Por: Rafael
Uzcátegui (Provea)
El gobierno
del presidente Hugo Chávez generó grandes expectativas al anunciar, en
diferentes momentos, la restitución de la retroactividad de las prestaciones
sociales como parte de una serie de medidas para fortalecer las condiciones
laborales en el país. De hecho, uno de los cuestionamientos de sus voceros y
voceras a la ofensiva neoliberal, experimentada por nuestro país en la década
de los años noventa, fue el desmontaje del sistema de seguridad social de
nuestros trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, 12 años después estas
críticas aún no se traducen en hechos concretos.
En 1999 la
redacción de la nueva Constitución establecía, en su Disposición Transitoria
Cuarta, que debía realizarse en un tiempo perentorio la reforma de la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT) que cristalizara, entre otros aspectos, las promesas
realizadas a la masa laboral del país. Hasta el día de hoy esta reforma no se
ha realizado y constituye, junto con otras leyes pendientes, el incumplimiento
de la Carta Magna por parte de la Asamblea Nacional. Durante toda la década, en
diferentes momentos, diputados y diputadas han anunciado la inminente
aprobación de dicha reforma, pero además de las declaraciones son pocos los
pasos que se adelantan.
No solamente
existe el incumplimiento de obligaciones constitucionales, sino que el propio
Ejecutivo manda señales contradictorias acerca de las medidas a implementarse
para garantizar los derechos laborales. El pasado 1 de mayo, durante su
alocución en la marcha de trabajadores del sector público, el primer mandatario
afirmó: “Yo creo que en este momento no es conveniente reducir la jornada
laboral. Trabajemos bien trabajadas ocho horas al día”. De esta manera el
presidente Chávez contradecía la voluntad que había manifestado en su
iniciativa de reforma constitucional, votada en el 2007, en la cual proponía la
reducción de la jornada laboral. En aquel momento colocó para la votación
popular que la jornada de trabajo diurna no debería exceder de seis horas
diarias ni de treinta y seis horas semanales y la nocturna exceder de seis
horas diarias ni de treinta y cuatro semanales. En aquel momento la iniciativa
protagonizó los avisos publicitarios que difundían las bondades de la reforma,
afirmando que aquella conquista por la vía electoral constituiría una “victoria
obrera”.
Las palabras del presidente no sólo son contrapuestas con lo dicho años atrás, sino que también ignoran lo establecido en la propia Constitución, la cual obliga a tomar todas las medidas necesarias para reducir progresivamente la jornada laboral.
El Partido
Comunista de Venezuela (PCV), uno de los partidos aliados del gobierno, ha
mantenido una posición favorable a la reducción. En su sitio web apuntan que
como beneficios de dicha medida se encuentran: “subyugaría las enfermedades
ocupacionales, mejoraría la salud de los trabajadores, permitiría aumentar los
rendimientos académicos de los alumnos que trabajan, disminuiría el stress,
mejoraría la educación, facilitaría el tiempo para que el proletariado se
desarrollase polifacéticamente en áreas como las artes, el deporte, los
estudios etc. La reducción de la jornada haría que muchos desempleados pudieran
trabajar y se pudiese relanzar la producción de bienes y servicios con más alto
estímulo y potencia. Se podrían emplear 2 ó 4 turnos de 6 horas, y muchas más
personas tuvieran un trabajo menos agotador y destructivo”.
Cualquier
modificación a la LOT debería incluir, por tanto, la disminución de las horas
trabajadas por la masa laboral venezolana. Asimismo, la reforma debe incluir
también la retroactividad de las prestaciones sociales.
Quienes
integraron el parlamento en la última década eludieron el tema. No quisieron
saber nada de retroactividad. La dirigencia política del país tampoco. En un
extraño consenso, voceros del oficialismo y la oposición realizaron un pacto de
silencio sobre el tema. El problema es que, igualmente, existe un mandato
constitucional. Guste o no debe cumplirse. La retroactividad le fue arrebata a
la masa laboral del país en 1997 con la promesa que con ello se garantizaría
pleno empleo. La historia demostró que una vez más se engañó a los
trabajadores. Constituyó, en cambio, un acto de regresividad de los derechos
laborales.
Lo que se ha
conocido públicamente sobre las razones del estancamiento es que unos de los
puntos más polémicos y que genera duros enfrentamientos en sectores afines al
gobierno es el tema de las prestaciones.
Los más
consecuentes en la defensa de los intereses de la masa laboral no aceptan
negociación en cuanto a la retroactividad. Otro sector afirma que no existen
condiciones para su implantación porque implicaría incrementar
significativamente los altos pasivos laborales del Estado. Quieran o no el
mandato constitucional es claro. Los años pasan y no se cumple ni con la
Constitución ni con los trabajadores y trabajadoras. Cualquier reforma a la LOT
que omita esta dimensión es mantener, por la vía de los hechos, las políticas
regresivas que retóricamente se cuestionan del pasado.
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