Esperanza Hermida
Armando Guerra (ª)
Por segunda vez en menos de un año y ante los ojos del país, se le ha
escapado de las manos la situación carcelaria al gobierno. En 2011 fueron los
hechos del Rodeo I y II, donde los “pranes” demostraron al país, cómo el Estado
a través de personal de la GN y del Ministerio de Relaciones Interiores, ambos
corruptos, han convertido a los centros penitenciarios en el mercado para la
distribución de armas y drogas. Es el momento en el que nombran a Iris Valera,
como Ministra de los Asuntos Penitenciarios. Ahora en el 2012, la situación de
la cárcel de la Planta, en dos ocasiones en menos de una semana, ha reiterado
la incapacidad del gobierno y de Iris Valera, para resolver la crisis del
sistema penitenciario. Muertos y heridos es el saldo principal.
Se reitera la incapacidad del gobierno y de Iris Valera en la atención de
los retardos procesales, manteniendo las cárceles llenas, y en particular La
Planta. No se clasifican los delitos, menos aún las personas que presuntamente
los cometen y son reunidos justos con pecadores, agravando la crisis.
Tribunales lentos, plagados de jueces temerosos y cuyas actuaciones se
caracterizan mayoritariamente por decisiones producto de una profunda
corrupción que afecta a todo el sistema de administración de justicia penal del
país, son un ingrediente más de esta caótica realidad.
Se demostró que la atención de muchos medios de comunicación, sobre el
tema era necesaria, más aun cuando el gobierno mantiene un cerco sobre el tema
y solo permite y pretende otorgarle credibilidad a la declaración de sus
voceros, descalificando a las organizaciones de derechos humanos que
tradicionalmente hacen seguimiento al tema carcelario en el país. En esta
oportunidad, las cámaras periodísticas y las redes sociales, hicieron posible
dar a conocer ante la opinión pública nacional e internacional, el infierno del
paraíso, como titulara recientemente un diario de circulación en todo el país y
con ello, el rotundo fracaso de las políticas tendientes a cercenar la libertad
de prensa y el derecho a la información.
Las comunidades aledañas a La Planta –El Paraíso, San Juan, San Martín,
Santa Rosalía, Parque Central y las personas y transporte de carga que
transitan por la autopista Francisco Fajardo-, han vivido días de zozobra, de
una guerra entre efectivos de la GN –los mismos que les han vendido las
armas a los privados de libertad-, al término de pérdidas de vidas, daños a
edificios, apartamentos y vehículos impactados, pérdida de días de clases y
días laborables. La ciudad de Caracas, ha sido víctima de esta situación, si
entendemos la ubicación geográfica del penal de La Planta, y sus consecuencias
en la cotidianidad. Los caraqueños nos hemos visto afectados cada vez que se ha
presentado una situación en La Planta no controlada por la Ministra Iris
Valera. Colapsa toda la ciudad: aumenta el hacinamiento en el metro y el
retardo del tráfico se observa en todos lados, incrementándose además la
exposición de la población a la inseguridad. Lamentablemente, la
“solución” encontrada no es otra que rotar a la población penitenciaria de un
recinto a otro, sin solucionar las causas estructurales del problema que son la
corrupción judicial y policial junto con el jugoso negocio de la venta de armas
y drogas. Ayer fue desde El Rodeo a La Planta, hoy es desde La Planta al Rodeo.
Mañana será a Yare, la PGB, Tocuyito, Uribana u otra cárcel. El caso es que
estén donde estén las cárceles, las poblaciones cercanas están expuestas a
sufrir las secuelas de la violencia que se engendra en estos recintos. 
Si algo han demostrado algunos personeros de este gobierno es entender a
los privados de libertad, como un mercado, al que mientras estén ahí, se les
pueden vender armas y drogas. De otra manera resulta incomprensible la
complicidad que cubre con un manto de impunidad absoluta los delitos que se
suceden dentro de las cárceles venezolanas, especialmente el cuantioso tráfico
de drogas, la venta de armas y la permanencia de mafias que siguen delinquiendo
desde los centros penitenciarios, sometiendo incluso a condiciones
terriblemente inhumanas a numerosos procesados y manteniendo un sórdido
submundo propio de Dante.
El centro penitenciario La Planta, tiene capacidad para 400 privados de
libertad y hay 1500. En Venezuela hay 35 centros penitenciarios, con capacidad
para 13 mil personas y una sobre población de 46 mil personas. El presupuesto
diario para mantener un reo es de 14 Bs. diario. La tasa de personas
encarceladas –según la ONG Una ventana a la libertad- es de 170 por cada 100
mil habitantes, lo que nos dota como país de un triste récord que desdice del
cumplimiento de las denominadas “metas del milenio” en materia de respeto a los
derechos humanos. La existencia de tan alto número de personas encarceladas es
también una clara fotografía de la pobreza que se vive en el país y los
mecanismos del gobierno para atacarla...
(ª) Miembros de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autonoma CCURA.
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