Hoy es 16 de Junio de 2013 y hace unas horas, el II contrato colectivo tribunalicio cumplió años. Y es que el 9 de Junio de 2005, fue firmado en un acto efectuado en la sede de la DEM en Chacao, pero específicamente el 15 de junio de 2005, nuestro contrato fue homologado por la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Publico del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Hablamos de un hecho que ocurrió hace ocho (8) años...
Para el año 2005, había tres (3) organizaciones sindicales en el medio judicial. Una de ellas, la más combativa y aún mayoritaria para el momento, fue creada al calor de un hermoso y singular proceso de lucha tribunalicia, desarrollado entre 1985-86 y 1991, que continuó durante muchos años y con variados éxitos, avances y retrocesos. Se trata del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ), hijo del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT y nieto de la ONTRAT.
SUONTRAJ era heredero de un proceso hermoso por lo romántico, por lo valiente y lo fresco. Y tenía en sus genes características singulares, por lo auténticamente clasista que fueron sus postulados, por su respetuosa pluralidad y por su obstinado empeño democrático-sindical.
Algunas personas se preguntarán por el significado de tantas siglas y es necesario hacer un alto en las primeras: ONTRAT, que significa Organización Nacional de Trabajadores Tribunalicios, se apoyó en el exitoso trabajo colectivo de un grupo de trabajadores y trabajadoras judiciales, cuyo eje de articulación fue un instrumento para la denuncia. Es decir, un periódico que visibilizó las pésimas condiciones laborales en que se desenvolvía la administración de justicia, y las complicidades que con tal realidad tenía, para ese entonces, la Federación de Trabajadores Tribunalicios (FENATRAT). El periódico se llamó "La Voz del Tribunalicio", y se convirtió en el germen de un proceso que duraría un poco más de 20 años.
Desde ese periódico se inició la lucha por la democratización de FENATRAT, por la igualdad en la representación de todos los sectores laborales de la Caja de Ahorros del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, por la correcta aplicación de los decretos de aumento salarial dictados por el Ejecutivo Nacional y por el reconocimiento como salario de los bonos compensatorios. Para aquellos años esos bonos eran cantidades de dinero otorgadas a la masa laboral, sin incidencia en vacaciones, aguinaldos, ni en las prestaciones sociales.
La respuesta de la dirección de FENATRAT a las justas exigencias de democratización, fue la expulsión de sus filas, en 1987, de todo el equipo editorial de “La Voz del Tribunalicio”. La razón fue pedir elecciones en Caracas e introducir el debate sobre la importancia de lograr un contrato colectivo, que superara el mecanismo de acta - convenio, modalidad de regulación de las condiciones colectivas de trabajo, vigente en la época. Esa expulsión permitió la relación entre la gente de Caracas y los dirigentes tribunalicios del interior del país, ya que a partir de intentar los diferentes recursos contra la expulsión, se abrió la posibilidad de profundizar el debate sobre la inexistencia de la democracia interna y la evidente conciliación de FENATRAT con las arbitrariedades del Consejo de la Judicatura, ente que representaba al patrono en el Poder Judicial.
En los años ochenta del siglo XX venezolano, no había derecho a la sindicalización en el Poder Judicial. Tampoco podían sindicalizarse los trabajadores y trabajadoras que laboraban en la mayor parte de los organismos del Estado, al menos a nivel de empleados y funcionarios públicos. A pesar de esta limitación legal, integrantes del equipo de "La Voz del Tribunalicio" en Caracas y dirigentes de base de FENATRAT en el interior del país, empezaron a reunirse, a intercambiar y encendieron la chispa de la acción reivindicativa colectiva, que luego se convirtió en una gran llama de lucha sostenida durante décadas.
