María Esperanza Hermida Moreno (*)
Una profunda injusticia social caracteriza la política laboral en el Poder Judicial. Expresión de ello es la mora en la discusión de la Convención Colectiva, vencida desde junio de 2007, situación que afecta un universo de 25.000 personas. Otro rostro de este drama es el desconocimiento de los derechos de más de 10.000 personas jubiladas y pensionadas, a quienes se les discrimina en sus ingresos al no incrementarse su asignación proporcionalmente a los aumentos salariales -cuando los hay-, percibidos por el personal activo.
La guinda de la torta es la problemática que aqueja al movimiento sindical del sector: dividido, ilegalizado en la práctica y disperso. Si bien tal condición se presenta en muchas organizaciones sindicales, en el caso del Poder Judicial es lamentablemente usada por una gestión institucional que, al menos hasta la presente fecha, desconoce el derecho a una remuneración digna y justa, establecido en el artículo 91 de la CRBV.
¿El resultado? La migración de profesionales y técnicos. Por otro lado, quienes permanecen en el Poder Judicial sufren la peor de las humillaciones al verse bajo el acoso, además de los miserables salarios, de la falta de agua en los sanitarios y el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado en muchas sedes judiciales, así como la escasez -en algunos casos, la ausencia absoluta- de papel y de tinta. Las decisiones judiciales se imprimen en hojas reusadas por una de sus caras. A ello se unen los precarios escritorios y ascensores que no siempre funcionan, más el aderezo de una arbitraria distribución de bolsas con 3 o 4 productos regulados por persona, cada 20 o 25 días, previa cola, y sin igualdad alguna entre los circuitos judiciales del país.
Habría que sumar a este panorama la creciente animadversión que siente la población hacia el Poder Judicial. Y es que el rechazo popular hacia las decisiones de ciertos Juzgados, en el caso del acceso a las medicinas, por ejemplo, o en el de la constitucionalidad de algunas actuaciones del Ejecutivo, podría constituirse en un factor estresante para la masa laboral tribunalicia, como nos han comentado fuentes directas del sector. El aumento de causas judiciales que generan tensión política en la sociedad y el despliegue, cada vez más frecuente de inusitadas medidas de seguridad en las sedes tribunalicias, expone a riesgos diversos tanto la vida como la salud y la integridad personal de quienes laboran en los órganos de la administración de justicia.
De estos riesgos laborales, por cierto, no se ocupa el TSJ, la DEM, ni el INPSASEL. Ello contrasta con el interés y la diligencia en la actuación de una de las cortes contencioso administrativas de Caracas, que prohibió manifestaciones cerca del CNE dizque para preservar la seguridad del personal de ese organismo. Me dijo una trabajadora judicial que intentó denunciar la degradación general de las condiciones y medio ambiente laboral en INPSASEL, pero en ese organismo del Ministerio del Trabajo le dijeron que no reciben denuncias sobre entes públicos y menos de la DEM o del TSJ.
Ahora bien, a este cúmulo de irregularidades se suma el entorno que rodea a la administración de justicia: delincuencia, inseguridad, inflación pavorosa y violencia sociopolítica. Pero ni el TSJ ni la DEM, abonan para ocuparse del personal Judicial, sus jubilados y pensionados con sentido de equidad. Este mes hubo un ajuste salarial apenas del 20%, retroactivo a marzo, y otro del 30% desde mayo. Ambos se diluyen ante una pérdida del poder adquisitivo de la moneda ubicado en más del 500%.
Por sus recordadas luchas, el personal judicial fue el segmento laboral mejor pagado del sector público hace escasamente una década, pero hoy bajó al foso más profundo por sus pésimas condiciones de trabajo y por la depauperación generalizada de la administración justicia. Es patética esta cara que exhibe el Poder Judicial, sobre todo cuando su cabeza visible pretende dar lecciones a un país que clama justicia.
Una profunda injusticia social caracteriza la política laboral en el Poder Judicial. Expresión de ello es la mora en la discusión de la Convención Colectiva, vencida desde junio de 2007, situación que afecta un universo de 25.000 personas. Otro rostro de este drama es el desconocimiento de los derechos de más de 10.000 personas jubiladas y pensionadas, a quienes se les discrimina en sus ingresos al no incrementarse su asignación proporcionalmente a los aumentos salariales -cuando los hay-, percibidos por el personal activo.
La guinda de la torta es la problemática que aqueja al movimiento sindical del sector: dividido, ilegalizado en la práctica y disperso. Si bien tal condición se presenta en muchas organizaciones sindicales, en el caso del Poder Judicial es lamentablemente usada por una gestión institucional que, al menos hasta la presente fecha, desconoce el derecho a una remuneración digna y justa, establecido en el artículo 91 de la CRBV.
¿El resultado? La migración de profesionales y técnicos. Por otro lado, quienes permanecen en el Poder Judicial sufren la peor de las humillaciones al verse bajo el acoso, además de los miserables salarios, de la falta de agua en los sanitarios y el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado en muchas sedes judiciales, así como la escasez -en algunos casos, la ausencia absoluta- de papel y de tinta. Las decisiones judiciales se imprimen en hojas reusadas por una de sus caras. A ello se unen los precarios escritorios y ascensores que no siempre funcionan, más el aderezo de una arbitraria distribución de bolsas con 3 o 4 productos regulados por persona, cada 20 o 25 días, previa cola, y sin igualdad alguna entre los circuitos judiciales del país.
Habría que sumar a este panorama la creciente animadversión que siente la población hacia el Poder Judicial. Y es que el rechazo popular hacia las decisiones de ciertos Juzgados, en el caso del acceso a las medicinas, por ejemplo, o en el de la constitucionalidad de algunas actuaciones del Ejecutivo, podría constituirse en un factor estresante para la masa laboral tribunalicia, como nos han comentado fuentes directas del sector. El aumento de causas judiciales que generan tensión política en la sociedad y el despliegue, cada vez más frecuente de inusitadas medidas de seguridad en las sedes tribunalicias, expone a riesgos diversos tanto la vida como la salud y la integridad personal de quienes laboran en los órganos de la administración de justicia.
De estos riesgos laborales, por cierto, no se ocupa el TSJ, la DEM, ni el INPSASEL. Ello contrasta con el interés y la diligencia en la actuación de una de las cortes contencioso administrativas de Caracas, que prohibió manifestaciones cerca del CNE dizque para preservar la seguridad del personal de ese organismo. Me dijo una trabajadora judicial que intentó denunciar la degradación general de las condiciones y medio ambiente laboral en INPSASEL, pero en ese organismo del Ministerio del Trabajo le dijeron que no reciben denuncias sobre entes públicos y menos de la DEM o del TSJ.
Ahora bien, a este cúmulo de irregularidades se suma el entorno que rodea a la administración de justicia: delincuencia, inseguridad, inflación pavorosa y violencia sociopolítica. Pero ni el TSJ ni la DEM, abonan para ocuparse del personal Judicial, sus jubilados y pensionados con sentido de equidad. Este mes hubo un ajuste salarial apenas del 20%, retroactivo a marzo, y otro del 30% desde mayo. Ambos se diluyen ante una pérdida del poder adquisitivo de la moneda ubicado en más del 500%.
Por sus recordadas luchas, el personal judicial fue el segmento laboral mejor pagado del sector público hace escasamente una década, pero hoy bajó al foso más profundo por sus pésimas condiciones de trabajo y por la depauperación generalizada de la administración justicia. Es patética esta cara que exhibe el Poder Judicial, sobre todo cuando su cabeza visible pretende dar lecciones a un país que clama justicia.
Integrante de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma-Ccura
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