El gobierno de Maduro prohíbe “odiar”

Por: Simón Rodríguez Porras

La “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” promulgada este 8 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente, erigida en el órgano del poder supremo, pasará a integrar un lugar muy extraño en la historia de la legislación represiva latinoamericana.

Propuesta por Maduro en agosto, luego de la durísima represión a las protestas que transcurrieron entre abril y julio, la ley se propone “erradicar toda forma de odio” y “preservar la paz y la tranquilidad pública” (artículo 1°). Para ello establece que “la actuación del Estado […] se regirá” por los “valores y principios […] Vida, Paz, Amor” (artículo 2°). Pero tras esta declaración de “amor estatal” viene una batería de herramientas represivas. Por ejemplo se autoriza al Estado a imponer a los disidentes “atención psicoterapéutica” como mecanismo de “prevención contra el odio” (artículo 8°). Una perversión institucional que recuerda las prácticas del estalinismo y el nazismo.

Aunque no se definen con claridad cuáles son las expresiones de odio penalizadas, se autoriza el cierre de medios de comunicación, la censura en internet, la prohibición de partidos políticos y organizaciones sociales, e incluso penas de hasta veinte años de cárcel por la emisión de opiniones que expresen “odio”, “discriminaciones” o propugnen “cualquier forma de violencia”. Para garantizar el funcionamiento del dispositivo totalitario, los funcionarios policiales y militares que se abstengan de reprimir o perseguir las opiniones “delictivas” también serán severamente penalizados: pueden ser condenados a diez años de cárcel.

Para regir la aplicación de la ley se crea una “comisión para la promoción y garantía de la convivencia pacífica” (capítulo IV) cuyas competencias pueden ser redefinidas en cualquier momento por la Asamblea Nacional Constituyente, así como unas “brigadas estudiantiles de paz y convivencia”.

La sórdida ley criminaliza cualquier forma de disidencia y facultaría al gobierno a proscribir, por ejemplo, a cualquier organización socialista que promueva la transformación revolucionaria de la sociedad y la abolición de las clases sociales.