Fue de ese encuentro entre luchadores y luchadoras que nació la primera organización que irrumpió en el escenario laboral tribunalicio, con un método que combinó lo combativo y lo democrático. Desde un principio su nombre expresaba su objetivo y su razón de ser: una Organización Nacional de Trabajadores Tribunalicios (ONTRAT). Se constituyó como asociación civil, con fines sindicales, y se registró el 15 de marzo de 1988. Su mayor logro inicial fue alcanzar -unos meses después de su fundación-, la homologación salarial respecto a los cargos similares en funciones, ejercidos en la Administración Pública Nacional (APN). Ello se hizo realidad a partir del mes de mayo de 1989, luego de ejercer presión sobre el Consejo de la Judicatura, mediante una serie de paralizaciones escalonadas en Lara, Yaracuy, Carabobo y Mérida, que desembocaron en una huelga nacional que incorporó a los trabajadores y trabajadoras judiciales de toda Caracas y de otros estados del país, donde no había sino la referencia televisiva de las declaraciones que ofrecían noveles dirigentes de la ONTRAT.
“…El paro convocado por el Comité Unificado de Conflicto de los Tribunales de la República, para el 8 de mayo de 1989 y luego, el desarrollo de la huelga general indefinida, tuvieron un éxito rotundo en Caracas. Con posterioridad, progresivamente, en el interior del país se produjeron adhesiones espontáneas, algunas promovidas por los mismos dirigentes de las organizaciones filiales a FENATRAT, que no encontraban satisfacción alguna en las explicaciones de sus directivos, ni razones para inhibirse de luchar por un aumento salarial planteado bajo un esquema innovador. Otras adhesiones, se generaron desde las mismas bases laborales que vieron en esta especial coyuntura de conflicto, la posibilidad de romper con la tradicional dirección sindical y colocarse a la vanguardia de un proceso que anunciaba un amanecer diferente en la forma de concebir y ejercer el sindicalismo.”[1]
El 29 de mayo de 1989, se selló ese triunfo con una marcha nacional hacia el Consejo de la Judicatura. La victoria obtenida con el reconocimiento a la homologación fue una de las razones que contribuyeron en 1990 a decretar el 29 de mayo, como día del trabajador y trabajadora tribunalicia. Otro motivo para conmemorar esa fecha, fue la importancia de reconocer un proceso de lucha realizado en el sector judicial en 1975, donde hubo varias personas detenidas por exigir mejoras laborales, y que también se produjo alrededor de un 29 demayo.
Pero volviendo a los antecedentes de la contratación colectiva como derecho en el Poder Judicial venezolano, es preciso señalar que una vez entró en vigencia laLey Orgánica del Trabajo (LOT) el 1° de mayo de 1991, especialmente su articulo 8, al personal tribunalicio se le posibilitó organizarse como sindicato y discutir su convención colectiva. Aunque ya los estatutos de ONTRAT habían sido reformados por primera vez en el Encuentro Nacional realizado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, el 5 de mayo de 1990, a casi un año de haberse logrado la homologación, la meta de la asociación civil era avanzar y convertirse en sindicato.[2]
La personería jurídica que invistió de cualidad legal a la ONTRAT como sindicato, deriva de los acuerdos del Consejo General que ratificó la reforma estatutaria de Barquisimeto en 1990, erigiéndose en constituyente sindical, el 25 de mayo de 1991, reunida en la Sala “ E ” de la Universidad Central de Venezuela, y cuya acta fue registrada en la Inspectoría Nacional del Trabajo, el 16 deseptiembre de 1991, bajo el Nº 1, folio 3, tomo 1. Es pues éste el primer sindicato nacional que nace con la LOT. Se llamó “SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL Y CONSEJO DELA JUDICATURA (ORGANIZACION NACIONAL DE TRABAJADORES TRIBUNALICIOS)“, en lo adelante SINDEFUP – POJUC – ONTRAT.
Así pues, entre mayo y septiembre de 1991, y a pesar del duro golpe sufrido por el despido de varios sus dirigentes en abril de ese año, la ONTRAT efectuó asambleas generales de trabajadores y trabajadoras en todas sus organizaciones de base en el país, logró el respaldo absoluto de su afiliación para su conversión en sindicato nacional y recogió las firmas legalmente requeridas para presentar sus documentos en el Ministerio del Trabajo. Algunas personas que hoy refieren dificultades de disposición de tiempo y de finanzas, impidiendo el rescate de una instancia tan importante como un sindicato nacional, bien podrían beber de estas fuentes del accionar cuando la convicción sobre la justeza de una lucha es lo más importante. Para quienes desarrollaron aquellas acciones desde la ONTRAT, el compromiso por lograr y hacer respetar la sindicalización, y conquistar el contrato colectivo como derecho de este sector laboral, llegó a convertirse en proyecto vital...
