Por Partido Socialismo y Libertad
El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones parlamentarias, previstas constitucionalmente, para el próximo 6 de diciembre. Estas elecciones se producirán con el trasfondo de la más grave crisis social conocida por nuestro pueblo, que desde hace años ya hacía estragos entre la población más pobre pero que ahora se profundiza con el impacto negativo de la pandemia.
El gobierno de Nicolás Maduro y la cúpula cívico-militar ha reconocido 31.381 contagiados y 266 fallecidos por covid-19, hasta el 14 de agosto. Al mismo tiempo, organizaciones gremiales y sindicales han informado la muerte de más de 70 trabajadoras y trabajadores del sector salud, que efectuaban sus labores en centros hospitalarios, sin la necesaria protección ofrecida por insumos de bioseguridad.
Hoy seguimos sin acceso a servicios básicos indispensables como agua, energía eléctrica, gasolina y gas doméstico. Con salarios de hambre, y millones de trabajadores informales sin ningún ingreso para garantizar algo de comida a sus familias. El gobierno intenta obligar a cumplir la cuarentena en estas difíciles condiciones, de allí que se apoye en la represión estatal y paraestatal, con detenciones masivas, tratos vejatorios y castigos corporales a los que la incumplen. Consecuencia lógica de dejar el control del confinamiento a los cuerpos policiales y militares.
El Partido Socialismo y Libertad respeta la opinión de muchas trabajadoras, trabajadores y sectores populares que honestamente creen que votando en los próximos comicios legislativos podrán lograr que cambien las cosas, y castigar al gobierno de Maduro. Lamentablemente debemos decir que estas elecciones son producto de un acuerdo del gobierno con importantes sectores de la oposición para controlar la Asamblea Nacional, única instancia del régimen que el gobierno no tutela de manera absoluta.
Estas elecciones no son producto de la presión popular a través de la movilización en las calles. Son el resultado de una trama cupular calculada, entre el gobierno, los militares, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Henry Falcón, el MAS, y el sector de la AN encabezado por Luis Parra. Néstor Francia, constituyente ligado estrechamente al chavismo desde hace años, acaba de declarar que «estas elecciones están hechas para que el gobierno las gane».
El resultado electoral ya se encuentra definido de antemano. Hay evidentes irregularidades institucionales como la existencia de una impuesta y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente; la elección de un Consejo Nacional Electoral al servicio del gobierno; la ausencia de auditoría del registro y los cuadernos electorales; la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia al servicio del gobierno que sentencia por fuera de la constitución y las leyes; la proscripción y confiscación de partidos opositores e incluso de partidos ligados al chavismo; la detención de opositores y disidentes incluso por expresar su opinión con el uso de la ley en contra del odio;, las declaraciones del Ministro de la Defensa negando cualquier alternativa gubernamental al chavismo y expresando el sostén militar al régimen autoritario; la renuncia de un rector y su posible candidatura electoral; el ventajismo electoral con el uso de recursos estatales; la extorsión electoral con la utilización de la caja del Clap y el carnet de la patria; la ampliación del número de diputadas y diputados a elegir sin ajustarse a la constitución; la eliminación de la representación indígena y la ausencia de veedores internacionales imparciales.
Nuestro partido defiende el derecho democrático a que se puedan realizar elecciones transparentes y democráticas, pero esto sólo será posible con la movilización independiente del gobierno y la oposición patronal por parte del pueblo, los jóvenes, trabajadoras y los trabajadores. Y recuperar así el ejercicio y garantía de las libertades democráticas y los derechos humanos para el puebloo trabajador.
No puede haber elecciones libres con cientos de trabajadores, jóvenes y activistas políticos, gobernadores y alcaldes presos o exiliados, ni criminalizando las luchas. Con dirigentes de oposición inhabilitados
El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones parlamentarias, previstas constitucionalmente, para el próximo 6 de diciembre. Estas elecciones se producirán con el trasfondo de la más grave crisis social conocida por nuestro pueblo, que desde hace años ya hacía estragos entre la población más pobre pero que ahora se profundiza con el impacto negativo de la pandemia.
