Discurso contradictorio e inverosímil

Luis Fuenmayor Toro

Trabajador de FMO Rodney Álvarez

El gobierno de Maduro, como el de Chávez, se proclama gobierno obrero, pues si se llaman socialistas del siglo que sea, tienen que ser el gobierno de la clase obrera. Sin embargo, sus conductas y realizaciones no parecen sustentar esta calificación, sino que incluso llegan a negarla completamente. Un gobierno obrero no secuestra a un trabajador y lo acusa de asesinar a otro trabajador, a pesar de la multitud de testigos que lo niegan, ni lo traslada de cárcel en cárcel por todo el país, para esconderlo de familiares, compañeros y amigos,
y para retardarle indefinidamente las posibilidades de un juicio justo. Y no es retórica esta explicación, es muy cierta, lamentable y perversamente real para Rodney Álvarez, obrero de Ferrominera sometido a esta miserable situación, que algunos pensamos, nunca más se viviría en el país luego del triunfo de Chávez. Un gobierno obrero no hace descansar sobre los trabajadores y el pueblo el peso de la crisis económica producto de su negligencia y de su política económica dirigida a enriquecer a sus funcionarios, como parte de una nueva burguesía, que como siempre se construye a partir de la renta petrolera.

Este gobierno, según la permanente propaganda del régimen, es de carácter democrático, participativo y protagónico, sin embargo arremete violentamente contra las protestas estudiantiles, sindicales y gremiales arguyendo que se trata de acciones desestabilizadoras. Vamos a tratar de entendernos. Sé que la dirección de la oposición conservadora en principio es conspiradora, por lo que el Gobierno tiene que estar atento y tomar las medidas preventivas del caso. Ahora, una cosa es esta certeza y otra muy distinta es pensar que todos los que manifiestan (trabajadores, estudiantes, profesores, profesionales) son conspiradores. Los conspiradores no son quienes protestan por los bajos salarios o por la libertad de los cientos de estudiantes detenidos arbitrariamente o por cualquier otra reivindicación laboral, gremial y política. Por tanto, a los manifestantes no se los puede tratar como si fueran delincuentes políticos. Además, el derecho a manifestar, y en general los derechos políticos, no se pueden suspender por que haya por allí una gente que el Gobierno cree está conspirando; ni siquiera si estuvieran conspirando de verdad.

El Gobierno también se presenta, nacional e internacionalmente, como antiimperialista, aunque su discurso es realmente antiestadounidense, lo cual no es exactamente lo mismo. Otros imperialismos parecen no preocupar en forma importante a quienes nos dirigen o quizás no saben de su existencia. Por otra parte, la actitud contraria al gobierno de
EEUU es casi exclusivamente discursiva, pues no se manifiesta en el área económica, ya que seguimos teniendo a la potencia norteamericana como nuestro principal socio comercial. Es nuestro mayor mercado para las importaciones y también lo es para las exportaciones petroleras. Un gobierno realmente en guerra con el imperialismo o con EEUU no crea
asociaciones estratégicas, para la explotación de su recurso principal, con empresas que son sostén de sus actividades imperiales. No parece sensata una alianza económica con el adversario que supuestamente pretende destruir al Gobierno. Mucho menos se le entrega a unas empresas enemigas la propiedad del petróleo del subsuelo venezolano, violentando con ello la Constitución Nacional y vulnerando los activos de la patria, como es el caso de las empresas petroleras mixtas.

Por último, el Gobierno se precia de tener el apoyo popular que requiere para continuar indefinidamente en el poder; desprecia a la oposición política y la califica de débil, desunida, contradictoria y sin liderazgo de ningún tipo. Sin embargo la hace responsable de una
guerra económica, la cual ha creado una inflación ficticia a través de la especulación de productores y comerciantes, un desabastecimiento artificial mediante el acaparamiento de mercancías y el contrabando de extracción y una sensación de inseguridad por la acción de los medios de comunicación, los cuales, de paso, paradójicamente están casi totalmente en manos gubernamentales. Y en esa lucha lleva el gobierno, primero Chávez y ahora Maduro, 15 largos años sin poder derrotar a estos enviados del imperio o mejor de satanás, cuyo poder debe ser mayor que el de Obama. Han sido derrotados o, por lo menos, no han podido vencer a esas “piltrafas” de partidos y de dirigentes opositores conservadores, supuestamente muy débiles por carecer de apoyo popular.

Se trata de un discurso totalmente contradictorio e inverosímil, que se impone por las campañas mediáticas permanentes, el temor al poder armado del Estado y porque el nivel educativo promedio de la población es séptimo grado.

La Razón, pp A-6, 21-9-2014, Caracas.