Uno de los primeros aciertos de la recién fundada organización sindical, SINDEFUP– POJUC – ONTRAT, fue mantener la lucha por el reenganche de sus dirigentes despedidos desde 1991. Unos fueron reincorporados, mediante un acuerdo puntual con el Consejo de la Judicatura, en el marco de una huelga desarrollada durante el mes de enero de 1992. Se trataba de los sindicalistas de Caracas, despedidos antes de la vigencia de la LOT, a quienes la Judicatura alegó que no operaba la figura del reenganche, sino la "reincorporación". Otro dirigente si fue reenganchado, siendo el antecedente remoto del cumplimiento de una providencia administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo (estado Carabobo), porque reconoció la vigencia del fuero sindical en el sector.Otro triunfo del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT fue su estrategia para alcanzar la firma de un contrato colectivo. La idea consistió en organizar uno, dos, muchos paros escalonados, marchas en Caracas y en diferentes regiones del país, tomas de oficinas administrativas de Consejo de la Judicatura, tomas de Inspectorías del Trabajo, plantones en las vías públicas, en las autopistas, alianza con diferentes sectores laborales en lucha durante el convulsionado período 1992 – 1993. Se organizó el llamado “trancazo tribunalicio”, actividad que consistió en impedir el tránsito en el puente sobre el río Orinoco, sobre el lago de Maracaibo, en la autopista regional del centro, en la autopista de oriente, en el puente binacional del Táchira.
En la administración de justicia, estallaron dos huelgas generales, en abril y en julio de 1993, respectivamente, combinadas con una huelga de hambre que se inició en Caracas y se extendió a 10 estados del país, llegando a contar hasta con 45 dirigentes sindicales en ayuno, en su mayoría mujeres... FENATRAT, que aún existía, se integró unitariamente a la lucha por la contratación colectiva y algunos de sus dirigentes participaron en la huelga de hambre. Sunep-Judicatura, un sindicato de empleados administrativos del extinto Consejo de la Judicatura, cuya dirección no compartía los métodos combativos del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT, fue forzado por su base a sumarse al conflicto.
En 1993, todas las centrales sindicales del país, incluyendo la CTV, fueron solidarias con la huelga tribunalicia. Se expresaron a través de comunicados conjuntos, declaraciones de prensa y el acompañamiento de sus dirigentes en las acciones más radicales. Tal es el caso de Oscar Figuera, Secretario General de la CUTV, hoy diputado del PCV por el estado Aragua, en la Asamblea Nacional, quien se sumó a la huelga de hambre en Caracas. También José Beltrán Vallejo, Secretario Ejecutivo de la CTV, incorporado a la mesa de discusiones instalada en el Ministerio del Trabajo para enfrentar a la representación de la Judicatura. Pero además contó con la presencia activa de prestigiosos dirigentes sindicales del momento, que participaron de las acciones de solidaridad con la huelga general, como Iván Espinoza, sindicalista de la Electricidad de Caracas (luego viceMinistro de Seguridad Social del finado Presidente Chávez). Otros se incorporaron a la huelga de hambre en Caracas, como Rafael Riera, importante dirigente sindical de la CANTV. La visita a las embajadas de España y Francia, llamadas "tomas" y cuyo objetivo fue internacionalizar el conflicto, significó una forma de lucha o iniciativa, inaugurada por ese sindicalismo tribunalicio de los noventa.
