22/05/2014
El chavismo garantizó la impunidad del ex mandatario
Caracas, 22 de mayo.- El ex presidente adeco Jaime Lusinchi falleció ayer en Caracas, como consecuencia del agravamiento de una enfermedad pulmonar. El anuncio lo realizó el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.
Lusinchi gobernó entre 1984 y 1989, luego de una carrera política que lo llevó a encabezar la mayoría parlamentaria de AD en el Congreso durante 14 años. Accedió a la secretaría general de su partido en 1982, lo que allanó el camino para su candidatura presidencial.
Lusinchi dio continuidad a la situación de dependencia semicolonial de la economía venezolana y sus síntomas: una altísima inflación y la depreciación de la moneda nacional. Elevó el gasto público para generar una falsa percepción de bonanza, mientras llevaba las reservas internacionales a mínimos históricos. De igual manera continuaron bajo su gobierno las prácticas represivas criminales que caracterizaron al puntofijismo: durante su gobierno se perpetró la masacre de Yumare, en el estado Yaracuy, contra un grupo de activistas de izquierda, y la de El Amparo, en Apure, contra un grupo de campesinos. En marzo de 1987, su gobierno reprimió brutalmente un levantamiento popular y estudiantil en Mérida.
Durante su gobierno fue creada la Oficina de Régimen de Cambio Diferencial (Recadi), institución encargada de administrar la asignación de divisas a precio preferencial. Recadi asignó millones de dólares a empresas estatales para importaciones ficticias, uno de los casos de corrupción más escandalosos del período puntofijista. El abuso de poder por parte de su secretaria privada y compañera sentimental, Blanca Ibáñez, también fue uno de los elementos singulares de su gobierno.
La desastrosa situación económica que dejó su gobierno fue heredada por su sucesor y correligionario, Carlos Andrés Pérez, quien acordó con el Fondo Monetario Internacional y Fedecámaras el paquete de medidas que desencadenaría El Caracazo.
En la década del 90, Lusinchi fue investigado por su responsabilidad en hechos de corrupción que implicaron la utilización de recursos públicos para la adquisición de vehículos para la campaña electoral adeca de Carlos Andrés Pérez. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que llevaban adelante la investigación para ordenar el antejuicio de mérito contra Lusinchi, quien era senador vitalicio, recibieron amenazas de muerte y tres sobres bomba fueron enviadas a dos domicilios y a las instalaciones de la CSJ. En la autoría material de este crimen estuvo involucrado el ex jefe de la Disip, Henry López Sisco. En 1996 la causa judicial contra Lusinchi por el caso de corrupción prescribió. Durante el período chavista se consagró definitivamente la impunidad del ex mandatario.
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