30/06/2014
Producto del pacto Maduro-Fedecámaras-Empreven
El fantasma del desempleo se cierne sobre las trabajadoras y trabajadores venezolanos. El mismo se está incubando en las tristemente célebres mesas de diálogo o comisiones de la verdad, establecidas entre el gobierno y el empresariado. El pacto Maduro-Fedecámaras-Empreven, sigue avanzando para aplicar un ajuste que descargue la crisis sobre los hombros de los trabajadores.
El pasado mes de abril el Presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó estar dispuesto a realizar una “revisión” a la Ley del Trabajo (Lott) si era necesario para mejorar la productividad laboral. Incluso dejó abierta la posibilidad de revisar o flexibilizar la inamovilidad laboral. Algo que los patronos vienen exigiendo desde hace bastante tiempo.
Ya el pasado mes de mayo, el vicepresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, confirmó que se están procesando muchas calificaciones de despido en las Inspectorías de Trabajo, tras los encuentros con el gobierno en el marco del diálogo. El representante de Fedecámaras afirmó que en el mes de abril se procesaron casi 300 calificaciones de despido, solo en el Zulia, y se estarían evaluando otras 800.
Este proceso ya se concretó con el despido de 119 trabajadores en la empresa Chrysler en el estado Carabobo, lo cual sucede luego que el gobierno otorgara a esta empresa 35 millones de dólares. Ante lo cual el dirigente de la federación que agrupa a los trabajadores de ese sector, Christian Pereira, dice “estar confundido”, y no entender qué piensa el gobierno sobre esta situación, el cual se dice “obrerista”.
El ataque contra los trabajadores producto de los acuerdos que se tejen entre el gobierno y los empresarios en las llamadas mesas de diálogo, también se está expresando en el despido de dirigentes sindicales clasistas como Orlando Chirinos, presidente de la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), o la calificación de despido que la patronal ha solicitado contra Osmary Escalona, secretaria general del sindicato del IVSS-Lara. En la persecución a los trabajadores que luchan, como es el caso de 8 trabajadores de Civetchi detenidos, otros 7 de Beneagro (antes Pollos Souto), que tienen casa por cárcel, 15 de Alentuy en Lara presos, y 52 procesados en Carabobo por un tribunal agrario, todos por luchar por sus derechos, entre otros muchos casos en todo el país.
En Carabobo los trabajadores de Superenvases, empresa del Grupo Polar, está enviando a los trabajadores a sus casas, pagándoles sólo salario básico y, para colmo sin incidencia en las prestaciones, violando de esta forma el contrato colectivo. Esto sucede mientras el dueño de las empresas, Lorenzo Mendoza, se sienta a negociar, y recibe todo tipo de garantías por parte del gobernador del estado, Francisco Ameliach.
Así queda claro lo que está ocurriendo. No puede haber ninguna confusión en los trabajadores del país. El gobierno de Maduro, ante la grave crisis económica originada por las políticas aplicadas durante los últimos 14 años, las cuales están generando escasez e inflación, está pactando con los empresarios, para otorgarles divisas y darles todo tipo de ventajas, propiciando los despidos, la entrega de “cajitas felices”, y aumentando los precios de los productos regulados.
El fantasma del desempleo se cierne sobre las trabajadoras y trabajadores venezolanos. El mismo se está incubando en las tristemente célebres mesas de diálogo o comisiones de la verdad, establecidas entre el gobierno y el empresariado. El pacto Maduro-Fedecámaras-Empreven, sigue avanzando para aplicar un ajuste que descargue la crisis sobre los hombros de los trabajadores.
El pasado mes de abril el Presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó estar dispuesto a realizar una “revisión” a la Ley del Trabajo (Lott) si era necesario para mejorar la productividad laboral. Incluso dejó abierta la posibilidad de revisar o flexibilizar la inamovilidad laboral. Algo que los patronos vienen exigiendo desde hace bastante tiempo.
Ya el pasado mes de mayo, el vicepresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, confirmó que se están procesando muchas calificaciones de despido en las Inspectorías de Trabajo, tras los encuentros con el gobierno en el marco del diálogo. El representante de Fedecámaras afirmó que en el mes de abril se procesaron casi 300 calificaciones de despido, solo en el Zulia, y se estarían evaluando otras 800.
Este proceso ya se concretó con el despido de 119 trabajadores en la empresa Chrysler en el estado Carabobo, lo cual sucede luego que el gobierno otorgara a esta empresa 35 millones de dólares. Ante lo cual el dirigente de la federación que agrupa a los trabajadores de ese sector, Christian Pereira, dice “estar confundido”, y no entender qué piensa el gobierno sobre esta situación, el cual se dice “obrerista”.
El ataque contra los trabajadores producto de los acuerdos que se tejen entre el gobierno y los empresarios en las llamadas mesas de diálogo, también se está expresando en el despido de dirigentes sindicales clasistas como Orlando Chirinos, presidente de la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), o la calificación de despido que la patronal ha solicitado contra Osmary Escalona, secretaria general del sindicato del IVSS-Lara. En la persecución a los trabajadores que luchan, como es el caso de 8 trabajadores de Civetchi detenidos, otros 7 de Beneagro (antes Pollos Souto), que tienen casa por cárcel, 15 de Alentuy en Lara presos, y 52 procesados en Carabobo por un tribunal agrario, todos por luchar por sus derechos, entre otros muchos casos en todo el país.
En Carabobo los trabajadores de Superenvases, empresa del Grupo Polar, está enviando a los trabajadores a sus casas, pagándoles sólo salario básico y, para colmo sin incidencia en las prestaciones, violando de esta forma el contrato colectivo. Esto sucede mientras el dueño de las empresas, Lorenzo Mendoza, se sienta a negociar, y recibe todo tipo de garantías por parte del gobernador del estado, Francisco Ameliach.
Así queda claro lo que está ocurriendo. No puede haber ninguna confusión en los trabajadores del país. El gobierno de Maduro, ante la grave crisis económica originada por las políticas aplicadas durante los últimos 14 años, las cuales están generando escasez e inflación, está pactando con los empresarios, para otorgarles divisas y darles todo tipo de ventajas, propiciando los despidos, la entrega de “cajitas felices”, y aumentando los precios de los productos regulados.
Es decir, se está concretando un ajuste económico en acuerdo entre el gobierno y los patronos, para descargar la crisis sobre los trabajadores.
Ante eso es necesario que los trabajadores en todas las regiones se organicen y se movilicen unitariamente para enfrentar el ajuste y el pacto Maduro-Fedecámaras-Empreven. En ese sentido, le tomamos la palabra a Christian Pereira de la federación automotriz, que dice estar dispuesto a defender los puestos de trabajo con la movilización.
Desde C-cura le planteamos que junto a los sindicatos de Superenvases, Pepsi Cola, Te Lipton, Gerber, Aerocav, y otras empresas en conflicto en el estado Carabobo, junto a la Unete y Fusbec, organicemos un Encuentro Sindical y Popular, que discuta un plan de lucha y movilización para enfrentar los despidos.
Este encuentro también se puede realizar en otros estados, como el caso de Lara, para converger en un gran encuentro nacional.
*Secretario general del PSL
@UcvMiguelangel
miguelaha2003@yahoo.com
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