembre de 2012, tres años después de recibir el proyecto y un mes después de que el presidente Hugo Chávez autorizara la discusión de los convenios, el responsable de la cartera de Finanzas informa que el ministerio “no posee información actualizada para realizar los cálculos que precisen si existe o no existen los recursos necesarios para honrar la demanda del sindicato”.
Otras misivas casi idénticas -sobre el resto de las empresas- fueron emitidas el mismo día a la ministra del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias, en cumplimiento del artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras que ordena la elaboración de un informe económico.
La denuncia fue hecha en septiembre del año pasado por el Sindicato de Trabajadores de CVG Carbonorca (Sutracarbonorca), a pocas semanas de iniciar la discusión y ayer fue reiterada por el Sindicato Único de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa).
El secretario general, Henry Arias, indicó que la discusión del convenio es una “burla” para los trabajadores pues, pocas semanas después de iniciar la negociación, los representantes de la Inspectoría del Trabajo abandonaron el espacio y los funcionarios del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría General de la República, nunca acudieron a la convocatoria.
De modo que la comunicación de Giordani a Iglesias, confirma que la negociación de los contratos en la industria -señaló Arias- es una fachada que sólo persigue aplacar al movimiento laboral que, desde hace cuatro años, viene exigiendo la negociación contractual.
Alto costo
En la comunicación, Giordani explica que el costo del contrato es de 2 mil 633 millones de bolívares para el primer año de vigencia y 3 mil 208 para el segundo año, lo que implica un incremento de 21.86 por ciento.
Los cálculos son hechos con base a la propuesta de 2009 cuyo incremento salarial era Bs. 90 sobre el salario diario del trabajador; cuatro años después Sintralcasa solicita Bs. 150 diarios en correspondencia con la alta tasa inflacionaria.
Con los nuevos planteamientos del sindicato, el costo de la contratación colectiva se incrementa aún más de lo planteado por Giordani.
Explicaciones urgentes
Por esa razón, el comité ejecutivo de Sintralcasa exigió ayer a la comisión discutidora del contrato que se incorporen las instituciones del Ejecutivo.
“Vemos con mucha preocupación el hecho de que en las reuniones de discusión de nuestra convención colectiva, llevadas a cabo hasta los actuales momentos, no han hecho acto de presencia”, expresaron a través de una comunicación.
Arias indicó que sin la presencia de las autoridades del Ejecutivo será “imposible” seguir avanzando en las negociaciones.
El resto de las empresas de la industria ferrosiderúrgica y del aluminio discuten contrato sin un norte claro, pues no hay informe económico que soporte las deliberaciones ni presencia de las autoridades del Ejecutivo que avalen la negociación contractual.
El derecho contractual
Desde el 2009 los sindicatos de la industria del aluminio han protestado por la discusión de las convenciones colectivas.
Tras cinco años de conflicto, mesas de trabajo, control obrero y Fondo Conjunto Chino Venezolano, la situación de la cadena productiva no tiene precedentes; sus niveles operativos se equiparan a la década de los años 80 cuando la mayoría de ellas estaban en fases de expansión.
En el largo trecho el Ejecutivo ha condicionado decenas de veces la negociación contractual. Recordada es la carta en la que el vicepresidente de la república, Elías Jaua, prohíbe la firma de contratos colectivos a la Inspectoría del Trabajo a través de una comunicación de fecha 1 de junio de 2010.
El presidente Hugo Chávez también creó una propuesta de unificación de beneficios en el marco de la Corporación que aún se desconoce, y condicionó la negociación a una Comisión Presidencial de Política Laboral para el Sector Público en noviembre de 2009.
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