En julio de 1993, el SINDEFUP-POJUC-ONTRAT desacató la decisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de Caracas, que declaró con lugar una solicitud de amparo constitucional, planteada por el Consejo de la Judicatura y que ordenó el cese de la huelga. El modo de instrumentar el desacato resultó especialmente innovador para entonces: con un modelo de diligencia, los trabajadores y trabajadoras acudieron al Tribunal que dictó la sentencia ordenando la reincorporación y manifestaron, individualmente, su voluntad de ejercer su derecho a la huelga. Sólo en Caracas fueron alrededor de2.000 desacatos. Las colas de las personas para introducir esta diligencia, duró días enteros y las escaleras del edificio José María Vargas, sede de los tribunales civiles de Caracas en la época, se veían abarrotadas de cientos de trabajadores y trabajadoras que estoicamente esperaban con paciencia su turno para desacatar. Algunos se saludaban entre ellos preguntando: “…y tú ¿ya desacataste?”
Incumplir una orden judicial que violaba un derecho constitucional, se asumió colectivamente como la consecuencia lógica para enfrentar una arbitrariedad. En el interior del país, las personas hicieron lo mismo y remitían sus escritos a la capital de la República, a la sede del Juzgado. Por cierto, el titular de aquel tribunal era hermano de un Magistrado del Consejo de la Judicatura (tamaña imparcialidad). Por eso, cualquier parecido con la realidad que se vive en 2013, es mera coincidencia… Quizás se llegó a unos 5.000 desacatos a aquel mandamiento de amparo y de esta cifra, dígitos más, dígitos menos, lo importante era la contundencia nacional con la que acudió la masa laboral a expresarse. Fue como un gran referéndum respecto a la continuidad de la huelga.Para quienes no conocen la consecuencia de esta forma de desobediencia, el desacato de un amparo implica un arresto que se materializa a través de un Tribunal Penal. En aquel entonces, no había forma de arrestar a miles de personas simultáneamente. Ahora tampoco. Por eso, el desacato se tradujo en una burla nacional hacia el desesperado recurso usado por el extinto Consejo de la Judicatura, y la huelga siguió adelante. José Beltrán Vallejo, sindicalista cetevista comprometido con la clase trabajadora, ofreció en aquel entonces unas duras declaraciones a la prensa con motivo de la decisión judicial del “coco” Reyes. El recurso de amparo contra el ejercicio del derecho a la huelga, inaugurado por la Judicatura en 1993, pasó a ser uno de los platos a la carta, que eventualmente solicitan tanto patronos como esquiroles, para enfrentar justas luchas laborales en Venezuela.
La primera fase de la huelga para lograr la contratación colectiva en el sector judicial, se desarrolló con Carlos Andrés Pérez como Presidente, durante el mes de abril de 1993. La segunda etapa enfrentó el interinato de Ramón J. Velásquez, entre julio y agosto de 1993. La historia recuerda que en ese período también hubo una larga huelga magisterial, casualmente combinada con una huelga de hambre, extendida por varios estados del país. La espiral de protestas laborales se había expandido ese año a varios sectores del Estado, especialmente en la salud y las universidades. La especial conflictividad laboral de 1993, estuvo precedida por el enfrentamiento al alzade la gasolina, con un paro cívico realizado en agosto de 1992 en Caracas, que involucró a la telefónica y el sistema Metro. La efervescencia social del momento estaba aliñada además por un valiente y combativo movimiento estudiantil, que desplegaba iniciativas de lucha por el respeto al derecho a la vida y a la integridad personal de sus integrantes, en liceos, universidades e institutos de educación superior a lo largo y ancho de la geografía nacional. El Presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, Luis Figueroa, acompañó varias marchas tribunalicias en esos días y junto con varios equipos de estudiantes, estuvo durante largas noches de vigilia, en solidaridad con la huelga de hambre que se desarrolló en la planta baja de "Pajaritos". El conocido Luis Fi llegó luego a ser Ministro de Vivienda en el gobierno chavista.
