Luis Fuenmayor Toro
La Razón, pp A-6,
21-7-2012, Caracas
Ya hasta molesta cada vez que algún burócrata gubernamental, llámese ministro o como se llame, afirma que este es un gobierno “obrerista”, queriendo posiblemente decir gobierno obrero o al servicio de los obreros. Lo mismo cuando alguno otro, desde el Presidente para abajo, hablan de la corrupción y de su ejemplar castigo, porque éste es el gobierno de la honestidad. A algunos les provocará risa, y no los critico, pero el cinismo y las consecuencias son demasiado grandes para reírse. Pero el colmo de los colmos es que haya quienes todavía se atrevan a afirmar y a defender, sin rubor ninguno, que esto es una revolución, que es socialismo y que es bolivariana. Ofenden y difaman a gente muy seria y muy estudiosa del pasado y a verdaderos próceres, cuya obra está más que a la vista, al tratar de compararse y manipular a la gente con estas demagógicas y mentirosas afirmaciones.
Ya hasta molesta cada vez que algún burócrata gubernamental, llámese ministro o como se llame, afirma que este es un gobierno “obrerista”, queriendo posiblemente decir gobierno obrero o al servicio de los obreros. Lo mismo cuando alguno otro, desde el Presidente para abajo, hablan de la corrupción y de su ejemplar castigo, porque éste es el gobierno de la honestidad. A algunos les provocará risa, y no los critico, pero el cinismo y las consecuencias son demasiado grandes para reírse. Pero el colmo de los colmos es que haya quienes todavía se atrevan a afirmar y a defender, sin rubor ninguno, que esto es una revolución, que es socialismo y que es bolivariana. Ofenden y difaman a gente muy seria y muy estudiosa del pasado y a verdaderos próceres, cuya obra está más que a la vista, al tratar de compararse y manipular a la gente con estas demagógicas y mentirosas afirmaciones.
Los hechos. ¿Honesto? Del SITME se esfumaron 20 mil millones de dólares entregados por ladrones rojos rojitos a empresas de maletín constituidas fraudulentamente por otros delincuentes. Un fraude gigantesco contra el erario público. Un robo a todos los venezolanos por un grupo de personas de quienes ni siquiera sus nombres se conocen. En proyectos fantasmas se dilapidaron más de cien mil millones de dólares de FONDEN, sin que los administradores responsables de esta entidad hayan dado explicación ninguna y sin que nadie se las haya pedido. En EEUU detienen a una alta gerente de BANDES por el manejo fraudulento de dólares con empresas estadounidenses y el cobro de comisiones gigantescas. Nadie investiga en Venezuela; la Asamblea Nacional, tan dada a buscar a los rateros que hay en la oposición, no se interesa en los grandes ladrones del gobierno.
La grave corrupción existente en las empresas básicas, en las que está implicado el gobernador del estado Bolívar, hombre de confianza del finado Hugo Chávez; los hechos que se investigan en Guárico, donde un ex gobernador y todo su equipo han sido acusados y detenidos por sustraer al fisco Bs. 50 mil millones; 4 quiebras calladas del Banco Industrial de Venezuela sin explicación ninguna; el desfalco de 84 millones de dólares en el Fondo Chino, para ser depositados en Suiza y Portugal; los hechos delictivos graves vistos y planificados en nuestras cárceles, que salieron a la luz a raíz de las trágicas acciones de violencia, que durante meses se sucedieron en todos los penales y en donde están envueltos funcionarios de la Guardia Nacional y del sistema penitenciario; los casos graves del SENIAT, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de las aldeas universitarias, entre muchos otros.
¿Gobierno obrero y popular? Criminalizar la protesta es una incongruencia en la actuación de un gobierno de los trabajadores. No sólo se trata de la dispersión ilegal y algunas veces violenta de manifestaciones pacíficas, sino de la aplicación de la Ley Antiterrorista a quienes participan en éstas. Provea viene refiriendo casos de detenciones, malos tratos y torturas de manifestantes en distintos sitios del país. Pero los casos más abominables lo constituyen la intervención de grupos de choque gubernamentales, organizados y armados, que actúan dispersando violentamente y aterrorizando a personas desarmadas que actúan sin violencia ninguna. Sólo los fanáticos son capaces de excusar estas actuaciones, sin contar por supuesto a los integrantes de la macolla gubernamental que se beneficia de los engaños. Lo peor es la excusa que se da: “en el pasado adecocopeyano era peor”.
