Por: Organizaciones obreras y populares
Nuestro país se encuentra sumido en una aguda crisis económica, política y social. Una gestión económica gubernamental que ha favorecido a la banca privada, a las transnacionales y al gran comercio importador, en desmedro de la mayoría del pueblo, ha devenido en un estrepitoso fracaso que hoy se traduce en escasez, uno de los índices inflacionarios más altos del continente, y un desempleo cada vez mayor. Más allá de los logros en términos de ampliación en la asistencia social en la última década, es inocultable que el descontento de grandes sectores de la población con la debacle económica está en la base de la conflictividad social, que se ha expresado en más de 15 mil protestas en los últimos tres años. Los acuerdos entre el gobierno y Fedecámaras en nombre de la “paz” profundizan el ajuste, incluyendo grandes devaluaciones y aumentos de los precios de los alimentos, y dando su aprobación a la flexibilización laboral y a cientos de despidos tanto en el sector público como en el privado.
Asimismo, el gobierno mantiene una gigantesca nómina de trabajadores contratados y tercerizados. Por otro lado, está el reclamo de los jubilados por la cancelación del bono de alimentación, así como el deterioro del sistema público de salud, agravando la de por sí precaria situación de la mayoría empobrecida de los venezolanos.
Es necesario que todos los sectores organizados del pueblo y los trabajadores salgamos a enfrentar el ajuste y a exigir que la crisis la paguen quienes la generaron: la burocracia corrupta y los empresarios de maletín que se robaron 20 millardos de dólares mediante importaciones fraudulentas, la gerencia de las empresas estatizadas que las ha llevado al desastre, así como los grandes capitales nacionales y transnacionales, que se han beneficiado del festín de la renta petrolera de todos estos años.
Pero además de esta lucha en el terreno económico contra los planes del gobierno y Fedecámaras, tenemos que hacer frente a una regresión muy peligrosa en el terreno de las libertades democráticas. Más de cuatro mil personas se encuentran procesadas judicialmente por participar en protestas, entre ellos más de ciento treinta dirigentes sindicales, como Rubén González de Ferrominera, José Bodas y los nueve petroleros de la refinería de Puerto La Cruz, los trabajadores de la empresa mixta Civetchi, ocho de ellos presos por intentar conformar un sindicato. Además de los innumerables despidos y renuncias forzadas, avaladas por las Inspectorías del Trabajo; como en el sector cementero, centrales azucareros, Petrocasa, y otras empresas estatales.
Entre los perseguidos judicialmente, también se encuentran decenas de dirigentes campesinos, luchadores indígenas de los pueblos wayúu, los yukpa y los pemón; estudiantes y dirigentes comunitarios. Con esta política de criminalización de la protesta, el gobierno pretende maniatar al pueblo trabajador para que no defienda sus derechos por medio de la movilización y así poder tener vía libre para seguir avanzando en un ajuste brutal.
Repudiamos categóricamente la acción represiva del Sebin, la Guardia Nacional Bolivariana, el Cicpc, y los cuerpos parapoliciales que han atacado las recientes manifestaciones, así como las luchas obreras, campesinas e indígenas.
Aunque tenemos diferencias irreconciliables con la MUD, por representar a un sector de la burguesía que disputa el control de la renta petrolera, y no tiene nada que ofrecer a las mayorías populares, -por lo que no participamos en las movilizaciones convocadas por ellos, al no compartir sus propósitos-, consideramos importante defender el derecho a la protesta social y política, pues toda restricción de este derecho forma parte de la misma orientación gubernamental que ya hemos descrito, de ataque a los trabajadores y a los pueblos. Por eso exigimos un decreto presidencial de amnistía que anule los juicios contra las más de cuatro mil personas procesadas por defender sus derechos o participar en protestas, sin distinciones partidistas. Exigimos la conformación de una comisión de la verdad con la participación de organizaciones de DDHH independientes, organizaciones sociales y familiares de las víctimas, que investigue todos los asesinatos, lesiones y torturas del último mes de protestas, para garantizar justicia a las víctimas.
