Supernova de Democracia Bolivariana

Por: Roldan Tomaz Suárez Litvin

I
Vivimos en una “democracia” tan “participativa y protagónica” que una simple recolección ciudadana de firmas, contemplada expresamente en la Constitución, puede ser suspendida, invalidada o anulada judicialmente –incluso antes de empezar. Esto sin olvidar que para esa recolección primero hubo que pedir “permiso” al Estado venezolano durante 6 meses, realizando 3 colectas previas de firmas –nada de lo cual está contemplado en lo más mínimo en la Constitución.

II
Para este año 2016 era legítimo esperar que se llevaran a cabo dos eventos electorales en Venezuela: la recolección de firmas para el referendo revocatorio presidencial y las elecciones a Gobernadores. Todo apunta a que ninguno de los dos se llevará a cabo. El primero acaba de ser suspendido judicialmente hasta nuevo aviso; el segundo hace ya varios días fue pospuesto por medio año por decisión del Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver en qué condiciones se llevarán a cabo estos eventos en 2017, si es que se llevan a cabo. Al momento de escribir estas palabras, se están dictando medidas de prohibición de salida del país a varios dirigentes de la oposición, en lo que parece ser la antesala a su encarcelamiento. Esto, aunado a la posibilidad de ilegalizar algunos partidos políticos con base en tecnicismos legales (posibilidad recientemente asomada por el CNE), nos dejaría con la perspectiva de tener en lo sucesivo eventos electorales sin posibilidad de una participación significativa de la oposición.

III
La suspensión del referendo revocatorio y la pretensión de responsabilizar automáticamente a sus promotores por el hecho de que en la etapa de recolección del 1% del padrón electoral hubo casos de usurpación de identidad no puede ser calificada sino como una farsa judicial.

En primer lugar, porque de acuerdo con un informe del propio CNE ( http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3466 ), de las más de 400 mil huellas capturadas durante el proceso de verificación biométrica efectuado en esa etapa, se registró un porcentaje de usurpación de identidad de apenas 0,33%, cifra evidentemente marginal y que no tiene incidencia alguna en el resultado final obtenido (el cual, por cierto, representa aproximadamente el doble de ese 1% mínimo requerido por el CNE). De modo que la suspensión del referendo con base en dicha situación no tiene absolutamente ningún sentido.

En segundo lugar, la usurpación de identidad en todo caso tendría que imputarse legalmente al individuo que la comete, en primera instancia, no a los promotores del referendo. Evidentemente no es de esperar que los promotores de un referendo dispongan de las herramientas tecnológicas adecuadas o de las bases de datos necesarias para verificar, por su propia cuenta, la identidad de los firmantes. Los promotores no tienen ni la posibilidad ni el deber de asumir esa tarea, sobre todo cuando el propio CNE ya se ha atribuido esa responsabilidad a través de sus variados procedimientos de verificación -los cuales incluyeron no solo verificación biométrica, sino también exámenes grafológicos y dactiloscópicos. Al respecto cabría preguntarse: ¿por qué no fueron detenidos in fraganti (en el mismo momento de la verificación biométrica en las sedes del CNE) los individuos que presuntamente estaban usurpando la identidad de otras personas? También cabría considerar hipotéticamente la posibilidad de que estos individuos, lejos de actuar bajo órdenes de los promotores, actuasen bajo órdenes de las fuerzas políticas interesadas en sabotear el referendo. Esta alternativa, sin embargo, parece estar descartada a priori dentro del procedimiento judicial que se está siguiendo en torno al caso, lo cual revela claramente la grave parcialización política que opera en el trasfondo de todo el asunto.

IV
¿Quién en su sano juicio puede dudar seriamente acerca de si en Venezuela en estos momentos hay más de 4 millones de electores que desean que se lleve a cabo un referendo revocatorio presidencial? Podemos asumir con plena seguridad que la mayor parte de los 7 millones de votantes que ha reunido la MUD en procesos electorales recientes forman parte de ese grupo. A eso habría que agregarle un sector del chavismo disidente que también ha declarado su apoyo a la realización del referendo revocatorio.

Lo anterior quiere decir que, cuando el gobierno realiza todas las maniobras legales y burocráticas destinadas a impedir la convocatoria al referendo, lo hace con plena consciencia de estar bloqueando un evento que, en buena lid, si se respetaran los derechos políticos de millones de ciudadanos en este país, debería ser tramitado sin ningún tipo de obstáculo. En realidad, no solo tramitado “sin ningún tipo de obstáculo”, sino tramitado de manera diligente y servicial por parte de todas las instituciones públicas involucradas.

No hay, por tanto, otro modo de interpretar las acciones gubernamentales o institucionales tendientes a entorpecer el proceso de convocatoria al referendo sino como una muestra de gran cinismo, de pérdida de todo pudor, de abandono de cualquier mínimo criterio ético o ideológico capaz de moderar el simple, puro e implacable deseo de perpetuarse en el poder. Claramente quienes nos gobiernan están dispuestos a todo por seguir haciéndolo: violar derechos políticos, desatender o hacer caso omiso a las expresiones de voluntad popular, desconocer o torcer a su conveniencia el contenido de normas legales (incluso aquellas creadas por ellos mismos), manipular a su antojo el sistema judicial, etcétera.

Es un verdadero drama histórico para Venezuela que un movimiento político que originalmente entró en escena enarbolando las banderas de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia social -en abierta oposición a un pasado político, económico y social repudiado popularmente por el incumplimiento de sus promesas de progreso y bienestar- esté terminando hoy su trayectoria en la más abyecta antítesis de todos aquellos ideales. Antítesis que no solo implica una traición de las esperanzas populares similar a la que provocó la caída de la llamada Cuarta República, sino que amenaza con dejar a Venezuela por tiempo indefinido con un régimen político en extremo autoritario y antidemocrático, incluso con rasgos totalitarios o fascistas, puesto al servicio de la rapiña continuada de nuevas oligarquías nacionales e internacionales. En otras palabras, el intento histórico de la sociedad venezolana por superar lo que en su momento fue percibido socialmente como un pasado oscuro y nefasto está implosionando en una actualidad y un futuro que pintan mucho, pero mucho peores aún que aquello que se pretendía superar. Podríamos decir que la promesa estelar de la democracia bolivariana está colapsando espectacularmente en una supernova que amenaza con dejarnos sumidos por largo rato en un agujero negro.