Prensa Provea
El proceso judicial, que fue iniciado por la Fiscalía General contra las organizaciones Provea y Homo et Natura, pretendió criminalizar la solidaridad que las dos ONG durante años han mantenido con los justos reclamos del pueblo Yukpapor la demarcación adecuada de las tierras y por mejores condiciones de vida.
Se pretendió entonces criminalizar la protesta pacífica Yukpa y en particular su cosmovisión como pueblo al calificar como atentado contra los derechos de los niños y niñas Yukpa el hecho de que participen junto a sus padres y madres en las exigencias de derecho como pueblo
El juez del Tribunal Primero de Juicio de la circunscripción judicial de niños, niñas y adolescentes del Área Metropolitana de Caracas consideró que se produjo un decaimiento de la acción jurídica presentada por el Ministerio Público considerando que la misma había sido solicitada por Homo et Natutra y Provea, por lo que en el día de hoy dicho planteamiento igualmente lo asumió el Ministerio público, es decir, no tenía sentido dictar sentencia sobre una acción de protección a niños y niñas Yukpas cuando ya hace dos años y medio habían retornado a su hábitat.
Se pretendió entonces criminalizar la protesta pacífica Yukpa y en particular su cosmovisión como pueblo al calificar como atentado contra los derechos de los niños y niñas Yukpa el hecho de que participen junto a sus padres y madres en las exigencias de derecho como pueblo.
Lo que sí ratificaron las organizaciones es que el Ministerio Público debería emprender una acción de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes Yukpas, que a la fecha de hoy viven en extremas condiciones de pobreza, tan es así que dos nietos del Cacique Yukpa Sabino Romero han muerto a causa de la desnutrición. Y además, señalaron las ONG, mientras no se realice la demarcación de tierras se continuará obstaculizando las posibilidades del desarrollo económico y social del pueblo Yukpa.
En el juicio de hoy estuvieron presentes: Zenaida Romero (hija de Sabino Romero) y Carmen Romero, dos indígenas Yukpas que actuarían como testigos reivindicando el derecho de las mujeres Yukpas a participar en la vida económica, social y política del país dándole protección a sus niños y niñas.
Aunque el juicio finalizó sin que el Ministerio Público pudiera lograr su objetivo, queda un precedente antidemocrático al demostrar, una vez más, el empeño de esta institución en criminalizar la protesta y en este caso en particular su empeño en criminalizar un valor fundamental de cualquier sociedad como es la solidaridad.
Provea y Sociedad Homo et Natura seguirán apoyando la lucha del pueblo Yukpa y su exigencia para la demarcación de tierras. Petición que no ha sido cumplida por el Estado. Y que por esta razón fue asesinado el Cacique Sabino Romero, caso por el cual Provea ha exigido y sigue exigiendo una investigación expedita y transparente.
Como se recordará estas dos organizaciones fueron llevadas a juicio por apoyar una protesta indígena Yukpa frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de julio del año 2010, donde se encontraban niños, niñas y adolescentes Yukpas, debido a que las comunidades indígenas se movilizan en familia.
Como consecuencia de esta movilización, en fecha 27 de julio de 2010, fue introducida una acción de protección por el abogado Ramón Liscano, actuando en su carácter de Fiscal Centésimo Sexto (106 º) del Ministerio Público, a favor del grupo de niños, niñas y adolescentes que formaban parte de la concentración a las afueras del TSJ.
El fiscal solicitó que los niños, niñas y adolescentes fueran devueltos al “ambiente propio de su cultura” y que se estableciera la responsabilidad de la Sociedad Homo Et Natura y Provea por el presunto traslado ilícito de los mismos a los fines de ser utilizados en una protesta en la cual no tenían un interés legítimo, llegando incluso a afirmar la utilización de los mismos como “escudos humanos” entorpeciendo así las actividades del TSJ.
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