La Protesta
Bolivia
La ley fue consensuada entre cooperativistas y transnacionales, sin intervención de las organizaciones campesinas, indígenas y populares. Hasta el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutb), Rodolfo Machaca, reconocido masista, pidió formalmente a ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional que paralice la consideración de la norma por inconsulta. Los regantes de Oruro están bloqueando y la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qolasuyo) anunció medidas de lucha ante lo que consideran “antinacional y antiindígena, porque otorga facilidades a la minería transnacional y cooperativa en desmedro del interés de los bolivianos”.
Los “cooperativistas”, en realidad empresas disfrazadas que tienen unos 15.000 dueños de cooperativas y unos 100.000 peones asalariados sin derechos, anunciaron bloqueos por no quieren que se modifique “ni una coma” de la ley. Hubo una pequeña modificación que dificulta su asociación directa con las transnacionales, al obligar a una aprobación parlamentaria. Estas asociaciones son utilizadas por las transnacionales para tercerizar sus actividades, y logran así extraer el mineral pagando salarios más bajos, sin seguridad industrial, sin beneficios sociales, sin impuestos y sin protección ambiental. Beneficios todos que tienen las supuestas “cooperativas”, manejadas por una minoría de grandes “cooperativistas” millonarios.
Denunciamos que la nueva ley, con o sin las modificaciones muy parciales que se introdujeron en diputados, es una ley al servicio de las transnacionales imperialistas y sus socios las grandes empresas “cooperativas” que son prácticamente exceptuadas de impuestos.
Recientes estudios indican que la minería de 3000 millones de dólares exportados en el año 2013 sólo dejó 131 millones por concepto de regalías y que los impuestos adicionales casi no hubo pues son deducibles en base a los gastos (Gandarillas, CEDIB). Otro estudio, que incluye regalías más impuestos indica que entre el 2009 y el 2011 la minería tributó entre regalía e impuestos $us 1.062 millones (M) -$us 691 M impuestos y $us 371 M regalías- sobre un total exportado de $us 7.706 M (13,8%) (Jorge Espinoza, El Diario, 28 de marzo 2014). Estas cifras de extracción no incluyen la parte no contabilizada, que se estima enorme, porque el mineral se lleva en piedra y casi no hay control de lo que realmente se llevan. Es decir, el producto minero real sería mucho mayor (y por lo tanto mucho menor el porcentaje real de regalías e impuestos.
Tomando el segundo cálculo, el más favorable para las mineras, sólo habría un 13,8% del total por todo concepto de ingresos al Estado. La nueva ley minera, muy lejos de cambiar esto consolida esta situación, rebaja aún más los impuestos de los mal llamados “cooperativistas” y establece nuevas ventajas para los grandes empresarios en general.
Entre estas grandes ventajas figura la libre utilización de las aguas de los ríos y vertientes, lo que causará graves problemas ecológicos y a la agricultura, también la preeminencia del derecho minero que autoriza a expropiación de tierras campesinas, la anulación del derecho a la consulta (lo cual es anticonstitucional) y la criminalización de la protesta antiminera que será penalizada con cárcel y también con sanciones económicas a los que protesten que deberán indemnizar a las empresas mineras por perjuicios en caso de que sus actividades se vean obstaculizadas.
El camino para terminar con el saqueo es derrotar esta ley nefasta y luchar por la expropiación sin indemnización de las transnacionales y grandes cooperativas mineras, para otorgar a la COMIBOL controlada por los trabajadores las áreas mineras, con inversiones estatales sobre la base de recuperar la totalidad del producto minero. Esto permitiría tener 100.000 trabajadores mineros asalariados con buenos salarios y hacer una actividad planificada preservando el medio ambiente y respetando la tierra y territorio indígena.
La aprobación de la ley significará una continuidad aumentada del saqueo histórico de las riquezas de Bolivia. Perjudicará a todos los bolivianos, no sólo porque nos despoja de nuestras riquezas, sino también por los daños ambientales y los perjuicios a la agricultura familiar, que es la que provee de alimentos al país. Los alimentos se encarecerán.
Ante estos hechos denunciamos la actitud cómplice de la COB y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Asalariados y nos unimos al llamado de los regantes de Oruro (que anuncian una segunda guerra del agua) y de la CONAMAQ a resistir la aprobación y aplicación de la ley minera. Llamamos a los trabajadores, campesinos, indígenas, vecinos de los barrios populares a discutir en las bases la necesidad de enfrentar la aplicación de esta ley nefasta, antipopular, anti indígena y antinacional.
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