El trato recibido por dirigentes y trabajadores de las empresas básicas de Guayana es muy aleccionador en relación con la naturaleza no obrera del gobierno nacional. No sólo se trata de la total inacción de las inspectorías del trabajo, que en forma cómplice permiten la violación de los derechos de los trabajadores, ni de la utilización aberrante de la figura del amparo judicial contra las acciones de protesta obrera, hecho por cierto utilizado también contra la huelga de los profesores y estudiantes universitarios, sino de la detención, juicio y encarcelamiento por largos períodos de luchadores sociales y de dirigentes sindicales, acusados de cometer delitos por simplemente actuar en defensa de los derechos de los asalariados. Son más de 3.000 las personas sometidas a juicio por participar en alguna forma de protesta social.
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Muy graves: la reforma del Código Penal, que incluye como delitos acciones ordinarias utilizadas en las luchas sindicales y en las protestas populares, penalizándolas con 4 a 16 años de prisión; la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que crea las llamadas “zonas de seguridad” en las ciudades y en las vecindades de complejos industriales y militares, con un área que alcanza más de un 30 por ciento del territorio nacional; la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que genera las unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas; la aprobación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, todo un tejido jurídico restrictivo de las movilizaciones populares, las luchas sindicales y las protestas sociales en general.
Además del caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de FERROMINERA, condenado luego de 17 meses de reclusión a casi 8 años de prisión, sentencia que tuvo que ser anulada, pero el proceso fue reabierto para mantener la amenaza, están los casos de 76 trabajadores con expedientes en el circuito penal de Ciudad Guayana, 6 trabajadores de PDVSA-Gas, 3 ex dirigentes sindicales y 7 trabajadores de SUTISS con régimen de presentación, que sumados a otros casos da un total de unos 150 trabajadores sometidos a juicios penales. Lo relatado es una muestra evidente de que el actual gobierno es obrero sólo en el discurso y la propaganda. Podemos añadir el despido de 500 empleados del Ministerio de Finanzas, de 200 personas de la Owen Illinois luego de ocupada por el Gobierno y el asesinato de unos 300 sindicalistas en los últimos cinco años.
¿Revolucionario? ¿Cuál revolución hemos tenido? Un Estado que vive de una renta y no de la producción de grandes riquezas, por obreros, técnicos e ingenieros, muy capacitados y entrenados laborando en poderosas industrias, está lejísimo de ser socialista. Un gobierno que entrega la propiedad de sus activos petroleros a poderosas transnacionales, en contratos secretos firmados de espaldas a la población, más lejos aún de ser socialista y revolucionario. Un gobierno que resuelve las controversias surgidas en sus contratos con empresas extranjeras en tribunales del exterior o en organismos internacionales, no es revolucionario, ni socialista; ni siquiera es patriótico. Sin desarrollo de las fuerzas productivas no puede existir ni revolución ni socialismo, ni verdadera patria, escasamente alcanza para ser un país pobre, subdesarrollado, muy dependiente, sin soberanía real y sin control de su destino.
