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| El abandono de la minería formal abrió puertas a la actividad ilegal y a la incursión de transnacionales Foto Archivo |
Correo del Caroní
María Ramírez Cabello.
Intervención extendida sin éxito
Junio de 2014. Se decide la intervención de Minerven, de acuerdo con el Decreto N° 1.071 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.440. Ya en 2011 se había instalado una junta de “recuperación y reimpulso” sin resultados positivos.
Marzo de 2015. La intervención se extiende, de acuerdo con la Gaceta Oficial N°40.631, y se designa al G/B Marco Castro Pacheco como Presidente y a Edward Rojas Castillo y Valmore González Arias como miembros principales. La baja producción se mantiene.
Marzo de 2015. En el Decreto N° 1.682, publicado en la misma Gaceta, se nombra a estos funcionarios como directivos de la Empresa Nacional Aurífera, S.A. (ENA) y se ordena la transferencia del 100% de las acciones de Minerven a la ENA.
El florecimiento de la minería ilegal en los municipios del sur y oeste del estado Bolívar no tuvo ningún tipo de obstáculos en los últimos años. A la falta de puestos de empleo formales en las mineras auríferas, controladas por el Ejecutivo, se sumó el reemplazo del control militar en funciones de resguardo y vigilancia por la participación verde oliva activa en un negocio por demás lucrativo.
Cuando en 2011, el presidente Hugo Chávez pisó CVG Minerven, para nacionalizar la industria del oro a través del Decreto 8.413 y con eso obligar a las pocas transnacionales que se encontraban en la región a migrar a un esquema mixto, la minería ilegal existía con creces, pero las operaciones de la transnacional de capital ruso Rusoro, la mixta de capital ruso-venezolano Venrus y la estatal Minerven eran sinónimo de puestos de trabajo estables y calidad de vida.
La medida estatal cambió el panorama de prisa. Las trasnacionales se retiraron del negocio paulatinamente y Minerven asumió la operación de todas las plantas de procesamiento formal. Así, a Planta Caratal, Revemin y Perú de Minerven se anexaron la planta PMG de la trasnacional Rusoro, ubicada en la vía a El Manteco, y la planta La Camorra de la mixta Venrus, en la vía a El Dorado.
En total, la estatal aurífera sumó una capacidad instalada de ocho toneladas de oro al año, la mayor parte en desuso, pese a las altas cotizaciones que tiene el oro en el mercado internacional actual como mecanismo de refugio.
Todo fue en vano y estas fuentes de empleo perdieron valor. La minería ilegal atrajo cada vez más no solo a lugareños, sino también a personas de todo el país, profesionales muchos, pero también criminales que emigraron a estas zonas y se organizaron bajo la figura de sindicatos para, con una estructura, imponer el control en la operación minera.
El abandono estatal en el sur de Bolívar que se evidencia en el crecimiento de la minería ilegal se observa también en el rendimiento de industrias como Minerven.
De acuerdo con la memoria y cuenta 2015 de la industria, la producción se ubicó entre enero y noviembre del año pasado en 430,75 kilogramos de oro fino, de una meta de 1.531 kilogramos de oro, un cumplimiento de apenas 28% de la programación y apenas 5,3% de su capacidad instalada. Una muestra notoria de cómo la minería formal se evapora.
Desmantelamiento aurífero intencional
No sólo bajó la producción, sino que el desmantelamiento de algunas de sus plantas como Perú y Revemin continuó, a cargo de grupos armados que han robado equipos, bombas y cableados y se han instalado en estas infraestructuras, antes productivas, para explotar material aurífero. ¿Quién admitió el acceso? ¿Por qué no fueron desalojados? y ¿Por qué se les permitió desmantelar las plantas? son algunas de las interrogantes en el aire.
El vocero del Frente Antiimperialista de la zona sur del estado Bolívar y ex director de la empresa, Jesús Guerra, estimó hace más de un año que en la Planta Perú se robaron más de $ 20 millones en equipos; mientras que en Revemin las pérdidas se elevan a $ 10 millones.
Su tesis era que el abandono no era por mera negligencia, sino que se abonaba el terreno para negociar los yacimientos con empresas transnacionales que, aseveraba, extraían el oro al menor costo posible “sin dejar nada a cambio”. Oro por espejitos como en la época de la colonia, advertía.
Al igual que en los años previos, la empresa admitió en su memoria y cuenta que en el 2015 sus planes no pudieron cumplirse por la disminución de los ingresos corrientes de la venta de oro fino consecuencia de la baja producción, por la escasez de insumos y repuestos críticos, así como el retraso en las inversiones. En consecuencia, indicó, recurrió a la solicitud de auxilio financiero a través de Pdvsa Industrial.
Era con Pdvsa que Minerven haría una simbiosis perfecta para concretar el Arco Minero. Era el sueño de Chávez en 2011. Sin transnacionales.
El próximo paso: transnacionales
El Estado no pudo, así que abre paso nuevamente a la acción de las transnacionales, en una historia que va y viene entre rescisión de concesiones, nacionalización de la minería y la bandera de la soberanía nacional, que se diluye con la llegada de empresas de China y Canadá a explorar, certificar y cuantificar reservas, hundiendo a estatales como CVG Tecmin, creada en 1986 con la misión de estudiar e inventariar los recursos naturales de la región Guayana. La empresa, hoy, agoniza.
El reciente suceso en Tumeremo, municipio Sifontes, con la desaparición de al menos 28 mineros, marca un punto importante en el acontecer minero.
El caos que revela la toma de los yacimientos por grupos violentos muestra el abandono estatal en una zona rica en minerales, una situación que cambia la percepción de los inversionistas internacionales de no contar con seguridad jurídica y personal en el eje sur de Bolívar. Y Minerven sigue allí, en ese escenario de anarquía ilegal y desinversión, desapareciendo.
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