Revolucionaria y Autónoma
En el Colegio de Ingenieros a partir de las 8 am
Si bien Chávez generó grandes esperanzas, las cuales de alguna manera se vieron concretadas en las Misiones, que en sus primeros años beneficiaron a millones de trabajadores y pobladores de las comunidades, hoy vemos como estas se encuentran en crisis, sin presupuesto, y sus trabajadores sin derecho a sindicalizarse ni a contratación colectiva. La realidad es que luego de 15 años de gobiernos de colaboración de clases, primero con Chávez y ahora con Maduro, los grandes beneficiados han sido los empresarios, banqueros, importadores y trasnacionales, mientras que los trabajadores y el pueblo pobre atravesamos por una grave situación social y económica, caracterizada por desabastecimiento, bajos salarios e inflación.
El sector financiero obtiene jugosas ganancias. 33% más en el último trimestre del 2013, según el BCV. El sector telecomunicaciones tiene más de 40 trimestres de continuo crecimiento. Empresas de maletín de boliburgueses y empresarios tradicionales se robaron 20 mil millones de dólares en sobrefacturación e importaciones fraudulentas en el 2012, a través del otorgamiento discrecional de divisas en Cadivi, sin ningún control ni planificación, como el mismo Rafael Ramírez reconoció recientemente.
Mientras tanto, a los trabajadores se les niega la discusión de los contratos colectivos o se incumplen sus cláusulas, como es el caso de los petroleros; no se aumentan los salarios al conjunto de los trabajadores, limitándose sólo a aumentos del salario mínimo por debajo del índice inflacionario; se mantiene a los trabajadores del sector público en la inestabilidad con contratos a tiempo determinado; las empresas de Guayana están en el suelo, y se incumple con sus reivindicaciones, como es el caso de los trabajadores de Sidor, que a finales del año pasado adelantaron una huelga de 3 meses, en contra del sindicato, del partido gobierno y de la burocracia sindical roja, rojita. Asimismo, se criminaliza y persigue a los que luchan, como ha sido el caso de José Bodas y otros 9 petroleros, los trabajadores de Transporte Camila en Guayana, Rubén González de Ferrominera, los trabajadores de Civetchi, así como a cientos de luchadores indígenas, campesinos y sindicales.
A su vez, el gobierno insiste en hacer pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo, aplicando un ajuste a través de la continua devaluación de la moneda, deteriorando aún más los raquíticos salarios existentes en el país.
Ahora, tratando de capear el pavoroso vendaval de la crisis económica, ha optado por tender puentes con el empresariado. Utilizando la fachada de la paz, el gobierno se sienta a dialogar con Lorenzo Mendoza, con Fedecámaras y demás empresarios. Para ello, ya ha instrumentado la Comisión de la Verdad Económica, propuesta por el presidente del Grupo Polar. Esto sin duda, se convertirá en acciones contra el nivel de vida de los más pobres. Uno de los primeros resultados de estos acuerdos es que se aumentó Bs. 40 al kilo de pollo, un incremento del 133%, y se tiene previsto realizar aumentos similares en otros rubros alimenticios.
Asimismo, la implementación del Sicad 2 constituye una nueva devaluación monetaria, superior al 100% que incidirá en la inflación, deteriorando aún más los ingresos reales del pueblo trabajador.
Por su parte, los alcaldes y gobernadores de la MUD están de acuerdo en general con el ajuste. Un ejemplo de ello fue la represión ejercida recientemente por la policía del gobernador de Lara, Henry Falcón, contra un paro de trabajadores de la cervecera Brahma. Están de acuerdo con la devaluación, así como con las empresas mixtas en el sector petrolero. En realidad, los partidos agrupados en la MUD sólo buscan presentarse como alternativa al gobierno, en su afán de disputarle al gobierno el control de la renta petrolera.
A pesar de esta situación descrita, los trabajadores se movilizan en todo el país. Los organismos de derechos humanos que hacen seguimiento a los conflictos dan cuenta de esta realidad. Miles de huelgas, paros y otras formas de lucha se desarrollan en todo el país, siendo los trabajadores, tanto públicos como privados el sector más dinámico y que más se moviliza.
El gran problema es que los trabajadores hemos estado luchando al detal. La movilización ha sido constante pero dispersa. Para desarticular al movimiento obrero y sindical, el gobierno utiliza las Inspectorías del Trabajo y la LOTTT contra los trabajadores. Por otra parte, como en épocas del puntofijismo con la CTV, que estuvo al servicio de los gobiernos de AD-COPEI, hoy la CSBT allana el camino para dividir las luchas de los trabajadores, siendo una correa de transmisión de las políticas gubernamentales en el seno del movimiento obrero.
