Sáb
11/06/2011 - 22:50
Por: Clavel
A. Rangel Jiménez (Correo del Caroní)
La
impunidad, el manejo discrecional de la justicia y la politización de los
derechos laborales han creado un caldo de cultivo para el posicionamiento de la
violencia en las empresas básicas
Puerto
Ordaz, Sábado, 11 de Junio de 2011 (Foto William Urdaneta).- Se esperaban
muchas voces de rechazo este viernes, pero no las hubo. Nadie emitió
declaraciones en los acostumbrados cafés. No hubo asamblea, ni ruido en las
afueras de Ferrominera Orinoco (FMO). Tampoco en el resto de las empresas. Una
áspera paz se respiraba en la procesadora de mineral de hierro. “Hoy (ayer) ni
las locomotoras hicieron ruido”, comentó un trabajador. En los pasillos
-relató- los ferromineros evitaban hablar de lo sucedido: la muerte de Renny
Rojas, los dos heridos, la implicación de Héctor Maicán, secretario de finanzas
de Sintraferrominera, y de las acusaciones en contra del secretario general,
Rubén González.
Los
lesionados se recuperan en el Hospital Américo Babó. Luis Quilarque, dirigente
sindical que recibió un tiro en la pierna fue esposado a su camilla alrededor
de las 11:00 de la noche del jueves.
Su esposa,
Gelin de Quilarque, contó que a esa hora irrumpieron en el centro médico
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc). De acuerdo a su testimonio, pretendían llevarse a su
pareja. Ella accedió a ir hasta su casa en una unidad del organismo y luego
entregó la camisa del herido como elemento de interés criminalístico.
No le
entregaron ningún documento pero le explicaron que la detención obedecía a su
participación en la protesta de 2009, por la que el 28 de febrero de 2011
González fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión.
Los
dirigentes del equipo de Rubén González permanecieron en sus casas. Durante el
día también esperaban ser arrestados, según el rumor de que un tribunal
activaría las órdenes de captura que no se ejecutaron en el 2009, cuando el
Estado acusó a González y a otros dirigentes, de agavillamiento e instigación a
delinquir, durante la huelga en Ciudad Piar que ejercieron en agosto de ese
año.
En general,
los empleados estaban esperando cualquier cosa. Rubén González estuvo en Ciudad
Piar en la mañana. Informó que, en efecto, le habían advertido pues -aunque se
anuló su sentencia- aún está imputado a la espera de que se realice un nuevo
juicio.
Hasta el
cierre de esta edición ninguno de los murmullos se concretaron.
Una historia
de confrontación
Para algunos
lo que ocurrió en Ferrominera Orinoco la mañana del jueves era previsible pues
la tensión entre dos grupos sindicales se viene atizando desde el 2009. De la
discusión en los portones se pasó a la huelga y luego a la criminalización de
la protesta.
Rubén
González estuvo preso durante un año sin la celebración de un juicio. Ese hecho
produjo indignación en los trabajadores de Ciudad Piar.
El
reencuentro de González después de su liberación con el secretario de
organización Alfredo Spooner (otrora compañero de luchas) se produjo el 1 de
abril en Ciudad Piar durante la celebración de un comité ejecutivo. Ambos, en
aquella oportunidad, resaltaron el carácter cívico de la reunión.
La elección
de la comisión electoral el jueves era -inevitablemente- la oportunidad de
ambos grupos de medir fuerza política, y era el primer evento desde 2009, en
donde las dos fracciones se encontraban con toda su gente, cara a cara.
La
convocatoria de González a los ferromineros a vencer el miedo y romper el
espiral de silencio generado desde su encarcelamiento, contrastaba con la
planificación propagandística del grupo liderado por Spooner.
Los
empleados de Piar, que acompañaron prácticamente solos a Rubén González durante
casi dos años se trasladaron hasta Puerto Ordaz sin ánimos de dejarse amilanar.
Molestia
creciente
Durante los
últimos dos años ha habido un descontento encubierto. La ausencia de González
le permitió a Alfredo Spooner capitalizar algunas victorias como el ingreso de
cientos de trabajadores tercerizados, amortización de algunas deudas y acciones
de manifestaciones para presionar el pago de las facturas vencidas por parte de
Sidor.
Sin embargo,
el discurso de la empresa y de la dirigencia del Movimiento 21 ha perdido
fuerza paulatinamente.
Primero
porque la politización del reclamo de Ciudad Piar generó un revés: la nulidad
de un juicio luego de una sentencia, lo que significó una derrota de un sector
del Gobierno que promovió la obstaculización de la justicia.
Segundo, el
grueso de los beneficios económicos del contrato colectivo, firmado en 2009, no
se ha cumplido aún después de su vencimiento.
Desde que el
secretario general está en la calle la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT)
ha buscado polarizar el debate, pero un amplio frente sindical oficialista ha
lanzado severas críticas a la FBT, al gobernador del estado Bolívar y al
canciller Nicolás Maduro.
La muerte de
Renny Rojas, dirigente juvenil del PSUV, ha conmocionado a los ferromineros, a
las filas del partido oficial, a la dirigencia sindical y a todos los
trabajadores de Guayana.
Clima de
impunidad
El hecho de
sangre se produce a 22 días del primer hecho violento en CVG Bauxilum, donde el
secretario general de Sutralúmina -José Luis Morocoima- resultó herido de bala
y severamente golpeado.
Los dos
sujetos señalados fueron acusados y puestos en libertad con una cautelar y
régimen de presentación cada 15 días.
Tres días
después, a escasos metros del portón de CVG Bauxilum, ocho trabajadores de la
productora de alúmina fueron golpeados por personas ajenas a la planta
presuntamente ligadas al sector construcción. A uno de los bauxiteros le
quebraron la mandíbula. Por esos hechos no hubo ningún apresado.
Luego, el 24
de mayo, individuos armados ingresaron a la planta junto al presidente de CVG
Venalum, Rada Gamluch. Fueron fotografiados y tampoco, hasta la fecha, hay
sancionados.
Después se
le incautó un arma con porte ilícito a Manuel Díaz, presidente de Sutrapuval.
El dirigente denunció que grupos adversos le habían “sembrado” el armamento.
Situación
similar se quiso reeditar en CVG Carbonorca sin éxito, y días después miembros
de los consejos comunales acompañaron al presidente de CVG Alcasa, Elio Sayago,
hasta el portón. Se presentó una trifulca y resultó lesionado el directivo de
la estatal.
Investigación
preliminar
El mismo
jueves en la mañana fue detenido el secretario de finanzas de Sintraferrominera
Héctor Maicán. Se espera que hoy sea presentado en el Tribunal Cuarto por su
presunta participación en la balacera donde murió Renny Rojas y otros dos
resultaron lesionados.
Se maneja
que el Ministerio Público imputará al dirigente por el delito de homicidio
calificado por motivos fútiles e innobles. Ayer se hizo la planimetría de
rigor, necesaria para esclarecer la escena del crimen
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