El gobierno fracasó en La Planta.

Esperanza Hermida

Armando Guerra (ª)

Por segunda vez en menos de un año y ante los ojos del país, se le ha escapado de las manos la situación carcelaria al gobierno. En 2011 fueron los hechos del Rodeo I y II, donde los “pranes” demostraron al país, cómo el Estado a través de personal de la GN y del Ministerio de Relaciones Interiores, ambos corruptos, han convertido a los centros penitenciarios en el mercado para la distribución de armas y drogas. Es el momento en el que nombran a Iris Valera, como Ministra de los Asuntos Penitenciarios. Ahora en el 2012, la situación de la cárcel de la Planta, en dos ocasiones en menos de una semana, ha reiterado la incapacidad del gobierno y de Iris Valera,  para resolver la crisis del sistema penitenciario. Muertos y heridos es el saldo principal. 

Se reitera la incapacidad del gobierno y de Iris Valera en la atención de los retardos procesales, manteniendo las cárceles llenas, y en particular La Planta. No se clasifican los delitos, menos aún las personas que presuntamente los cometen y son reunidos justos con pecadores, agravando la crisis. Tribunales lentos, plagados de jueces temerosos y cuyas actuaciones se caracterizan mayoritariamente por decisiones producto de una profunda corrupción que afecta a todo el sistema de administración de justicia penal del país, son un ingrediente más de esta caótica realidad.

Se demostró que la atención de muchos medios de comunicación, sobre el tema era necesaria, más aun cuando el gobierno mantiene un cerco sobre el tema y solo permite y pretende otorgarle credibilidad a la declaración de sus voceros, descalificando a las organizaciones de derechos humanos que tradicionalmente hacen seguimiento al tema carcelario en el país. En esta oportunidad, las cámaras periodísticas y las redes sociales, hicieron posible dar a conocer ante la opinión pública nacional e internacional, el infierno del paraíso, como titulara recientemente un diario de circulación en todo el país y con ello, el rotundo fracaso de las políticas tendientes a cercenar la libertad de prensa y el derecho a la información.

Las comunidades aledañas a La Planta –El Paraíso, San Juan, San Martín, Santa Rosalía, Parque Central y las personas y transporte de carga que transitan por la autopista Francisco Fajardo-, han vivido días de zozobra, de una guerra entre  efectivos de la GN –los mismos que les han vendido las armas a los privados de libertad-, al término de pérdidas de vidas, daños a edificios, apartamentos y vehículos impactados, pérdida de días de clases y días laborables. La ciudad de Caracas, ha sido víctima de esta situación, si entendemos la ubicación geográfica del penal de La Planta, y sus consecuencias en la cotidianidad. Los caraqueños nos hemos visto afectados cada vez que se ha presentado una situación en La Planta no controlada por la Ministra Iris Valera. Colapsa toda la ciudad: aumenta el hacinamiento en el metro y el retardo del tráfico se observa en todos lados, incrementándose además la exposición de la población a la inseguridad.  Lamentablemente, la “solución” encontrada no es otra que rotar a la población penitenciaria de un recinto a otro, sin solucionar las causas estructurales del problema que son la corrupción judicial y policial junto con el jugoso negocio de la venta de armas y drogas. Ayer fue desde El Rodeo a La Planta, hoy es desde La Planta al Rodeo. Mañana será a Yare, la PGB, Tocuyito, Uribana u otra cárcel. El caso es que estén donde estén las cárceles, las poblaciones cercanas están expuestas a sufrir las secuelas de la violencia que se engendra en estos recintos. 

Si algo han demostrado algunos personeros de este gobierno es entender a los privados de libertad, como un mercado, al que mientras estén ahí, se les pueden vender armas y drogas. De otra manera resulta incomprensible la complicidad que cubre con un manto de impunidad absoluta los delitos que se suceden dentro de las cárceles venezolanas, especialmente el cuantioso tráfico de drogas, la venta de armas y la permanencia de mafias que siguen delinquiendo desde los centros penitenciarios, sometiendo incluso a condiciones terriblemente inhumanas a numerosos procesados y manteniendo un sórdido submundo propio de Dante.

El centro penitenciario La Planta, tiene capacidad para 400 privados de libertad y hay 1500. En Venezuela hay 35 centros penitenciarios, con capacidad para 13 mil personas y una sobre población de 46 mil personas. El presupuesto diario para mantener un reo es de 14 Bs. diario. La tasa de personas encarceladas –según la ONG Una ventana a la libertad- es de 170 por cada 100 mil habitantes, lo que nos dota como país de un triste récord que desdice del cumplimiento de las denominadas “metas del milenio” en materia de respeto a los derechos humanos. La existencia de tan alto número de personas encarceladas es también una clara fotografía de la pobreza que se vive en el país y los mecanismos del gobierno para atacarla...

 (ª) Miembros de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autonoma CCURA.