07/10/2013
Recientemente, en una alocución televisada a todo el país, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la huelga de trabajadores en la Siderúrgica del Orinoco anunciando la aplicación de “medidas drásticas” en caso de continuación de la paralización de actividades: “Yo le dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor, de manera injusta e ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”. El primer mandatario incursiona en fronteras peligrosas al sugerir la criminalización del ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. En segundo lugar, su declaración intenta antagonizar el disfrute de dos derechos, el derecho a la huelga y el derecho a la vivienda, en su intento de crear animadversión contra los reclamos de los trabajadores.
Es curioso, por decir lo menos, que quien se ha calificado a sí mismo como “Presidente Obrero” haya asumido todos y cada uno de los argumentos patronales para descalificar una paralización de actividades por parte de la masa laboral en demanda de mejoras de sus condiciones de trabajo. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las restricciones al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte de la población. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que son servicios esenciales en sentido estricto donde el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición, los siguientes: Sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Expresamente establece en la definición de servicios no esenciales al sector de la construcción.
No solamente no tienen asideros en la legislación laboral las declaraciones del “Presidente Obrero”, sino que sus cálculos están fuera del sentido común. ¿Es posible terminar 300.000 viviendas en tres meses? ¿Depende de los insumos producidos por Sidor en este trimestre el cumplimiento de las metas de la Misión Vivienda en un año?
Quizás los años del ejercicio burocrático de funciones hayan hecho olvidar al “Presidente Obrero” cómo es la dinámica de la lucha de los trabajadores. Su respuesta no sólo ha sido patronal, sino que ha enervado el espíritu de lucha de la masa laboral. Razones para el descontento sobran: Los sidoristas han denunciado como “estafa” el más cálculo de sus utilidades anuales desde hace un quinquenio, el vencimiento de su contratación colectiva desde hace tres años, deterioro progresivo de sus condiciones y medio ambiente de trabajo, incumplimiento de las expectativas generadas tras la estatización de la empresa, así como la existencia de un gran número de trabajadores tercerizados a pesar de estas prohibidos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo. A esto hay que sumar los diferentes casos de corrupción denunciados, uno de ellos referente al “tráfico” de las cabillas fabricadas en la siderúrgica.
La respuesta intolerante del Presidente Obrero, amenazando con despidos y militarización, quizás haya que enmarcarla dentro de la falta de sintonía de la dirigencia política del país con las demandas actuales de la ciudadanía. La paralización en Sidor comenzó como una “huelga salvaje” pues el lunes 16 de septiembre en ausencia de la dirigencia sindical, una gran asamblea de las bases autónomas de trabajadores decide el paro. Ante la actitud complaciente del sindicato frente a la violación de los derechos laborales los asalariados decidieron rebasarlo. Una lección para una dirigencia que había privilegiado sus intereses políticos partidistas por encima de las necesidades de quienes los eligieron para que defendieran sus derechos. A diferencia de Ferrominera donde la directiva sindical liderizada por Rubén González ha contado con un amplio respaldo, en Sidor esa dirigencia fue rechazada y finalmente forzada a que algunos de sus integrantes se plegaran a la huelga.
Lo anterior lleva a preguntarse si la polarización política, que ha servido como muro de contención a las demandas sociales, comienza a debilitarse. Si esto es así el “mal ejemplo de Sidor”, la movilización autónoma y beligerante de quienes exigen una mejora de su calidad de vida, debería ser repetirse en diferentes puntos del país.
Desde hace cinco años vivimos una creciente protesta social encabezada por los trabajadores. Sus protestas son dispersas porque, entre otros aspectos, no existe una dirigencia sindical capaz de vincularlas y darle un contenido global. La dirigencia sindical ha priorizado defender o atacar al gobierno a costa de minimizar la agenda social. Quizás Sidor anuncia una época de reversión de la electoralización de la movilización popular, donde la gente en la calle comience a reconocerse en los padecimientos comunes.
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