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lunes, 7 de mayo de 2012

La inflación diluye la deuda del Gobierno por prestaciones

El atraso en el pago le ocasiona pérdidas a los trabajadores y beneficia al patrono

VÍCTOR SALMERÓN |  EL UNIVERSAL
lunes 7 de mayo de 2012  
 
Al terminar de prestar sus servicios al Estado, en ministerios, alcaldías, gobernaciones, universidades y demás organismos públicos, los trabajadores tienen derecho a recibir prestaciones sociales, un pago que compensa los años de dedicación y constituye el fondo para el retiro o el dinero para comenzar un nuevo período.
Pero el Gobierno se ha atrasado en el pago y tiene una enorme deuda por "pasivos laborales", acumulados durante los últimos catorce años, que aún no calcula del todo y al menos supera los 24 mil millones de bolívares, unos 5 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Por la deuda con estos trabajadores, ya retirados, el Gobierno tiene que cancelar los intereses de mora que cada mes establece el Banco Central, tomando como referencia las tasas para créditos de las seis principales instituciones financieras del país, pero esto no es suficiente protección.

En este tema, la inflación se ha convertido en la gran enemiga de los trabajadores y una eficaz aliada para la chequera del Gobierno, porque a pesar de los intereses de mora cancela con bolívares que cada vez valen menos.

Entre 1998 y 2004 los intereses de mora por el atraso en el pago de las prestaciones superaron a la inflación, pero cuando el Gobierno controló las tasas para abaratar el crédito la relación se invirtió.

El resultado es que al contrastar la inflación y la tasa promedio para los intereses de mora de cada año, entre 2005 y 2011, el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores públicos que ya no están activos y aún no han cobrado, acumula una pérdida de capacidad de compra de 30%.

El año pasado es ilustrativo. En promedio los intereses de mora que fijó el Banco Central para cada mes se registraron a una tasa de 17,4% mientras que la inflación se ubicó en 29%, por lo tanto, los trabajadores recibirán como pago bolívares que compran mucho menos de los que hubiesen obtenido de haber cobrado a tiempo.

El economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, José Guerra, explica que "en el fondo esto es un mecanismo que tiene el Gobierno para financiarse a bajas tasas de interés, es una manera de diluir la deuda".

Un Petrorinoco

Para saldar la deuda por el atraso en el pago de las prestaciones sociales el Gobierno contempla pagarle a los trabajadores con bonos respaldados con ingreso petrolero, denominados en bolívares, llamados Petrorinocos.

Si bien es positivo cobrar, hacerlo de esta manera tiene consecuencias.

Si la mayoría de los trabajadores opta por no esperar al vencimiento y vender el Petrorinoco inmediatamente, habrá un exceso de oferta, el precio de los títulos caerá y habrá pérdidas cuantiosas.

José Guerra explica que "si el plazo de vencimiento de los bonos es muy largo habrá un descuento mayor al momento de venderlo", porque el comprador exige una compensación por los años que tendrá que esperar para recuperar el dinero invertido.

Si los trabajadores deciden no vender el bono y esperar al vencimiento cobrarán anualmente intereses a una tasa que en el mundo bursátil se conoce como "cupón".

El problema es que la inflación no se detendrá y al cabo de los años, salvo que los títulos tengan un cupón muy elevado, los bolívares que obtendrán los trabajadores, por los cupones y al vender el bono, habrán perdido una importante capacidad de compra.

Todo indica que el escenario de pérdida es muy probable. Extraoficialmente se indica que el Gobierno contempla que los Petrorinocos reporten una tasa de interés de 17% que muy probablemente se quedará corta frente a la inflación de los próximos años.

Desde 2005 la inflación no es menor a 17% y también está el riesgo de que en los próximos años se devalúe la moneda, con lo que los bolívares de los Petrorinocos también perderían valor.

Sigue igual

El Presidente de la República aprobó una nueva Ley del Trabajo que en breve estará vigente y comenzará a regir el pago de las prestaciones para los trabajadores activos.

La nueva Ley indica que el trabajador debe recibir sus prestaciones durante los cinco días siguientes a retirarse, pero el incentivo para que el Gobierno se atrase en el pago ha quedado intacto.

Si el Gobierno no cancela a tiempo la deuda, acumulará intereses de mora con la misma fórmula de la vieja ley, que no protege de la inflación.

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