En C-cura mantenemos nuestro llamado a impulsar la autonomía e independencia de los trabajadores y del pueblo ante el gobierno, los patronos privados y los burócratas sindicales. Hoy cuando el descontento crece entre la población es cada vez más real la exigencia de articular desde las bases las luchas obreras y populares.
Por ello, C-cura, junto a la Unete, el Flec, Fapicuv y Provea, estamos convocando a todos los luchadores a realizar un Encuentro Nacional Sindical y Popular. Para que la crisis no la sigamos pagando las mayorías populares, llamamos a los sindicatos clasistas dispuestos a movilizarse por sus derechos, a las organizaciones comunitarias, estudiantiles y campesinas, así como a los indígenas a concentrarnos en el Colegio de Ingenieros de Caracas el próximo 21 de marzo, a partir de las 8 a.m., con el objetivo de discutir un Plan Económico y Social Alternativo que le dé respuesta desde los trabajadores y el pueblo, a la grave crisis que atravesamos. Partiendo de exigir un aumento general de sueldos y salarios. Que las empresas que desfalcaron al país sean castigadas severamente. Exigimos equiparar el salario mínimo al costo de la canasta básica, eliminar el IVA, eliminar los tratados contra la doble tributación, no al pago de la deuda externa; por la demarcación de los territorios indígenas y la realización de una verdadera reforma agraria; nacionalizar la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales, y rescatar las empresas básicas de Guayana bajo la administración democrática de los trabajadores. Por la derogatoria parcial de la LOTTT, a fin de eliminar el registro sindical impuesto por el gobierno. Asimismo, llamamos al movimiento estudiantil a incorporar estas exigencias a sus movilizaciones, al igual que reivindicaciones como el aumento del presupuesto para la Educación, la democratización del gobierno universitario y la transparencia del gasto presupuestario. En aras de la unidad de los sectores populares buscamos la construcción de una agenda común.
Estas son propuestas preliminares que deben ser enriquecidas al calor del debate, y puestas a prueba presentándolas al conjunto del pueblo venezolano. Es el momento de levantar una propuesta ante la crisis, distinta a la planteada por el gobierno, la MUD y los empresarios.
C-CURA
07/03/2014
En el Colegio de Ingenieros a partir de las 8 am
Si bien Chávez generó grandes esperanzas, las cuales de alguna manera se vieron concretadas en las Misiones, que en sus primeros años beneficiaron a millones de trabajadores y pobladores de las comunidades, hoy vemos como estas se encuentran en crisis, sin presupuesto, y sus trabajadores sin derecho a sindicalizarse ni a contratación colectiva. La realidad es que luego de 15 años de gobiernos de colaboración de clases, primero con Chávez y ahora con Maduro, los grandes beneficiados han sido los empresarios, banqueros, importadores y trasnacionales, mientras que los trabajadores y el pueblo pobre atravesamos por una grave situación social y económica, caracterizada por desabastecimiento, bajos salarios e inflación.
El sector financiero obtiene jugosas ganancias. 33% más en el último trimestre del 2013, según el BCV. El sector telecomunicaciones tiene más de 40 trimestres de continuo crecimiento. Empresas de maletín de boliburgueses y empresarios tradicionales se robaron 20 mil millones de dólares en sobrefacturación e importaciones fraudulentas en el 2012, a través del otorgamiento discrecional de divisas en Cadivi, sin ningún control ni planificación, como el mismo Rafael Ramírez reconoció recientemente.
Mientras tanto, a los trabajadores se les niega la discusión de los contratos colectivos o se incumplen sus cláusulas, como es el caso de los petroleros; no se aumentan los salarios al conjunto de los trabajadores, limitándose sólo a aumentos del salario mínimo por debajo del índice inflacionario; se mantiene a los trabajadores del sector público en la inestabilidad con contratos a tiempo determinado; las empresas de Guayana están en el suelo, y se incumple con sus reivindicaciones, como es el caso de los trabajadores de Sidor, que a finales del año pasado adelantaron una huelga de 3 meses, en contra del sindicato, del partido gobierno y de la burocracia sindical roja, rojita. Asimismo, se criminaliza y persigue a los que luchan, como ha sido el caso de José Bodas y otros 9 petroleros, los trabajadores de Transporte Camila en Guayana, Rubén González de Ferrominera, los trabajadores de Civetchi, así como a cientos de luchadores indígenas, campesinos y sindicales.
