(Hace siete meses)
Nueva York
(21 de enero de 2011) – En el primer aniversario de su encarcelamiento, la
Human Rights Foundation (HRF) declara a Rubén González prisionero de conciencia
y pide su liberación inmediata.
González, un
líder sindical venezolano (51), fue encarcelado luego de liderar una huelga de
15 días en la empresa estatal CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Ferrominera), en
reclamo del incumplimiento de una convención colectiva de trabajo. La
declaración de la HRF fue realizada junto con la publicación de un informe jurídico
que concluye que González fue acusado, detenido, encarcelado y juzgado
exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libertad sindical en
Venezuela. Su caso es el séptimo de los “Caracas Nine”.
“El gobierno
de Chávez dice estar a favor de los derechos de los trabajadores, pero
pareciera que estos derechos no aplican a las docenas de miles de venezolanos
que trabajan en las empresas estatales”, dijo Thor Halvorssen Mendoza,
presidente de la HRF. “En su calidad de principal dirigente sindical de Ferrominera,
González lideró a miles de trabajadores durante una huelga pacífica. La
respuesta del gobierno consistió en meterlo a la cárcel para enjuiciarlo
penalmente”, apuntó Halvorssen.
El 12 de
agosto de 2009, González, secretario general del mayor sindicato de Ferrominera
(Sintraferrominera), lideró una huelga pacífica de aproximadamente 2 000
trabajadores, en reclamo del incumplimiento de una convención colectiva firmada
el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese año. La huelga concluyó
dos semanas después, luego de que Radwan Sabbagh, presidente de Ferrominera, y
Rubén González, suscribieran un “acta convenio” en la que se acordó la
finalización de la huelga a cambio del compromiso de la compañía de cumplir con
sus obligaciones. El 24 de septiembre de 2009, luego de casi 27 años de trabajo
en Ferrominera, González fue detenido como sospechoso de la comisión de los
delitos de agavillamiento, instigación pública a delinquir, restricción a la
libertad del trabajo, y violación de la zona de seguridad. Dos días después, un
juez decretó el arresto domiciliario de González, y éste permaneció en esa
condición hasta el 21 de enero de 2010, fecha en que otro juez ordenó su
prisión preventiva en la cárcel de la sede policial Patrulleros del Caroní.
“El juicio
que se está realizando contra González es un ejemplo más de la creciente
criminalización de las actividades sindicales en Venezuela. Con la finalidad de
servir los propósitos del actual gobierno, fiscales y jueces trabajan codo a
codo para desproveer a las leyes venezolanas de cualquier sentido protector de
derechos”, afirmó El-Hage, director jurídico de la HRF. “El caso está
clarísimo: el juicio contra González es una represalia contra una actividad
sindical legítima y viola el estándar de protección de la libertad sindical de
acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos”, concluyó El-Hage.
El 22 de
enero de 2010, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la
Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-C.V.G.) presentó una queja ante el
Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
a raíz del caso de González. El 19 de noviembre de 2010, este Comité de la OIT
determinó “que los hechos imputados contra este dirigente sindical no
justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de
2009”, y pidió al Estado venezolano “que se le libere sin demora en espera de
la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios
sufridos”. En la actualidad, González continúa encarcelado mientras se
desarrolla el juicio contra él.
La
persecución que sufren muchos trabajadores y dirigentes sindicales por ejercer
el derecho de huelga en Venezuela es apenas un tipo de violación de derechos
humanos que ocurre en un contexto de sistemática criminalización de la protesta
social. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
ha exhortado “al Estado [venezolano] a abstenerse de someter a procesos
judiciales a dirigentes sindicales que de manera legítima y pacífica ejercen
[el] derecho [de huelga]”. Según cifras del Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en los últimos cinco años se
registraron más de 2 240 manifestantes sometidos a procesos penales, la mayoría
sujetos a diversas medidas restrictivas, sustitutivas de la prisión preventiva.
Sólo en el año 2009, se contabilizaron 3 297 manifestaciones públicas, y en
ellas se detuvieron a 754 manifestantes.
“El caso de
González es emblemático de la grave situación de los derechos humanos en
Venezuela y del alto grado de erosión de la democracia en ese país”, dijo Thor
Halvorssen. “El gobierno debe liberarlo y dejar de tratar el disenso como si
fuera un crimen”, concluyó.
Thomas R.
Donahue, ex presidente y actual presidente honorario de la Federación Americana
del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en
inglés), y presidente del directorio del Comité para la Libertad Sindical
(CFTU, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado a través del cual “se une
a la protesta de la HRF” y pide al Estado venezolano “dejar de burlarse de su
propio sistema judicial y liberar a Rubén González”.
La Human
Rights Foundation (HRF) es una organización internacional, apolítica, dedicada
a defender los derechos humanos en el continente americano. La Fundación centra
su trabajo en los conceptos entrelazados de autodeterminación y libertad. Estos
ideales encuentran su más alta expresión en la creencia de que todos los seres
humanos tienen derecho a la libertad de expresión, de asociación con personas
de ideas afines. Las personas que viven en una sociedad libre deben recibir el
mismo trato y debido proceso de conformidad con la ley y deben tener asimismo,
la oportunidad de participar en los asuntos públicos de su país. De la misma
forma, los ideales de la HRF están determinados por la convicción de que todos
los seres humanos tienen el derecho a estar libres de detenciones o exilios
arbitrarios, de esclavitud y tortura y de la interferencia y coerción en
asuntos de conciencia. La HRF no justifica ni aboga por la violencia. El
Consejo Internacional de la HRF está constituido por individuos que fueron
presos de conciencia como Vladimir Bukovsky, Palden Gyatso, Václav Havel,
Mutabar Tadjibaeva, Ramón J. Velásquez, Elie Wiesel, y Harry Wu.
Contacto: Javier El-Hage,
Human Rights Foundation, (212)
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