Provea
31/03/14
Después de más de 55 días de protesta ininterrumpida en el país, desde Provea realizamos un balance preliminar del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en el país.
Desde el 04 de febrero, fecha de inicio del actual ciclo de protestas tras la detención de 6 estudiantes de la Universidad Nacional del Táchira (UNET) en San Cristóbal, por lo menos 800.000 personas han participado en movilizaciones realizadas en 16 estados del país.
La duración y extensión han sido sus primeras características. Otra, la multiplicidad de las acciones emprendidas, que van desde las marchas, concentraciones, cierres de calle (“Guarimbas”), vigilias, cadenas humanas, pancartazos, volanteadas, intervenciones urbanas creativas hasta músicos en la calle.
Cuando escribimos este texto, observando la realidad de las expresiones en todo el país, seguimos calificando a las manifestaciones recientes realizadas en Venezuela como mayoritariamente pacíficas
Según la estimación por la observación atenta del fenómeno, no llegarían al 5% las personas que se han relacionado con la estrategia “Guarimbas”, la cual entendemos como el cierre de vía con objetos contundentes a manera de barricada.
Sostenemos que un cierre de calle, aunque se denomine “guarimba”, no es violento por sí mismo. Asume características violentas cuando su realización incluye manifestantes usando armas de fuego, destrucción de bienes públicos y secuestro de una comunidad en contra de su voluntad.
Cuando escribimos este texto, observando la realidad de las expresiones en todo el país, seguimos calificando a las manifestaciones recientes realizadas en Venezuela como mayoritariamente pacíficas.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, por diferentes mecanismos, ha impedido el ejercicio de la manifestación pacífica en el país.
Hay que recordar que el propio 12.02.14, hasta las 2 de la tarde, un total de 12 movilizaciones se realizaron en todo el país de manera pacífica, y fue el asesinato de 3 personas ese día, en el contexto de manifestaciones, lo que significó una escalada en el conflicto.
Un aliciente fue el discurso del primer mandatario ese día, y otros altos voceros del Ejecutivo quienes responsabilizaban a los propios manifestantes los asesinatos ocurridos en el día. La propia Fiscal General declaró: “estos jóvenes estaban direccionados, esto fue una acción premeditada para crear caos en el país (…) todas las acciones fueron planificadas”.
Además del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales y militares, durante los días siguientes comenzaron a registrarse, en las ciudades de Caracas y Mérida, ataques de grupos paramilitares contra manifestantes y la población, que comenzaron a repetirse en diferentes ciudades del país.
El 17.02.14 el alcalde del municipio Libertador prohibió la realización de manifestaciones disidentes dentro de su jurisdicción al aprobar el decreto 281 que establece a su jurisdicción como “zona libre de fascismo”, lo cual viola las garantías establecidas a la constitución.
Además de impedir el ejercicio del derecho pleno a la manifestación y el uso excesivo de la fuerza, Provea ha detectado otros patrones de violación a los derechos humanos. Uno ha sido el uso reiterado de armas de fuego por parte de los funcionarios, otro la utilización de gases tóxicos prohibidos por la Carta Magna.
Repitiendo una práctica que Provea detectó en la represión contra manifestantes ocurridas en abril de 2013, se continuó realizando la detonación de perdigones a corta distancia para ocasionar el mayor daño posible a los manifestantes. Algunas de estas heridas, inclusive, fueron realizadas después que las personas habían sido privadas de su libertad.
Como han documentado diferentes organizaciones, un número importante de personas detenidas por haber participado en una manifestación han sido víctimas de torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Además, se han denunciado el forjamiento de pruebas incriminatorias para intentar relacionar a las personas detenidas con hechos violentos.
Además de estos patrones conocidos, nuevas prácticas se suman a las actuaciones violatorias a los derechos humanos en el marco de manifestaciones.
Una que resaltamos, por su gravedad, es el uso de grupos paramilitares para enfrentar las protestas. En diferentes ocasiones el presidente Nicolás Maduro ha alentado a sus seguidores a confrontarlas, como por ejemplo su declaración del 05.03.14 en la que expresaba: “Yo llamo a todo el pueblo, a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, a los Consejos Comunales, a los movimientos sociales, a las Comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres, llamo a todo el pueblo a hacer valer, allá en su comunidad, la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado, para garantizarle la paz a nuestro país”.
Otra ha sido el robo sistemático de las personas retenidas y detenidas tanto por funcionarios policiales, militares y paramilitares a manifestantes.
El uso de artefactos sonoros para la amplificación de insultos por parte de militares y el ataque contra conjuntos residenciales mediante el lanzamiento de gases tóxicos inconstitucionales, perdigones y armas de fuego ha sido otra triste novedad del accionar estatal reciente.
Provea recopila testimonios de estas agresiones para un informe. Si conoces de situaciones, contáctate a investigacion@derechos.org.ve
(*) Coordinador del Area de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
investigacion@derechos.org.ve
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