Por: Partido Socialismo y Libertad / Prensa
Ante la inflación, las devaluaciones y el desabastecimiento
El Banco Central de Venezuela acaba de anunciar que la inflación del mes de septiembre fue de 4,4% y la acumulada en los 9 meses del año asciende a 38,7%. La inflación anualizada de los alimentos llegó a la estrambótica cifra del 70%, lo que significa que los trabajadores y los pobres que ganamos salario mínimo y utilizamos el 95% de nuestros ingresos casi exclusivamente para comprar comida, hemos perdido en este último año casi el 25% del poder adquisitivo de nuestros salarios.
Estas cifras no hacen sino confirmar lo que diariamente vivimos los trabajadores y los habitantes de las comunidades. La inflación no da tregua al alicaído bolsillo de las venezolanas y venezolanos. El aumento del salario mínimo, así como los aumentos a universitarios, maestros, trabajadores del sector salud, entre otros, se volvió sal y agua, devorado por el aumento desbocado de los precios. Mientras que, como si esto fuera poco, seguimos haciendo largas colas, y zanqueando los supermercados para comprar los productos que escasean.
De allí que nuestro partido respalde la lucha de los profesores universitarios por la Normas de Homologación, que en la práctica se han convertido en una escala móvil de salario.
A falta de tres meses para finalizar el año (octubre, noviembre y diciembre), precisamente los que por tendencia histórica son los que mayores cifras de inflación registran, nos hacen suponer que la inflación general bordeará el 50%, lo que se constituye en un golpe terrible para millones de familias venezolanas.
A las puertas de una nueva devaluación
Por otra parte, las señales emitidas en sus discursos por los funcionarios del alto gobierno indican que se está cocinando una nueva devaluación, por la vía de crearse un nuevo mecanismo de otorgamiento de dólares distinto a Cadivi. Según el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, estaría trabajando en la ingeniería para la transformación del sistema cambiario venezolano.
Así las cosas, probablemente las divisas a utilizarse para la importación de alimentos y medicinas se mantengan al precio de Bs. 6,30 por dólar, mientras que el resto de los bienes y productos sufrirían una modificación importante, que según los entendidos oscilaría entre los 9 y los 10 bolívares por unidad de la divisa norteamericana. Ya las venezolanas y venezolanos sabemos que devaluación significa, encarecimiento de los productos, en un país que casi todo lo que consume es importado. Y por supuesto, deterioro de nuestros salarios.
La guerra económica es del gobierno y la MUD en contra del pueblo
El presidente Maduro constantemente se refiere a que los propietarios de las compañías desarrollan una guerra económica en el país. Por su parte, los empresarios denuncian que no reciben los suficientes recursos en dólares para importar, y en más de una ocasión han señalado que la política cambiaria es una alcabala gubernamental establecida para presionarlos y/o extorsionarlos económica y políticamente.
Lo cierto es que más allá de algunos especuladores y acaparadores, que aprovechan la crisis para pescar en río revuelto, la única guerra económica que hay es la que desarrollan los burócratas gubernamentales, los boliburgueses y empresarios, contra el nivel de vida de los trabajadores y el pueblo.
La escasez y la inflación son producto del fracaso de un modelo económico y político de colaboración de clases que sólo ha beneficiado a banqueros, importadores y a las transnacionales petroleras y de las telecomunicaciones. Un modelo económico que ha profundizado el carácter de país importador, agravando la dependencia respecto del petróleo al punto que el mismo Maduro tuvo que reconocer que de cada 100 dólares que ingresan al país por exportaciones 96 provienen del petróleo.
Maduro en su reciente intervención ante la Asamblea Nacional, a propósito de la solicitud de la Ley Habilitante, lanzó un encendido discurso, acusando al “cadivismo” de la crisis económica que padece el país, tildando a la burguesía de “parásita”, y responsabilizándola de querer acaparar los dólares. Pero esto es puro bla bla engañoso, para tratar de apaciguar el descontento que se incuba en las bases honestas del Psuv, y de los que siguen al gobierno, cada vez más agobiados por los altos precios de los alimentos y la escasez.
La realidad es que luego, el mismo presidente Maduro, anuncia que se reactivará el Sicad, y que se otorgarán 100 millones de dólares semanales, es decir, unos 900 millones de dólares en lo que resta del año. Es decir, que la danza de dólares para los empresarios, los banqueros e importadores continuará, para seguir beneficiando a los sectores que más han ganado en estos últimos 14 años.
En el día de hoy viernes, el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, reconoció que a través de Cadivi se han liquidado, entre enero y septiembre, 33.143 millones de dólares, 3.920 millones de dólares al mes, que han ido a parar a los bancos y a los bolsillos de los empresarios e importadores. Mientras los trabajadores y el pueblo que vivimos de un salario vemos como cada día se hace más difícil acceder a los productos de primera necesidad para alimentar a nuestros hijos y familias.
El Presidente vocifera contra la burguesía, ataca a los medios, habla de una supuesta guerra económica, y sin embargo, elimina las restricciones y solvencias para importar, para que las empresas de maletín, que el mismo gobierno reconoció que se robaron 20 mil millones de dólares en importaciones fraudulentas y ficticias, sigan enriqueciéndose. Y continúa otorgándoles dólares a través de Cadivi y el Sicad. Ataca la corrupción pero ninguno de estos personajes que robaron al país se encuentra preso.