A su vez, el gobierno insiste en hacer pagar la crisis a los trabajadores y el pueblo, aplicando un ajuste a través de la continua devaluación de la moneda, deteriorando aún más los raquíticos salarios existentes en el país.
Ahora, tratando de capear el pavoroso vendaval de la crisis económica, ha optado por tender puentes con el empresariado. Utilizando la fachada de la paz, el gobierno se sienta a dialogar con Lorenzo Mendoza, con Fedecámaras y demás empresarios. Para ello, ya ha instrumentado la Comisión de la Verdad Económica, propuesta por el presidente del Grupo Polar. Esto sin duda, se convertirá en acciones contra el nivel de vida de los más pobres. Uno de los primeros resultados de estos acuerdos es que se aumentó Bs. 40 al kilo de pollo, un incremento del 133%, y se tiene previsto realizar aumentos similares en otros rubros alimenticios.
Asimismo, la implementación del Sicad 2 constituye una nueva devaluación monetaria, superior al 100% que incidirá en la inflación, deteriorando aún más los ingresos reales del pueblo trabajador.
Por su parte, los alcaldes y gobernadores de la MUD están de acuerdo en general con el ajuste. Un ejemplo de ello fue la represión ejercida recientemente por la policía del gobernador de Lara, Henry Falcón, contra un paro de trabajadores de la cervecera Brahma. Están de acuerdo con la devaluación, así como con las empresas mixtas en el sector petrolero. En realidad, los partidos agrupados en la MUD sólo buscan presentarse como alternativa al gobierno, en su afán de disputarle al gobierno el control de la renta petrolera.
A pesar de esta situación descrita, los trabajadores se movilizan en todo el país. Los organismos de derechos humanos que hacen seguimiento a los conflictos dan cuenta de esta realidad. Miles de huelgas, paros y otras formas de lucha se desarrollan en todo el país, siendo los trabajadores, tanto públicos como privados el sector más dinámico y que más se moviliza.
El gran problema es que los trabajadores hemos estado luchando al detal. La movilización ha sido constante pero dispersa. Para desarticular al movimiento obrero y sindical, el gobierno utiliza las Inspectorías del Trabajo y la LOTTT contra los trabajadores. Por otra parte, como en épocas del puntofijismo con la CTV, que estuvo al servicio de los gobiernos de AD-COPEI, hoy la CSBT allana el camino para dividir las luchas de los trabajadores, siendo una correa de transmisión de las políticas gubernamentales en el seno del movimiento obrero.
En C-cura mantenemos nuestro llamado a impulsar la autonomía e independencia de los trabajadores y del pueblo ante el gobierno, los patronos privados y los burócratas sindicales. Hoy cuando el descontento crece entre la población es cada vez más real la exigencia de articular desde las bases las luchas obreras y populares.
Por ello, C-cura, junto a la Unete, el Flec, Fapicuv y Provea, estamos convocando a todos los luchadores a realizar un Encuentro Nacional Sindical y Popular. Para que la crisis no la sigamos pagando las mayorías populares, llamamos a los sindicatos clasistas dispuestos a movilizarse por sus derechos, a las organizaciones comunitarias, estudiantiles y campesinas, así como a los indígenas a concentrarnos en el Colegio de Ingenieros de Caracas el próximo 21 de marzo, a partir de las 8 a.m., con el objetivo de discutir un Plan Económico y Social Alternativo que le dé respuesta desde los trabajadores y el pueblo, a la grave crisis que atravesamos. Partiendo de exigir un aumento general de sueldos y salarios. Que las empresas que desfalcaron al país sean castigadas severamente. Exigimos equiparar el salario mínimo al costo de la canasta básica, eliminar el IVA, eliminar los tratados contra la doble tributación, no al pago de la deuda externa; por la demarcación de los territorios indígenas y la realización de una verdadera reforma agraria; nacionalizar la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales, y rescatar las empresas básicas de Guayana bajo la administración democrática de los trabajadores. Por la derogatoria parcial de la LOTTT, a fin de eliminar el registro sindical impuesto por el gobierno. Asimismo, llamamos al movimiento estudiantil a incorporar estas exigencias a sus movilizaciones, al igual que reivindicaciones como el aumento del presupuesto para la Educación, la democratización del gobierno universitario y la transparencia del gasto presupuestario. En aras de la unidad de los sectores populares buscamos la construcción de una agenda común.
Estas son propuestas preliminares que deben ser enriquecidas al calor del debate, y puestas a prueba presentándolas al conjunto del pueblo venezolano. Es el momento de levantar una propuesta ante la crisis, distinta a la planteada por el gobierno, la MUD y los empresarios.
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