Y no estoy hablando del cambio del modo de producción para hablar de revolución. Estoy simplemente pensando en un cambio trascendental. No lo ha habido en ningún sector de la vida social del país. Sé que estas afirmaciones no gustan o producen disgusto en quienes quieren al gobierno, como no les gusta a los hijos que alguien desnude objetivamente los defectos de sus padres. Pero sólo con el cariño y la emoción que tengamos no se transforma el llamado “proceso” en revolución. La agroproducción está en el suelo, el parque industrial no sólo no ha crecido sino que se ha contraído, importamos absolutamente todo, sólo exportamos petróleo, dólares y corruptos; los hospitales están como en el pasado para decir lo menos, la salud en pésimo estado a pesar de las campañas, no de vacunación sino propagandísticas; no existe el saneamiento ambiental, las basuras nos sepultan.La inseguridad personal se ha elevado, no se controla la inflación, sigue la devaluación monetaria, la corrupción campea, existe un déficit fiscal considerable, la conducta ciudadana deja mucho que desear, el deterioro de la calidad educativa se refleja hasta en el alto gobierno, la ineficacia del aparato gubernamental es mayor que nunca, las protestas sociales se multiplican, el sistema judicial no sirve, la impunidad despunta, la carencia de viviendas es mayor que en los inicios del primer gobierno de Chávez, el capital financiero sigue obteniendo gigantescas ganancias, los servicios urbanos se desploman, el déficit eléctrico casi nos paraliza y la delincuencia nos propina derrota tras derrota.
La revolución sólo está en la propaganda y el discurso demagógico gubernamentales, así como en la cabeza de los fanáticos víctimas de los mismos. El socialismo y el comunismo sólo existen en las mentes obtusas de la oposición de la MUD, pero más nada. Sólo las elecciones interesan y todo se hace, desde el gobierno y desde la oposición de la MUD, en función de las mismas. La suerte de la nación venezolana parece no interesarles.
La Razón, pp A-6, 21-7-2012, Caracas
La grave corrupción existente en las empresas básicas, en las que está implicado el gobernador del estado Bolívar, hombre de confianza del finado Hugo Chávez; los hechos que se investigan en Guárico, donde un ex gobernador y todo su equipo han sido acusados y detenidos por sustraer al fisco Bs. 50 mil millones; 4 quiebras calladas del Banco Industrial de Venezuela sin explicación ninguna; el desfalco de 84 millones de dólares en el Fondo Chino, para ser depositados en Suiza y Portugal; los hechos delictivos graves vistos y planificados en nuestras cárceles, que salieron a la luz a raíz de las trágicas acciones de violencia, que durante meses se sucedieron en todos los penales y en donde están envueltos funcionarios de la Guardia Nacional y del sistema penitenciario; los casos graves del SENIAT, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de las aldeas universitarias, entre muchos otros.
¿Gobierno obrero y popular? Criminalizar la protesta es una incongruencia en la actuación de un gobierno de los trabajadores. No sólo se trata de la dispersión ilegal y algunas veces violenta de manifestaciones pacíficas, sino de la aplicación de la Ley Antiterrorista a quienes participan en éstas. Provea viene refiriendo casos de detenciones, malos tratos y torturas de manifestantes en distintos sitios del país. Pero los casos más abominables lo constituyen la intervención de grupos de choque gubernamentales, organizados y armados, que actúan dispersando violentamente y aterrorizando a personas desarmadas que actúan sin violencia ninguna. Sólo los fanáticos son capaces de excusar estas actuaciones, sin contar por supuesto a los integrantes de la macolla gubernamental que se beneficia de los engaños. Lo peor es la excusa que se da: “en el pasado adecocopeyano era peor”.
El trato recibido por dirigentes y trabajadores de las empresas básicas de Guayana es muy aleccionador en relación con la naturaleza no obrera del gobierno nacional. No sólo se trata de la total inacción de las inspectorías del trabajo, que en forma cómplice permiten la violación de los derechos de los trabajadores, ni de la utilización aberrante de la figura del amparo judicial contra las acciones de protesta obrera, hecho por cierto utilizado también contra la huelga de los profesores y estudiantes universitarios, sino de la detención, juicio y encarcelamiento por largos períodos de luchadores sociales y de dirigentes sindicales, acusados de cometer delitos por simplemente actuar en defensa de los derechos de los asalariados. Son más de 3.000 las personas sometidas a juicio por participar en alguna forma de protesta social.
