PROVEA
Sin embargo, cuando constatamos las cifras de violaciones de derechos humanos por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando evidenciamos la reiteración de hechos y prácticas violatorias de la Constitución Nacional y los Pactos suscritos por el país en materia de DDHH, cuando contrastamos esa actuación con actuaciones similares ocurridas en el pasado, encontramos que no han sido muchos los cambios.
Desde 1988, cuando asumimos la defensa de las víctimas de la masacre de El Amparo, hemos condenado cada una de las situaciones donde efectivos militares y policiales, han violado el derecho a la vida y la integridad personal de los ciudadanos.
Es más, gran parte de los sucesos ocurridos en la llamada IV República, parecieran encontrar, en hechos recientes, una lamentable reiteración que contradice cualquier versión oficial.
Desde 1997 hasta 2011, la Fuerza Armada estuvo involucrada en 301 violaciones al derecho a la vida.
Solo en 2012, de las 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 de la Guardia Nacional Bolivariana y 5 del Ejército).
Entre mayo y julio de 2013, la FANB ha estado involucrada en la violación del derecho a la vida de al menos 7 personas.
Reconocemos sí, un cambio positivo en la actuación del Ministerio Público.
En muchos casos ocurridos en el pasado reciente, la actuación del Fiscalía General de la República, ha estado acorde con la demanda de justicia de las víctimas, de sus familiares y del conjunto de la sociedad venezolana.
No obstante, consideramos que la sola actuación de la Fiscalía no es suficiente para detener las acciones violatorias de derechos humanos.
El Estado venezolano debe adoptar medidas orientadas a revisar y corregir la actuación de los cuerpos militares y policiales del país, en el marco de las disposiciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como con las reglas del Código de Conducta de la ONU para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
El Estado venezolano debe garantizar que sus agentes cuenten con el equipo y la formación necesarios para no emplear medios violentos, y recurrir al uso de la fuerza o de armas de fuego sólo cuando sea absolutamente necesario.
El Estado venezolano debe diseñar e implementar un programa de formación permanente para funcionarios militares y policiales sobre DDHH.
Además -como elemento de primer orden-, deben ser definitivamente sancionados todos los funcionarios que hayan tenido participación directa o indirecta en casos de violaciones a DDHH, es inaceptable que en casos tan graves como la masacre de El Amparo, el Estado venezolano aún no haya sancionado a los culpables de la muerte de 14 campesinos.
Todo indica que además de la policía también habría que reformar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que, en el futuro podamos contar con instituciones policiales y militares respetuosas de los DDHH.
Reconocemos el esfuerzo que se viene realizando desde el 2006 cuando se inició el proceso de reforma policial, pero los datos, tanto de las organizaciones de DDHH, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, nos indican que persiste la actuación arbitraria de funcionarios militares y policiales contra las y los ciudadanos venezolanos, afectando el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad. (Prensa Provea, 08.08.13)
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