Levantemos una alternativa político-electoral de los trabajadores y el pueblo

Propuesta electoral del 

Partido Socialismo y Libertad. 

Por: Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Venezuela atraviesa por una crisis generalizada que se expresa en el terreno económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en el funcionamiento general de la sociedad. Nuestra principal industria, la petrolera, se encuentra por el suelo. Las empresas básicas mueren de mengua, corrupción y violación a los derechos de los trabajadores. El pueblo trabajador pierde horas en las vergonzosas colas tratando de adquirir los alimentos que escasean. Muchas de las empresas y fincas adquiridas por el gobierno se encuentran paralizadas o produciendo por debajo de su capacidad, mientras a sus trabajadores se les desconocen los contratos colectivos y se les cercena el derecho a la organización sindical autónoma.

Los salarios han sido destruidos por la inflación más elevada del continente. Solo el año pasado fue de 68,5%, y en lo que va del 2015, el gobierno oculta las cifras a sabiendas de que serían escandalosamente altas. Hay miles de despidos y suspensiones en muchas empresas públicas y privadas en todo el país, avaladas por las inspectorias del trabajo, y bajo la mirada y la acción complaciente de la burocracia sindical. Los ejemplos más resaltantes son los estados Bolívar y Carabobo.

Pdvsa ha sido entregada a las transnacionales a través de los leoninos contratos de empresas mixtas que vulneran nuestra soberanía. Los servicios públicos están por el suelo. En muchas partes escasea el agua, la luz se va a cada momento, las vías públicas están deterioradas. La corrupción campea a todos los niveles, especialmente en el seno de las instituciones del Estado. Miles de millones de dólares se han fugado a las arcas de grandes empresarios y burócratas y otros tantos miles de millones han sido robados al pueblo a través de importaciones fraudulentas realizadas por empresas de maletín. La violencia delincuencial, el narcotráfico y otras formas de descomposición social agobian a los habitantes de comunidades populares en la mayor parte del país, atizadas por la impunidad reinante y el crecimiento de la desigualdad social.

Para aplicar su plan de ajuste, el gobierno criminaliza la protesta obrera y popular. Se restringen las libertades democráticas, llegando a la detención de trabajadores y dirigentes sindicales por realizar asambleas o participar en protestas, e incluso a la desaparición física de quien denuncia la corrupción, como ha ocurrido con el activista Alcedo Mora.

Mientras, este fin de semana se realizaron las elecciones primarias de la MUD en medio de un gran ausentismo y el descontento de millones de personas que ven cómo AD y Primero Justicia manipulan dicho proceso. El próximo mes están previstas las primarias del partido de gobierno, en el que seguramente habrá nuevamente una débil participación, a sabiendas de que ya todo está controlado desde la cúpula del Psuv. El CNE como organismo rector del proceso comicial guarda un silencio cómplice en torno a la definitiva fecha del llamado a la contienda electoral, mientras diseñan los circuitos favoreciendo al partido de gobierno.

Dada la gravedad y complejidad de la crisis que atraviesa el país, consideramos que una alternativa político-electoral debe estar a la altura de esta situación. Esta debería enfrentar al binomio Psuv-MUD y presentar al país una propuesta de transformación radical, que gire alrededor de temas que hoy son muy sensibles para el pueblo como el salario, la inflación, los despidos, la crisis de la salud, de los servicios, el tema petrolero, la criminalización de la protesta y las restricciones a las libertades democráticas.

El Psuv y partidos del Polo Patriótico, a lo largo de 16 años frustraron las grandes expectativas que se crearon en el pueblo al ascender Chávez al poder en 1999. Por su parte, los partidos proempresariales y aliados de las transnacionales agrupados en la MUD, los cuales gobernaron durante el puntofijismo, demostraron en el pasado su talante antidemocrático, represivo y proimperialista, y hoy evidencian en las alcaldías y gobernaciones su incapacidad y su disposición a defender los intereses patronales, divorciados de las penurias que a diario atraviesan los trabajadores y habitantes de las comunidades populares del país. El silencio, la postración y la irresponsabilidad demostrada en el parlamento los descalifica para continuar presentándose como alternativa al desastre gubernamental. Solo tratan de pescar en el río revuelto de la crisis pero en realidad no tienen nada que ofrecer al pueblo para enfrentar la grave situación que padecemos.

Por ello, es necesario romper este falso dilema del gobierno y la MUD, levantando una alternativa verdaderamente revolucionaria, que ponga el acento en la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo, que enfrente en la calle mediante la movilización el plan de ajuste que aplica Maduro con el visto bueno de empresarios, banqueros, transnacionales y la MUD. Y en el plano electoral, presentarle al pueblo trabajador una opción que desde la Asamblea Nacional apoye y acompañe las luchas obreras y populares contra el ajuste acordado por Maduro y los empresarios. Se trata de levantar una alternativa de los trabajadores y el pueblo oprimido.

Por ello consideramos que esa alternativa no debe tener compromisos con el partido de gobierno ni con la MUD. Sus candidatos deben ser luchadores sociales, que pongan sus campañas al servicio de las luchas obreras y populares en todo el país. Esa alternativa político-electoral debe levantar un programa a impulsar desde la Asamblea Nacional, mediante proyectos de leyes e investigaciones parlamentarias, que contemple los siguientes elementos:

1.- Aumento general de salarios y salario mínimo igual a la canasta básica oficial con ajustes periódicos de acuerdo con el índice inflacionario, en concordancia con el artículo 91 de la Constitución.

2.- Cárcel y confiscación de bienes para burócratas corruptos y sobrefacturadores de importaciones. No al aumento de la gasolina.

3.- No a la criminalización de la protesta y la restricción de las libertades democráticas. Amnistía para trabajadores, indígenas, campesinos y estudiantes presos por protestar o hacer huelga. Derogación de la resolución 008610. Derogación de normas que vulneran la libertad sindical, el derecho a huelga y la protesta obrera y popular.

4.- Por un plan económico y social alternativo. Por una industria petrolera 100% estatal, sin empresas mixtas ni transnacionales, bajo control y gestión democrática de sus trabajadores, profesionales y técnicos.

5.- Reforma agraria y fin del latifundio.

6.- Rescate de las industrias básicas. Plan de inversión bajo control de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

7.- Por la derogación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE). Representación proporcional de las minorías. Igual acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos. Tope legal al gasto de campaña.

8. Eliminación de los tratados contra la doble tributación. Repatriación de capitales robados por empresas de maletín, y confiscación de las propiedades de las personas y empresas involucradas en la masiva estafa de la sobrefacturación de importaciones.

9. Eliminación del decreto 1606 que amplía la explotación de carbón en territorios indígenas de Perijá. Autodemarcación territorial y respeto al autogobierno de los pueblos originarios.

10. Por el no pago de la deuda externa.