El Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (Provea) expresa su preocupación que ante la falta de
información veraz y oportuna, como lo establece la Constitución, no se
estén tomando todas las medidas pertinentes para limitar los daños a la
naturaleza, atender a las poblaciones rurales y urbanas afectadas por el
derrame y resguardar la salud de los trabajadores de la industria petrolera,
así como los diferentes voluntarios y voluntarias que se han sumado a la tarea
de contener la contaminación. Denuncias realizadas a Provea por habitantes de
la zona afectada aseguran que de manera improvisada, ante la magnitud de la
catástrofre, las autoridades han contratado de manera improvisada a pobladores
del sector, sin dotarlos de los necesarios implementos de seguridad, para
trabajar en la limpieza del rio Guarapiche. Esta medida vulnera los derechos
laborales de las personas contratadas y los expone a diferentes riesgos para su
salud.
Provea ha consultado a trabajadores petroleros
de la zona acerca de las causas del accidente, los cuales aseguran que el mismo
es producto de la ausencia de medidas de mantenimiento preventivo y correctivo
en las instalaciones de la industria. Situación que genera el riesgo que en
otras zonas del país pueda repetirse el desastre ecológico que hoy afecta al
estado Monagas.
Provea exige a los poderes públicos
1.- Realizar una investigación
transparente acerca de las causas del derrame, lo cual permita tomar las medidas
necesarias para evitar que un hecho similar pueda ocurrir en otras partes del
país. Como lo ha venido registrando Provea en su Informe Anual, la compañía
estatal de petróleos no ha tomado todas las medidas necesarias para disminuir
el impacto de su actividad tanto en el medio ambiente como en las comunidades
rurales e indígenas aledañas a los yacimientos. Por otra parte, diferentes
señalamientos señalan la afectación de diferentes cosechas de alimentos
pertenecientes a pequeños y medianos productores.
2.- En este sentido también exigimos PDVSA
informe a la población venezolana sobre las dimensiones de los daños causados,
las medidas inemdidatas y a mediano plazo que implementará para atender la
situación en el estado Monagas.
3.- El pago oportuno y adecuado de indemnizaciones materiales para los afectados
y afectadas.
4.- Realice en lo inmediato una
evaluación de todo el sistema de gaseoducto instalado en el país para prevenir
se pueda repetir el accidente.
5.- Se abstenga de utilizar personal de
la empresa o de las comunidades para asumir tareas ante la emergencia sin
garantizar el instrumental adecuado para evitar daños a la salud. Además,
solicitamos que se garantice las condiciones de salud y seguridad ocupacional
de acuerdo a la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y que se reduzca
eficazmente los niveles de exposición del personal contratado para atender la
contingencia, acatando las normas que regulan la materia por ser el producto
derramado altamente tóxico
Finalmente
expresamos que el accidente deja ver la vulnerabilidad de la industria de
extracción de recursos energéticos y minerales del país y las potenciales
violaciones al derecho al ambiente santo si la compañía no trabaja con los estándares
de seguridad necesarios. Además revela la ausencia de proyectos de país
diferentes al desarrollo promovido por la profundización de la economía minera
primario-exportadora, discusión que en otros países de la región ocupa parte de
las reflexiones tanto de las autoridades como de los activistas sociales.
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