Texto por María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin / Tomado de Efecto Cocuyo
En Venezuela, en medio de una emergencia humanitaria compleja, hay una realidad de la que no se habla, pero que ocurre: la práctica del aborto en condiciones inseguras que pone en riesgo la vida de las mujeres.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones y colectivos feministas desde los años cincuenta, el aborto en el país aún es un delito. La única excepción es que esté en riesgo la vida de la mujer.
Pero una mujer que aborte intencionalmente la pueden castigar con entre seis meses y dos años de cárcel. La persona que provoque el aborto de una mujer con su consentimiento puede pagar de 12 a 30 meses de prisión.
Selene Soto, miembro de Women’s Link Worldwide, advierte que “Venezuela cuenta con un marco normativo que permitiría avanzar en la despenalización del aborto“.
Por eso, lamentó que actualmente que en el país “no existe esa capacidad de decidir de las mujeres“.
Control sobre las mujeres
La abogada condena, además, que ciertas consideraciones de la ley evidencian que “la penalización del aborto no busca realmente esta supuesta protección de las vidas, sino que tiene que ver con un tema de control sobre el cuerpo de la mujer“.
Esto en referencia al artículo 434 del Código Penal que establece que se puede disminuir la pena “en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”. A esto se le conoce como “Aborto Honoris Causa”.
La validez de este artículo fue ratificada en 2001 cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó un recurso de nulidad en su contra. “No se debe negar que la sociedad rechaza y deshonra a la mujer cuando se conoce su proceder”, dijo el ente.
Una jurisprudencia restrictiva también se evidencia al recordar que finales de 2018 el colectivo Faldas R presentó una causa por la despenalización del aborto que, a la fecha, ni siquiera ha sido admitida.
Sin cifras, realidad invisibilizada
Soto destaca que a nivel global, la penalización del aborto contribuye a la falta de cifras desde la perspectiva de salud pública. Venezuela no escapa de esa opacidad.
Una de las últimas estadísticas oficiales es que para 2010 el aborto como una de las causas de mortalidad materna en el país representaba el 10 %, señala la Norma de Salud Sexual y Reproductiva elaborada por el Ministerio de Salud en 2013 con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Otra referencia más actual es que en Venezuela por cada cuatro partos se registró un aborto, de acuerdo a un estudio referido en informe Mujeres al Límite 2019. que hizo seguimiento a cuatro maternidades del país.
Aún sin datos precisos, la abogada señala que existe una relación entre la escasez de métodos anticonceptivos (o su alto costo) en el país y un incremento de abortos ante embarazos no deseados.
Alerta que según ONG locales las mujeres han vuelto a valerse de prácticas riesgosas para inducirse un aborto.
Abrir el debate
Considera que más que nunca es importante abrir el debate sobre la despenalización del aborto y en ese sentido recordó la campaña en redes sociales que inició en 2019 la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) con la etiqueta #MadreSiYoDecido.
La abogada deduce que los impactos de la emergencia humanitaria han hecho que el tema se entienda como un tema que no es urgente. Por eso, posicionarlo en la agenda pública ha sido muy difícil.
“Todo lo contrario. La situación de los derechos sexuales y reproductivos es el verdadero ejemplo donde está completamente anulado el derecho a decidir de las mujeres”, sentencia.
Este lunes 28 de septiembre Día por la Despenalización del Aborto o de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la activista advierte:
“La penalización o no del aborto no tiene incidencia en su ocurrencia, la diferencia entre el aborto legal o no está en las condiciones seguras a las que puedan acceder las mujeres”.
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