Con ese mar de fondo, la dirigencia sindical tribunalicia, sentada en la mesa de negociaciones de 1993 en el Ministerio del Trabajo, no cedía. Tampoco cedía el Consejo de la Judicatura. La huelga se prolongó durante 2 meses y el Ejecutivo Nacional decidió, el mismo día que se lanzó la primera bomba atómica, es decir el 6 de agosto, ordenar la reanudación de faenas y someter el conflicto a arbitraje obligatorio. Este Decreto Presidencial fue el Nº 3098, que se publicó en la Gaceta Oficial Nº 35.270, el 9 de agosto de 1993, día de la segunda bomba atómica… Pero los trabajadores y trabajadoras judiciales, así como sus dirigentes, con lágrimas en los ojos, expresaban su rabia e indignación. Muchos de ellos, manifestaron que no deseaban volver a sus puestos de trabajo. Si bien ya se habían decepcionado de la administración de justicia cuando desacataron la sentencia del amparo, su frustración se elevó al constatar que el gobierno de Velásquez mantenía la misma política del depuesto CAP. La gente sentía una gran humillación. Días de asambleas, sobre todo en Caracas, fueron necesarios para que la base trabajadora acatara la reanudación de faenas y se reincorporara a trabajar. Cientos de expedientes administrativos disciplinarios fueron abiertos placenteramente por las autoridades del Consejo de la Judicatura y al menos dos decenas de trabajadores y trabajadoras, perdieron sus puestos de trabajo en Caracas. Estas personas no pudieron volvera trabajar en el Poder Judicial, a pesar de haber agotado los recursos legales pertinentes [3]. En un acto de retaliación y venganza patronal, argumentando el incumplimiento a la reanudación de faenas, fueron despedidas dos dirigentes sindicales nacionales emblemáticas y una dirigente seccional del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT en Caracas. Igualmente resultaron despedidos 3 dirigentes del mismo sindicato en el estado Miranda y un directivo de Sunep-Judicatura de Caracas. El reenganche de estas personas sindicalistas, es parte de la historia de la libertad sindical en el Poder Judicial y merece un trabajo especial en otro momento. [4]
Ahora bien, someter el conflicto laboral por la contratación colectiva, a un arbitraje obligatorio, significó designar un representante por los trabajadores, otro por la Judicatura y un tercero seleccionado por el Ministerio del Trabajo, quienes decidieron la controversia. En ese orden, fueron nombrados Juan Nepomuceno Garrido y José Rafael Tinoco, por los trabajadores y por la Judicatura, respectivamente. Estos árbitros arbitradores, pues tuvieron el poder para decidir sobre todo lo planteado en el conflicto, en términos de los hechos y del derecho, publicaron en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 4.656 del 8 de diciembre de 1993, el laudo arbitral con la primera convención colectiva del sector judicial venezolano. Prácticamente todo lo que pidió el SINDEFUP-POJUC-ONTRAT en la mesa de negociaciones, es decir, la razón de la huelga, fue aprobado en el laudo. De ello se puede constatar la justeza de aquella huelga. Y es que sólo una diferencia porcentual, en cuanto al monto del aumento salarial y la estabilidad del personal de Secretarios y Alguaciles de Tribunal, no fue contemplado en la sentencia arbitral. El incremento a las remuneraciones representó y con mucho, uno de los mayores logros económicos posteriores al conflicto, así como el bono por mora en la discusión, todo lo cual se canceló efectivamente el mismo año de 1993. Pero, la victoria económica más trascendente, fue la indexación salarial y mantener la homologación respecto a la Administración Pública Nacional, lograda desde 1989. El laudo estuvo vigente durante 3 años y medio, cuando fue sustituido por la primera convención colectiva, firmada el 12 de agosto de 1997. Este instrumento fue reemplazado a su vez, por la II convención colectiva, firmada el 9 de junio y homologada el 15 de junio de 2005.
Por su parte, el SINDEFUP-POJUC-ONTRAJ cambió de denominación culminando el siglo XX, para pasar a llamarse SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SUONTRAJ). En el período que va de 1998 hasta el año 2006, SUONTRAJ libró algunas luchas importantes por la estabilidad del personal judicial ante la arremetida de las llamadas declaratorias de "emergencia judicial", emanadas de la Asamblea Nacional Constituyente (1999) y del Tribunal Supremo de Justicia (2000), enfrentó las arbitrariedades de Magistrados como Roversi Thomas que pretendió destituir a casi 2.000 personas en septiembre del año 2001 y mantuvo una denuncia por violación a la libertad sindical ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre el año 1999 y 2004 que le permitió alcanzar el reconocimiento del Ministerio del Trabajo para participar en las discusiones de la II convenciónde condiciones de trabajo.
