Por Rafael Uzcátegui
El 26 de noviembre de 2012 se cumplen tres años de impunidad
en el asesinato del joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho
ocurrido en la ciudad de Barquisimeto en el año 2009. Como se recordará, ese
día tres sicarios se acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le
realizaron varios disparos en el pecho, los cuales le quitaron la vida. El
joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado
Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba un documental sobre
la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad contra los delitos
cometidos por funcionarios policiales. Diferentes organizaciones populares de
la región, incluyendo al propio Covicil, han denunciado la existencia en la
ciudad de escuadrones parapoliciales que actuaron bajo el presunto amparo de
altos ex funcionarios en la región. Mijaíl era hijo un ex diputado de la
asamblea legislativa del estado Lara, quien fiel a su activismo por las causas
populares continuó, bajo su rol parlamentario y dentro del MVR, la denuncia de
las irregularidades cometidas por los funcionarios policiales contra los
sectores humildes. Ese año, precisamente, el diagnóstico de Provea ubicaba a
PoliLara como la principal institución policial regional de mayores violaciones
al derecho a la vida. Hay quien asegura, como lo hizo Heinz Dieterich en un
artículo sobre el caso, que “el mensaje era para su padre, el revolucionario
Víctor Martínez”.
Las distorsiones del sistema de administración de justicia
en el centro occidente del país se confirmaban cuando, días después del
asesinato, un muchacho de nombre Jairo Salones se presentó ante un medio
impreso para declarar que era el autor de los disparos contra Mijaíl. Un día
después voceros del CICPC confirmaban la participación de Salones en el hecho pero,
increíblemente, es liberado tras ser sentenciado a régimen de presentación en
tribunales por posesión de estupefacientes. Desde el día de su liberación él y
su familia se encuentran desaparecidos. Sin embargo, ante la omisión de los
cuerpos de investigación y la propia Defensoría del Pueblo en el caso, las
investigaciones adelantadas por la familia Martínez descartan la participación
de Salones en el crimen, a quien consideran una “cortina de humo” para desviar
la atención de los verdaderos responsables. En estos dos años, a pesar de estar
apresados dos de los presuntos autores materiales del homicidio, por otras
causas, no ha sido posible una sentencia en el caso. El 15.03.11 fue detenido
en un operativo policial Carlos Alberto Zavarce Carucí, por tener presunta
responsabilidad en el asesinato. Zavarce, luego de una audiencia de
presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, fue recluido en el
recinto penitenciario de Uribana, mientras se realizan las investigaciones
correspondientes. Posteriormente, el 09.06.11, se detuvo a Jean Carlos Pérez,
presunto autor material señalado en una prueba anticipada; fue detenido por
orden de aprehensión del Juez de Control Nº 3, cuando estaba siendo atendido en
el hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, y se ordenó su trasladado a la
penitenciaría de Uribana, donde hasta la fecha se encuentra detenido.
La familia Martínez acusa al ex gobernador Luis Reyes Reyes
y al antiguo jefe policial Comandante Luis Rodríguez Figueras, quien después de
un quinquenio al frente de los uniformados larenses dejó una estela de
violaciones a los derechos humanos que solicitan ser investigados por
diferentes organizaciones populares del estado. Corresponde a los organismos
competentes, luego de una investigación imparcial, expedita y transparente,
corroborar si estos señalamientos tienen asidero. Como una cruel metáfora se
encuentra la actual postulación de Reyes Reyes para un nuevo período como
gobernador del estado Lara en las próximas elecciones del 16 de diciembre.
Sobre la región se encuentra la sombra de duda si el designado por el
presidente Chávez es favorecido por el voto popular, vuelvan los días
sangrientos de las masacres en zonas populares.
En el libro “Impunidad y Poder” del Comité de Víctimas de
Lara todo un capítulo es dedicado al asesinato del joven defensor de derechos
humanos: “No sabemos cuántos capítulos faltan para conocer el desenlace de esta
historia, en la que el balance final dependerá de la condena a los verdaderos
criminales: quienes ordenaron y planificaron el sicariato contra Mijaíl
Martínez, sólo después de que sean juzgados y condenados podrá decirse ¡se hizo
justicia!, aunque justicia es hacerla pronto y sin retardo, hacerla esperar en
injusticia”. En el caso de Mijaíl, se cumplen tres años de injusticia.
Noviembre 26, 2012
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