Los pueblos indígenas, en lucha por el autogobierno y sus derechos territoriales, enfrentados a los acuerdos que el gobierno ha realizado con capitales mineros imperialistas en Perijá, La Guajira, Amazonas y Bolívar, han sido víctimas de la violencia militar. En el caso del pueblo wayúu, se denuncia el asesinato de más de 20 indígenas en las últimas semanas. Esta represión debe ser investigada de igual forma y castigados sus ejecutores materiales e intelectuales. En las cárceles y los tribunales no deben estar quienes luchan en defensa de sus derechos, deben estar los altos burócratas y empresarios que desfalcaron los 20 millardos de dólares mediante importaciones fraudulentas, los responsables materiales, intelectuales y políticos de los asesinatos de campesinos, obreros, indígenas y manifestantes, así como los violadores de los derechos humanos.
Los trabajadores y los sectores populares no podemos marchar detrás del gobierno que nos criminaliza y descarga la crisis económica sobre nuestros hombros, en acuerdo con Fedecámaras. Tampoco podemos marchar con la oposición que pretende presentarse ante los trabajadores y el pueblo como una opción para resolver la crisis económica y social de nuestro país. Ni sumarnos a una engañosa campaña por “la salida” que crea la falsa ilusión de que un gobierno de la oposición patronal resolvería los problemas del país. De igual manera rechazamos toda injerencia imperialista en nuestro país. Está claro que debemos y necesitamos movilizarnos de manera independiente, autónoma y clasista para poder enfrentar el paquete económico del gobierno y Fedecámaras, que está contemplado también en el programa económico de la MUD, y al mismo tiempo defender las libertades democráticas. Por eso estamos llamando a todos los trabajadores, los estudiantes, los pueblos indígenas, los campesinos, y a los habitantes de las comunidades populares, a articular nuestras luchas contra la alianza entre Fedecámaras y el gobierno, con plena independencia política. El Encuentro Sindical y Popular del 21 de marzo en Caracas ha sido un paso inicial en esta dirección. En él, hemos acordado realizar encuentros regionales en esta misma perspectiva, para construir la unidad de todas nuestras luchas.
Llamamos a todo el pueblo trabajador a movilizarse para exigir un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la canasta básica oficial que se ajuste periódicamente de acuerdo con la inflación, la eliminación del IVA, el cese de la tercerización y los despidos, cargos fijos para los trabajadores del sector público, cancelación del bono alimenticio a los jubilados y pensionados, el cese de la criminalización de la protesta, libertad plena a los dirigentes sindicales presos y procesados, que se optimice el sistema nacional de salud, que se eliminen los tratados contra la doble tributación que eximen de impuestos a las transnacionales; que se reconozca la autodemarcación de los territorios indígenas y se anulen las concesiones mineras inconsultas en estos territorios; que se suspenda el pago de la deuda externa, que sea nacionalizada la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales; no a la intervención del CNE en los asuntos sindicales; que se derogue el registro sindical de la Lottt, y que salgan las manos de la burocracia corrupta de las empresas básicas y las empresas nacionalizadas, para que sean los trabajadores los que con la gestión democrática de estas empresas recuperen su producción y las pongan en pie nuevamente. Rechazamos el aumento de la gasolina que el gobierno viene preparando.
Al avanzar en la articulación de las luchas será posible ir vislumbrando acciones nacionales de cada vez mayor envergadura, incluyendo la posibilidad de realizar un gran encuentro de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, estudiantes y organizaciones populares que pueda convocar una huelga general y expresar la voz de millones de personas que exigen respeto a sus derechos. El primero de mayo de este año se presenta como una oportunidad para realizar una movilización autónoma, sin compromisos con el gobierno ni con la MUD, y que visibilice nuevamente el clamor de la clase trabajadora, los campesinos, los habitantes de las comunidades populares y los pueblos indígenas en lucha.
¡No al paquetazo de Maduro y Fedecámaras!
¡Aumento general de sueldos y salarios! ¡Escala móvil de salarios!
¡Anulación de los juicios a todos los procesados por protestar!
¡No a los despidos en el sector público y privado!
¡Que la crisis no la pague el pueblo, que la paguen los boliburgueses, las transnacionales y Fedecámaras!
Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Gladys Montenegro, secretaria general de SutraHUC
Osmary Escalona, secretaria general de SitraIVSS-Lara
El Libertario
Wainjirawa
Despolarizando
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