Debate: Relación entre empleo, economía y política

Un empleo de calidad depende de factores externos a la realidad
de la empresa, entre ellos, el contexto económico del país 

Héctor Lucena 

hector.lucena@gmail.com

Para quienes viven de su trabajo, la amplia mayoría de la población, las opciones que ofrece el mercado laboral son las de ingresar en una empresa privada, o en el empleo público, o hacerse de su propio empleo por vía de un emprendimiento, o en una muy pequeña proporción, formar parte de la economía social, en donde destacan las cooperativas. Este conglomerado de personas son las que constituyen los trabajadores y su movimiento.

El empleo mayoritario se ubica en el sector privado, aunque en los años de la revolución bolivariana el empleo público creció vertiginosamente, pero aun así el empleo privado sigue siendo el más numeroso. En cuanto al empleo por cuenta propia, en donde se ubica el emprendimiento, aquí hay que distinguir aquellos que logran un nivel de actividad económica que le da a los emprendedores ingresos suficientes para el sustento familiar, y en algunos casos hasta para acumular, y por otro lado los que no lo logran y se mantienen en el amplio espectro de la informalidad y la precariedad.

De todos modos, en el empleo para entes públicos y empleadores privados también existen los empleos precarios, ya sea por la inseguridad en el sentido de no tener continuidad, por el bajo nivel de ingresos, o porque los empleadores no le satisfacen las tutelas establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social.

En la historia de la legislación social venezolana ha habido una sostenida sensibilidad por la protección del empleo; desde los inicios de penalizar económicamente al empleador que injustificadamente le quita el empleo a un trabajador -la creación del pago doble- hasta la estabilidad absoluta de los últimos tiempos. Sin embargo, algunas limitaciones no han permitido que haya habido la debida correspondencia entre la letra escrita y la realidad.

Empleo y economía

A pesar del justo derecho al trabajo y su debida protección no hay que olvidar a la economía. Lo primero no es sustentable sin esta última. Hay que vincular empleo y economía. Quienes gobiernan son ilusos si no tienen presente esta relación. En el fondo son irresponsables. Crear y proteger empleos no es sólo un hecho político y social, también es un hecho económico. Es por lo que la mayor protección del empleo, tanto en su creación y permanencia como en su calidad, la brinda un contexto en donde exista una economía estable y productiva. Cuando el gobernante no acierta en esta construcción está labrando el camino para la no creación de empleos, para no ofrecer su continuidad y para desmejorar su calidad, independientemente de cuantas regulaciones elabore.

Quienes han perdido sus esperanzas en conseguir un buen empleo o mantener su emprendimiento, muchos de ellos optaron por irse del país. Es una consecuencia fundamentalmente de cómo funciona el mercado laboral. Se sabe que problemas de inseguridad y políticos agregan razones, pero lo principal es lo señalado inicialmente.

Hoy la canasta alimentaria que publica mensualmente el Cendas-FVM alcanza para agosto la cantidad de 383.925,20 bolívares mensuales para una familia de cinco miembros: cerca de veinte salarios mínimos. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dejó de publicar este dato esencial para el trabajador y para la economía en general. Esta realidad precariza casi absolutamente todo el empleo público y privado, y buena parte de quienes tienen autoempleo. Ante esta realidad cabe plantearse qué papel juegan las regulaciones como la estabilidad absoluta. Es lo que subrayamos al destacar la brecha entre el papel y la realidad.

Este hecho que muestra al gobernante sin la capacidad para gestionar y liderar que la economía funcione debidamente, lleva al trabajador a desarrollar diversas estrategias personales, familiares, comunitarias, políticas y como clase trabajadora a buscar alternativas para su sobrevivencia.

Política de subsistencia

Entre esas alternativas se tienen que cada miembro de la familia se ve en la necesidad de buscar ingresos, ya no solo alcanzan los del proveedor principal, sino que se agregan los de otros miembros familiares, en algunos casos, sacrificando la atención de los niños y al hogar. También, el que tiene un empleo reduce su atención a las obligaciones que el mismo le impone para procurar los bienes esenciales para su subsistencia. La escasez impone destinar tiempo del descanso personal, de la convivencia familiar y de la ejecución del empleo, todo en la gestión de los bienes. También se multiplican las redes de distribución paralelas a los establecimientos formales del comercio que fijan precios varias veces por encima de lo regulado. Tanto la atención al empleo o a la actividad que da el ingreso, como el uso del tiempo, se constituyen en situaciones anómalas e irregulares que ahondan el deterioro de actividades productivas y generan zozobra en las personas, y en general, en las familias y comunidades.

Las personas gradualmente se han venido organizando en sus comunidades para sobrellevar las penurias que imponen las consecuencias de las políticas económicas desacertadas. En un principio, el llamado poder comunal lo estableció el régimen como un aparato dirigido desde el propio gobierno, pero ya una buena parte de los consejos comunales creados desde arriba viven penurias, que se dan cuenta que en la medida que sean instrumentos dóciles del poder los problemas no se resuelven, sino que, por el contrario, se ahondan.

Es este contexto, que tiene que ver con el empleo, el ingreso, la subsistencia, el que dio lugar a la masiva emigración de venezolanos formados y dotados de plenas capacidades productivas, que hace que los que aquí perseveran cotidianamente, luchando entre su empleo público o privado, o por cuenta propia, haciendo los esfuerzos sobrehumanos que sólo buscan estirar su ingreso y sobrevivir, y combinarlo con acciones ya en el orden ciudadano y político de promover que el gobernante que no acierte en la conducción, se ejerza el derecho de sustituirlo por otra alternativa que pueda hacerlo con más acierto para la amplia población trabajadora.