Por La Tabla
Dos campesinos presos y uno desaparecido es hasta ahora el saldo de un desalojo practicado este jueves 31/03/2016 por efectivos de una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de un predio rural improductivo cuyo rescate viene siendo reclamado por 17 organizaciones productivas en el sur del estado Barinas, a unos 700 kilómetros al suroccidente de Caracas.
Se trata de Winston Olivera, de 25 años, acusado de robo e incendio, y de la geóloga Nancy Molina, de 40, señalada por supuesto desacato a la autoridad- Ambos se encuentran en una unidad de la GNB ubicada en la ciudad de Libertad, y según sus allegados serán puestos a disposición de un tribunal del circuito judicial el estado Barinas.
Mientras que el desaparecido es el joven de 18 años Carlos Alberto Puerta, quien en horas de la noche intentaba huir de la persecución y luego de ingresar al área de un caño no regresó a donde se encontraba el resto de los campesinos. El joven sufre de ataques que le hacen perder el conocimiento por que estaba siendo buscado afanosamente.
El evento se registró en el hato Gavilán-La Chaqueta, ubicado en la parroquia Santa Lucía, municipio Barinas, en la ribera norte del río Apure, explicó Alexander Soto, vocero del movimiento que agrupa a 80 familias y que desde el año 2012 impulsan el rescate del predio de más de 4 mil hectáreas, lo cual fue acordado en agosto de 2015 por el Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Sin embargo, tras una medida judicial considerada como sin motivación, y luego de que el grupo de familias había sido ubicado por el organismo de tierras en un área del hato, el rescate fue anulado y se ordenó la expulsión de los campesinos del lugar y la devolución del área a sus presuntos propietarios.
El predio, para la cría de ganado, fue desarrollado a partir de los años 60 por el terrateniente Paco Boves, asentado en la población de Dolores de Barinas, quien expulsó a campesinos y comunidades indígenas.
Tras su muerte sus sucesores abandonaron la actividad productiva y lo vendieron a una compañía denominada La Gran Familia, cuyo propietario es Pedro Grespa.
Sin embargo la firma actúa por medio de un apoderado llamado Manuel Eduardo Masilla, quien ha tenido a cargo todas las actuaciones administrativas, judiciales y operativas incluyendo la movilización de efectivos militares, según consta en los documentos del procedimiento.
La acción de rescate se inició en 2012 cuando la cooperativa El Samán Liberador denunció la situación improductiva del hato. En diciembre de 2014 el directorio del INTI declaró el carácter ocioso de las tierras. Y finalmente el 10 de agosto de 2015 el mismo directorio aprobó el rescate total de las 4 mil 312 hectáreas.
Sin embargo 11 días después el representante de la compañía introdujo una solicitud de medida de protección de la producción agroalimentaria y un amparo constitucional al derecho de propiedad por ante tribunal superior agrario cuarto de Barinas.
El 24 de agosto de 2015 el juez Douglas Villamizar acordó el otorgamiento de la medida de protección a una supuesta producción que no existía y el amparo a una propiedad que había quedado desvirtuada en el procedimiento del rescate acordado por el Inti.
Sn embargo las medidas judiciales fueron el soporte para que en noviembre pasado las autoridades del Inti declararan la nulidad de su propia medida de rescate.
Para entonces los campesinos se encontraban ejecutando una medida de resguardo y realizando actividades productivas en un área de 40 hectáreas definida por el Inti, organismo que autorizó su ingreso al predio el 14 de marzo de 2015.
El 18 de diciembre el juzgado superior agrario comisionó a la GNB para que practicara el desalojo de las familias asentadas, procedimiento que fue ejecutado el 24 de diciembre a partir de las 6 de la mañana.
Tres días después, el 27, Masilla ingresó 700 mautes al hato con la intención de simular que las tierras se encontraban en producción, explicó Alexander Soto. En dicha operación unidades de la GNB custodiaron los camiones cargados con el ganado.
El 13 de enero de este año, el Inti, ante la presión campesina, practicó una nueva inspección y la misma ratificó el carácter improductivo del hato y que el ganado que allí se encontraba no se había desarrollado en el área.
Sin embargo, con el cambio de autoridades en el ente de tierras, el proceso, que aspiraban los campesinos sirviera para ratificar el rescate, se detuvo. Ante la falta de salidas inmediatas el colectivo decidió ingresar nuevamente al hato el pasado miércoles de la semana santa.
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