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Muy graves: la reforma del Código Penal, que incluye como delitos acciones ordinarias utilizadas en las luchas sindicales y en las protestas populares, penalizándolas con 4 a 16 años de prisión; la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que crea las llamadas “zonas de seguridad” en las ciudades y en las vecindades de complejos industriales y militares, con un área que alcanza más de un 30 por ciento del territorio nacional; la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que genera las unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas; la aprobación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, todo un tejido jurídico restrictivo de las movilizaciones populares, las luchas sindicales y las protestas sociales en general.
Además del caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de FERROMINERA, condenado luego de 17 meses de reclusión a casi 8 años de prisión, sentencia que tuvo que ser anulada, pero el proceso fue reabierto para mantener la amenaza, están los casos de 76 trabajadores con expedientes en el circuito penal de Ciudad Guayana, 6 trabajadores de PDVSA-Gas, 3 ex dirigentes sindicales y 7 trabajadores de SUTISS con régimen de presentación, que sumados a otros casos da un total de unos 150 trabajadores sometidos a juicios penales. Lo relatado es una muestra evidente de que el actual gobierno es obrero sólo en el discurso y la propaganda. Podemos añadir el despido de 500 empleados del Ministerio de Finanzas, de 200 personas de la Owen Illinois luego de ocupada por el Gobierno y el asesinato de unos 300 sindicalistas en los últimos cinco años.
¿Revolucionario? ¿Cuál revolución hemos tenido? Un Estado que vive de una renta y no de la producción de grandes riquezas, por obreros, técnicos e ingenieros, muy capacitados y entrenados laborando en poderosas industrias, está lejísimo de ser socialista. Un gobierno que entrega la propiedad de sus activos petroleros a poderosas transnacionales, en contratos secretos firmados de espaldas a la población, más lejos aún de ser socialista y revolucionario. Un gobierno que resuelve las controversias surgidas en sus contratos con empresas extranjeras en tribunales del exterior o en organismos internacionales, no es revolucionario, ni socialista; ni siquiera es patriótico. Sin desarrollo de las fuerzas productivas no puede existir ni revolución ni socialismo, ni verdadera patria, escasamente alcanza para ser un país pobre, subdesarrollado, muy dependiente, sin soberanía real y sin control de su destino.
Y no estoy hablando del cambio del modo de producción para hablar de revolución. Estoy simplemente pensando en un cambio trascendental. No lo ha habido en ningún sector de la vida social del país. Sé que estas afirmaciones no gustan o producen disgusto en quienes quieren al gobierno, como no les gusta a los hijos que alguien desnude objetivamente los defectos de sus padres. Pero sólo con el cariño y la emoción que tengamos no se transforma el llamado “proceso” en revolución. La agroproducción está en el suelo, el parque industrial no sólo no ha crecido sino que se ha contraído, importamos absolutamente todo, sólo exportamos petróleo, dólares y corruptos; los hospitales están como en el pasado para decir lo menos, la salud en pésimo estado a pesar de las campañas, no de vacunación sino propagandísticas; no existe el saneamiento ambiental, las basuras nos sepultan.La inseguridad personal se ha elevado, no se controla la inflación, sigue la devaluación monetaria, la corrupción campea, existe un déficit fiscal considerable, la conducta ciudadana deja mucho que desear, el deterioro de la calidad educativa se refleja hasta en el alto gobierno, la ineficacia del aparato gubernamental es mayor que nunca, las protestas sociales se multiplican, el sistema judicial no sirve, la impunidad despunta, la carencia de viviendas es mayor que en los inicios del primer gobierno de Chávez, el capital financiero sigue obteniendo gigantescas ganancias, los servicios urbanos se desploman, el déficit eléctrico casi nos paraliza y la delincuencia nos propina derrota tras derrota.
La revolución sólo está en la propaganda y el discurso demagógico gubernamentales, así como en la cabeza de los fanáticos víctimas de los mismos. El socialismo y el comunismo sólo existen en las mentes obtusas de la oposición de la MUD, pero más nada. Sólo las elecciones interesan y todo se hace, desde el gobierno y desde la oposición de la MUD, en función de las mismas. La suerte de la nación venezolana parece no interesarles.
La Razón, pp A-6, 21-7-2012, Caracas
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