El gobierno de Nicolás Maduro y la cúpula cívico-militar ha reconocido 31.381 contagiados y 266 fallecidos por covid-19, hasta el 14 de agosto. Al mismo tiempo, organizaciones gremiales y sindicales han informado la muerte de más de 70 trabajadoras y trabajadores del sector salud, que efectuaban sus labores en centros hospitalarios, sin la necesaria protección ofrecida por insumos de bioseguridad.
Hoy seguimos sin acceso a servicios básicos indispensables como agua, energía eléctrica, gasolina y gas doméstico. Con salarios de hambre, y millones de trabajadores informales sin ningún ingreso para garantizar algo de comida a sus familias. El gobierno intenta obligar a cumplir la cuarentena en estas difíciles condiciones, de allí que se apoye en la represión estatal y paraestatal, con detenciones masivas, tratos vejatorios y castigos corporales a los que la incumplen. Consecuencia lógica de dejar el control del confinamiento a los cuerpos policiales y militares.
El Partido Socialismo y Libertad respeta la opinión de muchas trabajadoras, trabajadores y sectores populares que honestamente creen que votando en los próximos comicios legislativos podrán lograr que cambien las cosas, y castigar al gobierno de Maduro. Lamentablemente debemos decir que estas elecciones son producto de un acuerdo del gobierno con importantes sectores de la oposición para controlar la Asamblea Nacional, única instancia del régimen que el gobierno no tutela de manera absoluta.
Estas elecciones no son producto de la presión popular a través de la movilización en las calles. Son el resultado de una trama cupular calculada, entre el gobierno, los militares, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Henry Falcón, el MAS, y el sector de la AN encabezado por Luis Parra. Néstor Francia, constituyente ligado estrechamente al chavismo desde hace años, acaba de declarar que «estas elecciones están hechas para que el gobierno las gane».
El resultado electoral ya se encuentra definido de antemano. Hay evidentes irregularidades institucionales como la existencia de una impuesta y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente; la elección de un Consejo Nacional Electoral al servicio del gobierno; la ausencia de auditoría del registro y los cuadernos electorales; la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia al servicio del gobierno que sentencia por fuera de la constitución y las leyes; la proscripción y confiscación de partidos opositores e incluso de partidos ligados al chavismo; la detención de opositores y disidentes incluso por expresar su opinión con el uso de la ley en contra del odio;, las declaraciones del Ministro de la Defensa negando cualquier alternativa gubernamental al chavismo y expresando el sostén militar al régimen autoritario; la renuncia de un rector y su posible candidatura electoral; el ventajismo electoral con el uso de recursos estatales; la extorsión electoral con la utilización de la caja del Clap y el carnet de la patria; la ampliación del número de diputadas y diputados a elegir sin ajustarse a la constitución; la eliminación de la representación indígena y la ausencia de veedores internacionales imparciales.
Nuestro partido defiende el derecho democrático a que se puedan realizar elecciones transparentes y democráticas, pero esto sólo será posible con la movilización independiente del gobierno y la oposición patronal por parte del pueblo, los jóvenes, trabajadoras y los trabajadores. Y recuperar así el ejercicio y garantía de las libertades democráticas y los derechos humanos para el puebloo trabajador.
No puede haber elecciones libres con cientos de trabajadores, jóvenes y activistas políticos, gobernadores y alcaldes presos o exiliados, ni criminalizando las luchas. Con dirigentes de oposición inhabilitados
Un requisito para unas elecciones democráticas es que se legalicen todos los partidos; que se eliminen las restricciones que hicieron que muchos partidos, como el nuestro, perdieran su legalidad después de las elecciones parlamentarias del 2015.
No obstante, hoy la preocupación de la mayoría del pueblo trabajador no son las elecciones es el hambre, los bajos salarios, el desastre de los servicios y el covid19 que sigue avanzando en medio de una pavorosa crisis sanitaria, y la falta de políticas del gobierno para enfrentarla.
En el contexto antes descrito llamamos a los jóvenes, trabajadoras, trabajadores y sectores populares a abstenerse. A no avalar con su voto unas elecciones a todas luces fraudulentas.
