Mié 22/06/2011 - 10:58
Por: Provea
El domingo
12.06.11, siendo día de visita familiar en el Internado Judicial Capital el
Rodeo I y el Rodeo II, los cuales albergan 3.3.43 reclusos, se desataron unos
hechos de violencia entre la propia comunidad penitenciaria. Según cifras
oficiales, el accionar de las armas de fuego produjo un saldo fatal de 21
internos y 1 visitante, así decenas de heridos.
Los hechos
motivaron la intervención de más de 3.500 funcionarios de la Fuerza Armada
Nacional, quienes intentaron incursionar en el recinto penitenciario para
retomar su control. El viernes 17, los enfrentamientos entre ambas partes
dejaron un saldo de 2 Guardias Nacionales y 1 recluso fallecido.
Las
denuncias de los familiares y la potencia de fuego demostrada por los reclusos
obligaron a las autoridades a replantear su estrategia. En medio de un proceso
de negociaciones, finalmente la Guardia Nacional pudo retomar parcialmente el
control de una parte del recinto penitenciario, conocido como el Rodeo I,
desalojando a unos 2000 reclusos. Durante la requisa de ese sector del Centro
de Reclusión, las autoridades incautaron: 7 fusiles, 5 escopetas, 20 pistolas,
8 granadas de mano, 45 kilogramos de cocaína, 5.000 cartuchos para fusil, 100
teléfonos celulares, al menos 3 computadoras portátiles y 12 kilogramos de
marihuana. Para el martes 21 de junio la situación continuaba siendo incierta,
pues alrededor de 1000 reclusos se encontraban apertrechados en el sector “La
Torre” con armamento de guerra, que según fuentes ligadas al Ministerio de
Interior y Justicia incluía una ametralladora .50 (equipo portátil con trípode,
capaz de destruir un tanque, según expertos), R-15, AK 47, rifles y pistolas 9
mm. Las autoridades sólo han divulgado una lista parcial de los reclusos
desalojados de El Rodeo I, por lo que los familiares de los privados de
libertad desconocen la identidad de los heridos y muertos en los diferentes
enfrentamientos.
Las
condiciones de los diferentes recintos penitenciarios del país han sido
monitoreadas desde el año 2002 por una organización no gubernamental local
llamada “Observatorio Venezolano de Prisiones”, cuyo director es Humberto
Prado. Dentro de su actuación, el OVP ha realizado acciones para dignificar la
vida de las personas privadas de libertad presentando propuestas y denunciando
las acciones y omisiones que incurre el Estado.
Desde el año
2006, ha tramitado de forma satisfactoria, ante organismos internacionales de
derechos humanos medidas de protección para que el Estado venezolano cumpla con
su obligación de garantizar la vida y brindar la atención adecuada a las
personas privadas de libertad, específicamente en el Internado Judicial de
Monagas (“La Pica”); el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II
(Cárcel de Yare); el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental
(Cárcel de Uribana); y en el propio Internado Judicial Capital El Rodeo I y el
Rodeo II. Esta situación ha ocasionado que, como activista de derechos humanos,
Humberto Prado haya sido amenazado en varias oportunidades por funcionarios del
Estado venezolano. Frente a esta situación la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en fecha 24.11.09, ordenó al Estado que tome las medidas necesarias
para resguardar su vida.
La situación
de las cárceles venezolanas es sencillamente dramática. Experimentando un
crecimiento de la población penitenciaria de 150% en los últimos dos años, de
un total de 44.852 reclusos 30.360 se encuentran a la espera de sentencia, lo
cual evidencia el grave problema de retardo procesal. En promedio 409 reclusos
mueren al año por hechos de violencia dentro de las cárceles, una de las tasas
más altas de la región. El porcentaje de hacinamiento dentro de los 33
establecimientos carcelarios de Venezuela es del 355%.
Los hechos
desencadenados en la Cárcel de El Rodeo han reavivado la campaña de
criminalización gubernamental contra Humberto Prado. En la noche del sábado
18.06.11, en un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de
Televisión, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y
Justicia, Tareck El Aissami vinculó al activista con grupos políticos
partidarios de la oposición. Según la reseña publicada por el periódico
gubernamental Correo del Orinoco “Durante un contacto telefónico con el
programa La Hojilla transmitido por VTV, El Aissami denunció que Humberto
Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, ha mentido
descaradamente sobre la situación que se vive en El Rodeo II y recordó que éste
fue cómplice de la masacre a internos durante los gobiernos de la IV
República”. (http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ministro-aissami-rechazo-conducta-derecha-venezolana-situacion-rodeo-ii/).
Estas afirmaciones del ministro comenzaron una cadena de señalamientos contra
Prado. Una publicación en un blog identificado con el oficialismo reveló sus
datos personales, como números telefónicos y dirección de habitación,
terminando el post con la leyenda “Próximamente Datos Familiares…. para que el
pueblo lo juzgue. Pena Capital”.
Una
información publicada el 20.06.11 en el sitio web de la cadena radial estatal
Radio Nacional de Venezuela difundió que “se ha desplegado una feroz ofensiva
orquestada por la organización Observatorio Nacional de Prisiones, dirigida por
Humberto Prado, quien además cuenta con el apoyo de la televisora privada
Globovisión, vinculada permanentemente a planes desestabilizadoras.
El plan es
simple: Humberto Prado maneja las cárceles. Lo único que necesita el plan es el
medio de comunicación que establezca vínculo con los familiares. Ahí comienza
el plan. Están preparando una guerra interna de reclusos”. En la misma nota
agregan que “Este señor –refiriéndose a Prado- estuvo preso por atraco, robo a
mano armada y por homicidio. Se empató (relacionó) con una famosa directora de
Prisiones (en los años 80), Dunia Farias. Ella logró que a su novio le dieran
un indulto presidencial y a partir de ahí ha vivido de traficar con los presos”
(http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=29&t=159609)
Información similar fue divulgada por la agencia estatal de noticias, la cual
agrega que un recluso anónimo “denunció este domingo que grupos de Derechos
Humanos identificados con la oposición y políticos de la derecha venezolana se
han encargado de dar orientaciones a los pranes, internos que comandan las
mafias de los diferentes centros penitenciarios del país, a fin de generar caos
y culpar al Gobierno Nacional de esa situación”. (http://www.abn.info.ve/node/63669).
En una
comunicación dirigida el 21.06.11 a la Fiscalía General de la República las
organizaciones de derechos humanos venezolanas, aglutinadas en el Foro por la
Vida expresaron que “Estas acusaciones se enmarcan en el patrón de
criminalización que emprenden distintos dirigentes del Estado frente a las
denuncias que realizan defensores de derechos humanos, atentando contra la
actividad que estos realiza y desviando la atención de su obligación principal,
garantizar la vida de las personas privadas de libertad”. Los defensores
expresaron su exigencia de adelantar todas las medidas y acciones necesarias
para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos y garantías de
todas y todos las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en todo el territorio
de la República. Igualmente solicitaron se investigue el origen y
responsabilidades a que hubiere lugar en el caso de las amenazas contra
Humberto Prado y su familia.
PROVEA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por compartir con todos tus comentarios y opiones