Definitivamente la política económica del gobierno es un instrumento al servicio de quienes poseen mayores recursos económicos en el país, y por supuesto de los nuevos ricos que se han forjado al amparo de las políticas gubernamentales. Ellos hacen la guerra económica, mientras las víctimas las ponemos los trabajadores y las comunidades que somos los que sufrimos en carne propia el impacto de la inflación, el desabastecimiento, las devaluaciones, el azote de la violencia y de pasapalo, cuando reclamamos salarios decretan aumentos pírricos o satanizan nuestras luchas.
El 29 de octubre a la calle a defender nuestros derechos
Los obreros de Sidor, Ferrominera, los petroleros, los maestros, los de Dianca, los que luchan por viviendas y mejores servicios públicos y el pueblo en general, justificadamente se están volcando a las calles para reclamar sus derechos y buscar una alternativa distinta a la que nos ofrece esta carnicería política y económica que propician el gobierno del Psuv, por una parte, y la MUD, por la otra.
Definitivamente es en las calles, en las luchas, en las elecciones y en todas las formas de lucha que nos sean posibles, donde debemos esforzarnos por edificar esa nueva opción, desde abajo, con las comunidades y con los trabajadores al frente.
Los trabajadores y las comunidades debemos seguir el camino trazado por los obreros de Sidor y de Ferrominera, que con su unidad y combatividad lograron arrancarle el compromiso al gobierno de reconocer sus derechos.
Hay que profundizar la movilización demandando solución a los reclamos o expresando la solidaridad con los que luchan. Una gran oportunidad para coordinar y centralizar todas las luchas la tenemos este próximo 29 de octubre, fecha en la que el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y los Sindicatos (Fadess), conjuntamente con los compañeros de la Unete (Unión Nacional de Trabajadores), y otras corrientes sindicales, han convocado a una movilización nacional de protesta.
Desde el PSL y C-cura nos sumamos y nos comprometemos con esta urgente tarea, que será fundamental para defender nuestros derechos laborales, la exigencia de negociación de los contratos colectivos de trabajo, y para exigir al gobierno y los empresarios un aumento general de sueldos y salarios y que el salario mínimo se iguale a la canasta básica, y que se revise cada 3 meses, ajustándolo de acuerdo a la inflación, todo esto como parte de un Plan Económico de Emergencia para enfrentar la grave situación económica y social que padecemos los trabajadores y el pueblo.
El Banco Central de Venezuela acaba de anunciar que la inflación del mes de septiembre fue de 4,4% y la acumulada en los 9 meses del año asciende a 38,7%. La inflación anualizada de los alimentos llegó a la estrambótica cifra del 70%, lo que significa que los trabajadores y los pobres que ganamos salario mínimo y utilizamos el 95% de nuestros ingresos casi exclusivamente para comprar comida, hemos perdido en este último año casi el 25% del poder adquisitivo de nuestros salarios.
Estas cifras no hacen sino confirmar lo que diariamente vivimos los trabajadores y los habitantes de las comunidades. La inflación no da tregua al alicaído bolsillo de las venezolanas y venezolanos. El aumento del salario mínimo, así como los aumentos a universitarios, maestros, trabajadores del sector salud, entre otros, se volvió sal y agua, devorado por el aumento desbocado de los precios. Mientras que, como si esto fuera poco, seguimos haciendo largas colas, y zanqueando los supermercados para comprar los productos que escasean.
De allí que nuestro partido respalde la lucha de los profesores universitarios por la Normas de Homologación, que en la práctica se han convertido en una escala móvil de salario.
A falta de tres meses para finalizar el año (octubre, noviembre y diciembre), precisamente los que por tendencia histórica son los que mayores cifras de inflación registran, nos hacen suponer que la inflación general bordeará el 50%, lo que se constituye en un golpe terrible para millones de familias venezolanas.
A las puertas de una nueva devaluación
Por otra parte, las señales emitidas en sus discursos por los funcionarios del alto gobierno indican que se está cocinando una nueva devaluación, por la vía de crearse un nuevo mecanismo de otorgamiento de dólares distinto a Cadivi. Según el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, estaría trabajando en la ingeniería para la transformación del sistema cambiario venezolano.
Así las cosas, probablemente las divisas a utilizarse para la importación de alimentos y medicinas se mantengan al precio de Bs. 6,30 por dólar, mientras que el resto de los bienes y productos sufrirían una modificación importante, que según los entendidos oscilaría entre los 9 y los 10 bolívares por unidad de la divisa norteamericana. Ya las venezolanas y venezolanos sabemos que devaluación significa, encarecimiento de los productos, en un país que casi todo lo que consume es importado. Y por supuesto, deterioro de nuestros salarios.