SUONTRAJ sufrió una importante división entre 2002 y 2003, auspiciada por el sindicalismo oficialista organizado en la llamada Fuerza Bolivariana de Trabajadores. Es herida mermó sus fuerzas, aunque logró mantenerse. Uno de los ataques más dramáticos a los que tuvo que enfrentarse fue a la arremetida desatada por el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, Director Ejecutivo de la Magistratura (DEM) que fue denunciado por la dirigencia sindical debido a lo nefasto del proyecto de las "Ciudades Judiciales". Luego, a partir del 2008 SUONTRAJ se enfrentó a las arbitrariedades de Francisco Ramos e intentó impulsar una lucha por la discusión de la III convención colectiva. Ramos, a la misma usanza de Velásquez Alvaray, simplemente descabezó el sindicato. Actualmente, de su directiva no queda prácticamente un hueso sano, ya que los dirigentes más honestos y combativos fueron destituidos en su gran mayoría, otros fueron jubilados, y quienes detentan cargos en su dirección nacional, no tienen capacidad de convocatoria entre la base afiliada. De paso, la legitimidad de su representación está en discusión porque no organizaron las elecciones. En el caso de Sunep-Judicatura está desmantelado y FENATRAT no existe desde el año 2000.SINTRAT, organización surgida de la división de SUONTRAJ es la sobreviviente, y prácticamente de manera incólume, de la razzia a la que fue sometido el sindicalismo combativo del Poder Judicial por la DEM. Hoy, esa organización mantiene una posición genuflexa y lamentable, sobre todo porque cuenta entre sus filas con alguna gente que proviene de la historia de luchas de la ONTRAT, del SINDEFUP-POJUC-ONTRAT, y del SUONTRAJ. Se trata de una dirigencia que está profundamente entrampada entre su pegajoso compromiso con un gobierno al que insisten en catalogar algunos como “socialista” y el miedo a enfrentarse a los desmanes que se cometen día a día en los tribunales. Ocho (8) años trascurridos desde la homologación del II contrato colectivo, la firma de una prórroga de ese contrato en 2008 a cambio de un bono, aunada a la firma de otra extensión en 2011, bajo la promesa de una discusión que no ha comenzado, y la engañosa publicidad que hacen de un falso ajuste salarial en 2012-2013, que en realidad es producto de la homologación e indexación contenidos en el mismo contrato de 2005, son prueba evidente de su falta de voluntad para luchar por un nuevo contrato que recupere la capacidad adquisitiva y mejore la calidad de vida del proletariado judicial.
Los largos períodos de duración del primero y segundo contrato, han repercutido negativamente entre los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, generando la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones, en el caso del personal activo, así como el deterioro de las pensiones o jubilaciones.
Entre 1997 y 2005, trascurrieron ampliamente 7 años y de 2005 hasta la presente fecha, llevamos 8 años.
Esta realidad clama ante los ojos de cualquiera que haya tan siquiera tenido noticias de la combatividad de aquel movimiento sindical tribunalicio venezolano y del talante represivo y arbitrario de las autoridades a las que se enfrentó.
[1] Hermida M., María E. Huelga tras huelga:historia del sindicalismo tribunalicio venezolano en el siglo XX. Tesis deGrado Escuela de Historia UCV, 2003.
[2] Véanse los documentos signados bajo el Nº 28,Tomo 23, Protocolo Primero, del 08 de agosto de 1990 en la Oficina Subalternadel Segundo Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal.
[3]http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2003/agosto/025-21-03-0625-2003-2807.html yhttp://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2009/junio/2109-2-05308-.html
[4] El Consejo de la Judicatura y luego laDirección Ejecutiva de la Magistratura, intentaron eliminar el fuero sindicalbuscando la nulidad judicial del Laudo Arbitral y de la cláusula 48 de laconvención colectiva.http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2007/abril/2221-20-AH24-R-1999-000001-31.html
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