El próximo 28 de octubre a las 2pm en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se realizara una audiencia sobre la
Libertad Sindical en las Américas. Varias organizaciones sindicales y de derechos
humanos solicitaron a la Comisión exponer la situación por la cual atraviesan
los sindicalistas para ejercer su labor en defensa de los derechos del sector
laboral.
La situación de la libertad sindical en
Venezuela es preocupante. Si bien no se puede afirmar que en el país los sindicalistas
no pueden ejercer sus actividades, es cierto que cada vez hay más obstáculos y
riesgos principalmente para aquellos que ejercen su función en el sector
público.
Lo que empezó hace una década con descalificaciones emanadas por altos
funcionarios gubernamentales incluyendo al presidente Chávez, se transformó en
el tiempo en acciones directas. Aproximadamente 120 sindicalistas han sido
sometidos a juicio penal por ejercer el derecho a exigir derechos. De ellos 30
han sido encarcelados. El caso más emblemático es el del sindicalista Rubén
González quien estuvo más de un año preso por liderar un reclamo laboral y hoy
se encuentra en situación de libertad restringida.
Pero los tribunales penales han sido utilizados
además para otras situaciones que atentan la libertad sindical. Algunos han
dictado medidas prohibiendo a sindicalistas acercarse a determinadas empresas,
convocar asambleas y mucho menos exhortar a paros y huelgas. La consecuencia de
no obedecer sería la cárcel.
Se suma a ello el despido de dirigentes
sindicales tanto en el sector público como privado desconociendo el fuero
sindical. Es el caso, por ejemplo, de despidos realizados por la Alcaldía del
Municipio Libertador del Distrito Capital, la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, la empresa mixta Venerus o en la empresa privada Toyota para nombrar algunos.
Si los sindicalistas no son despedidos se lanza
contra ellos toda una campaña para desprestigiarlos o intimidarlos y se amenaza
a los trabajadores y trabajadores si asisten a las asambleas convocadas por el sindicato
como ocurre actualmente en el INCES.
La discriminación por razones políticas también
afecta la libertad sindical. El Consejo Nacional Electoral obstaculiza los
procesos eleccionarios de sindicatos que tengan una línea crítica al gobierno y
favorece los sindicatos pro gobierno. Las inspectorías del trabajo tramitan con
excesiva lentitud los casos de violaciones al fuero sindical cuando se trata de
sindicalistas no identificados con el gobierno o aún simpatizantes que mantienen una posición clasista y firme
en defensa de los derechos laborales.
Finalmente
hay que indicar que tal como ocurre con decisiones de organismos
interamericanos de protección de los derechos humano, el Estado venezolano no
acata las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo. Por estos motivos ayer -20 de Octubre- protestaron los trabajadores
y tienen razones para seguir.
Habra que estar pendiente.
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