La guerra económica es del gobierno y la MUD en contra del pueblo
El presidente Maduro constantemente se refiere a que los propietarios de las compañías desarrollan una guerra económica en el país. Por su parte, los empresarios denuncian que no reciben los suficientes recursos en dólares para importar, y en más de una ocasión han señalado que la política cambiaria es una alcabala gubernamental establecida para presionarlos y/o extorsionarlos económica y políticamente.
Lo cierto es que más allá de algunos especuladores y acaparadores, que aprovechan la crisis para pescar en río revuelto, la única guerra económica que hay es la que desarrollan los burócratas gubernamentales, los boliburgueses y empresarios, contra el nivel de vida de los trabajadores y el pueblo.
La escasez y la inflación son producto del fracaso de un modelo económico y político de colaboración de clases que sólo ha beneficiado a banqueros, importadores y a las transnacionales petroleras y de las telecomunicaciones. Un modelo económico que ha profundizado el carácter de país importador, agravando la dependencia respecto del petróleo al punto que el mismo Maduro tuvo que reconocer que de cada 100 dólares que ingresan al país por exportaciones 96 provienen del petróleo.
Maduro en su reciente intervención ante la Asamblea Nacional, a propósito de la solicitud de la Ley Habilitante, lanzó un encendido discurso, acusando al “cadivismo” de la crisis económica que padece el país, tildando a la burguesía de “parásita”, y responsabilizándola de querer acaparar los dólares. Pero esto es puro bla bla engañoso, para tratar de apaciguar el descontento que se incuba en las bases honestas del Psuv, y de los que siguen al gobierno, cada vez más agobiados por los altos precios de los alimentos y la escasez.
La realidad es que luego, el mismo presidente Maduro, anuncia que se reactivará el Sicad, y que se otorgarán 100 millones de dólares semanales, es decir, unos 900 millones de dólares en lo que resta del año. Es decir, que la danza de dólares para los empresarios, los banqueros e importadores continuará, para seguir beneficiando a los sectores que más han ganado en estos últimos 14 años.
En el día de hoy viernes, el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, reconoció que a través de Cadivi se han liquidado, entre enero y septiembre, 33.143 millones de dólares, 3.920 millones de dólares al mes, que han ido a parar a los bancos y a los bolsillos de los empresarios e importadores. Mientras los trabajadores y el pueblo que vivimos de un salario vemos como cada día se hace más difícil acceder a los productos de primera necesidad para alimentar a nuestros hijos y familias.
El Presidente vocifera contra la burguesía, ataca a los medios, habla de una supuesta guerra económica, y sin embargo, elimina las restricciones y solvencias para importar, para que las empresas de maletín, que el mismo gobierno reconoció que se robaron 20 mil millones de dólares en importaciones fraudulentas y ficticias, sigan enriqueciéndose. Y continúa otorgándoles dólares a través de Cadivi y el Sicad. Ataca la corrupción pero ninguno de estos personajes que robaron al país se encuentra preso.
Definitivamente la política económica del gobierno es un instrumento al servicio de quienes poseen mayores recursos económicos en el país, y por supuesto de los nuevos ricos que se han forjado al amparo de las políticas gubernamentales. Ellos hacen la guerra económica, mientras las víctimas las ponemos los trabajadores y las comunidades que somos los que sufrimos en carne propia el impacto de la inflación, el desabastecimiento, las devaluaciones, el azote de la violencia y de pasapalo, cuando reclamamos salarios decretan aumentos pírricos o satanizan nuestras luchas.
El 29 de octubre a la calle a defender nuestros derechos
Los obreros de Sidor, Ferrominera, los petroleros, los maestros, los de Dianca, los que luchan por viviendas y mejores servicios públicos y el pueblo en general, justificadamente se están volcando a las calles para reclamar sus derechos y buscar una alternativa distinta a la que nos ofrece esta carnicería política y económica que propician el gobierno del Psuv, por una parte, y la MUD, por la otra.
Definitivamente es en las calles, en las luchas, en las elecciones y en todas las formas de lucha que nos sean posibles, donde debemos esforzarnos por edificar esa nueva opción, desde abajo, con las comunidades y con los trabajadores al frente.
Los trabajadores y las comunidades debemos seguir el camino trazado por los obreros de Sidor y de Ferrominera, que con su unidad y combatividad lograron arrancarle el compromiso al gobierno de reconocer sus derechos.
Hay que profundizar la movilización demandando solución a los reclamos o expresando la solidaridad con los que luchan. Una gran oportunidad para coordinar y centralizar todas las luchas la tenemos este próximo 29 de octubre, fecha en la que el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y los Sindicatos (Fadess), conjuntamente con los compañeros de la Unete (Unión Nacional de Trabajadores), y otras corrientes sindicales, han convocado a una movilización nacional de protesta.
Desde el PSL y C-cura nos sumamos y nos comprometemos con esta urgente tarea, que será fundamental para defender nuestros derechos laborales, la exigencia de negociación de los contratos colectivos de trabajo, y para exigir al gobierno y los empresarios un aumento general de sueldos y salarios y que el salario mínimo se iguale a la canasta básica, y que se revise cada 3 meses, ajustándolo de acuerdo a la inflación, todo esto como parte de un Plan Económico de Emergencia para enfrentar la grave situación económica y social que padecemos los trabajadores y el pueblo.
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