Respetamos a los que decidan votar nulo para evitar ser criminalizados. En ese sentido rechazamos la criminalización y estigmatización de la abstención, porque es un derecho democrático. Es falso que las únicas dos opciones son la injerencista imperialista con sanciones económicas y amenazas de invasión o participar en las elecciones en medio de la pandemia. Es posible no votar y seguir luchando por plenas libertades democráticas, contra el hambre y por todos nuestros derechos. El gobierno no nos va a regalar nada, hay que arrancarle todo con la lucha.
El Partido Socialismo y Libertad llama a los activistas obreros y populares, a los partidos que se reivindican de izquierda a unirnos para luchar por un Plan de Emergencia ante las dos pandemias: la brutal crisis social y el Covid 19. Exigiendo un Fondo Social orientando todos los recursos para la garantía del confinamiento en los hogares con acceso a alimentos y servicios públicos y la recuperación de los centros hospitalarios. Establecer un salario que cubra la canasta básica y una renta de cuarentena y comprar respiradores artificiales, pruebas PCR, materiales sanitarios básicos y medicinas. Así como exigir el cese a la utilización de la cuarentena para criminalizar las luchas, y libertad plena para todos los detenidos por luchar y defender sus derechos.
Este fondo estaría conformado por recursos que provendrían de la aplicación de un conjunto de medidas económicas, como parte de un Plan de Emergencia Obrero y Popular que le imponga el costo de la crisis y la emergencia sanitaria al gobierno, a las transnacionales y grandes empresarios, entre ellas: un impuesto especial a las grandes empresas, transnacionales y bancos; la eliminación de los contratos de empresas mixtas en el sector petrolero y estatización de toda la industria petrolera, confiscación y repatriación de los bienes robados y fugados por los corruptos, el no pago de la deuda externa y la eliminación del gasto represivo, militar y suntuario del Estado.
No obstante, hoy la preocupación de la mayoría del pueblo trabajador no son las elecciones es el hambre, los bajos salarios, el desastre de los servicios y el covid19 que sigue avanzando en medio de una pavorosa crisis sanitaria, y la falta de políticas del gobierno para enfrentarla.
En el contexto antes descrito llamamos a los jóvenes, trabajadoras, trabajadores y sectores populares a abstenerse. A no avalar con su voto unas elecciones a todas luces fraudulentas.
Respetamos a los que decidan votar nulo para evitar ser criminalizados. En ese sentido rechazamos la criminalización y estigmatización de la abstención, porque es un derecho democrático. Es falso que las únicas dos opciones son la injerencista imperialista con sanciones económicas y amenazas de invasión o participar en las elecciones en medio de la pandemia. Es posible no votar y seguir luchando por plenas libertades democráticas, contra el hambre y por todos nuestros derechos. El gobierno no nos va a regalar nada, hay que arrancarle todo con la lucha.
El Partido Socialismo y Libertad llama a los activistas obreros y populares, a los partidos que se reivindican de izquierda a unirnos para luchar por un Plan de Emergencia ante las dos pandemias: la brutal crisis social y el Covid 19. Exigiendo un Fondo Social orientando todos los recursos para la garantía del confinamiento en los hogares con acceso a alimentos y servicios públicos y la recuperación de los centros hospitalarios. Establecer un salario que cubra la canasta básica y una renta de cuarentena y comprar respiradores artificiales, pruebas PCR, materiales sanitarios básicos y medicinas. Así como exigir el cese a la utilización de la cuarentena para criminalizar las luchas, y libertad plena para todos los detenidos por luchar y defender sus derechos.
Este fondo estaría conformado por recursos que provendrían de la aplicación de un conjunto de medidas económicas, como parte de un Plan de Emergencia Obrero y Popular que le imponga el costo de la crisis y la emergencia sanitaria al gobierno, a las transnacionales y grandes empresarios, entre ellas: un impuesto especial a las grandes empresas, transnacionales y bancos; la eliminación de los contratos de empresas mixtas en el sector petrolero y estatización de toda la industria petrolera, confiscación y repatriación de los bienes robados y fugados por los corruptos, el no pago de la deuda externa y la eliminación del gasto represivo, militar y suntuario del Estado.
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