Por: Simón Rodríguez Porras
Partido Socialismo y Libertad
17/03/2014
Encuentro Sindical y Popular en Caracas para enfrentar el ajuste
¿A dónde va a parar esto? Una pregunta recurrente en las calles. La mayoría de la población palpa los efectos cotidianos del descalabro económico: la inflación más alta del hemisferio occidental y una de las más altas del mundo, 56,2% en 2013, así como un alto índice de escasez de productos de primera necesidad, sobre todo fuera de la capital. Las perspectivas son aún más sombrías, pues con un déficit fiscal cercano al 15% y menguadas reservas internacionales, el gobierno ha realizado dos devaluaciones monetarias en lo que va de año y anuncia más medidas de ajuste, como aumentos sustanciales en los precios de los alimentos y de la gasolina.
Ese malestar social que bulle desde abajo se ha reflejado, aunque distorsionadamente, en la evolución del último mes de protestas. Lo que arrancó en febrero como una campaña de corte provocador por parte de algunas decenas de activistas de derecha ligados al partido Voluntad Popular que clamaban por “la salida” de Maduro, en un par de semanas escaló a una protesta masiva, en virtud de la nerviosa represión del gobierno. El 12 de febrero, día en que se realizaron una serie de marchas que reunieron a miles de personas en las principales ciudades del país para exigir la liberación de los estudiantes detenidos en las jornadas previas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los cuerpos parapoliciales del Psuv asesinaron a tres personas en Caracas, baleando a decenas más. Este fue el detonante de una protesta de enormes proporciones, que abarcó desde cacerolazos en zonas populares y marchas multitudinarias, hasta el levantamiento de barricadas en las zonas residenciales de clase media.
Las amenazas de Maduro de limitar el derecho a la protesta, las acciones de los grupos parapoliciales, las restricciones al derecho a la información (los medios de radio y televisión se abstienen de brindar información en directo sobre las protestas), así como los asesinatos de manifestantes por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, han atizado el malestar general.
Desde comienzos de marzo las protestas han menguado, desgastadas por la incapacidad de su dirigencia visible de brindar objetivos concretos a las movilizaciones o realizar exigencias en materia económica y social. Los activistas de “la salida”, vinculados al ala más derechista de la MUD, y sus agentes en el movimiento estudiantil, al percibir el aislamiento apelan a métodos criminales para sostener su campaña provocadora. Aproximadamente la mitad de la treintena de víctimas mortales de la violencia política del último mes, ha caído por la acción de alambres tendidos como trampas para motociclistas, accidentes de tránsito relacionados con las barricadas o disparos efectuados contra vecinos desde ellas. Las ciudades andinas de Mérida y San Cristóbal, en las que el problema de la escasez es mayor, permanecen prácticamente sitiadas por ese sector, cuya propaganda es cada vez más venenosa. Por ejemplo, en las últimas semanas han adoptado como emblema la bandera de la Guerra a Muerte decretada por Bolívar durante el proceso independentista, otorgándole connotaciones semifascistas. La mayoría de la MUD, encabezada por Capriles, se encuentra en crisis, casi en la parálisis.
El gobierno, por su parte, ha acompañado su arremetida contra las libertades democráticas con una profundización del ajuste. Mediante la figura de unas “Conferencias de paz” con los sectores más importantes de la burguesía, agrupados en Fedecámaras, Maduro ha acordado mayores concesiones a los empresarios. No solo ha implementado aumentos superiores al 100% en los precios de algunos alimentos, también elevó del 40% al 60% las retenciones de divisas por parte de los exportadores privados, un importante incentivo dada la gran disparidad entre el tipo de cambio oficial y el no oficial. Los exportadores, incluyendo grandes empresas como Polar y transnacionales como Nestlé, correspondieron con un manifiesto de apoyo al gobierno. Con un nuevo endeudamiento con China, Maduro también intenta ganar tiempo.
El supuesto “golpe suave”, denunciado por el gobierno en febrero para llamar a las bases chavistas a cerrar filas, ya ha sido desestimado por el propio Presidente, quien aseguró que había sido "derrotado". En realidad en ningún momento hubo un golpe en curso. Las recientes declaraciones del secretario de Estado yanqui, John Kerry, en las que alegaba que los gobiernos latinoamericanos no han mostrado interés en mediar en la crisis venezolana, revelan la relativa debilidad del imperialismo, aunque su injerencia por la vía del financiamiento de organizaciones de derecha es una forma de agresión no desdeñable. De cualquier forma, es significativo que en el momento más álgido de la crisis, Maduro haya nombrado unilateralmente un embajador ante Washington y algunos días antes haya llegado a un acuerdo multimillonario con la petrolera Repsol. Maduro recibió incluso un espaldarazo de Chevron, la principal transnacional petrolera con operaciones en Venezuela, menos de una semana antes del inicio de las protestas.
La clase trabajadora, que ha protagonizado casi la mitad de las más de 15 mil protestas sociales de los últimos tres años, aún no se ha hecho sentir con voz propia en la coyuntura. El Partido Socialismo y Libertad y la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), encabezada por Orlando Chirino y José Bodas, están convocando para el 21 de marzo a un Encuentro Sindical y Popular en Caracas, junto con la Unión Nacional de Trabajadores, que representa a un sector de la disidencia sindical del chavismo, así como otras organizaciones de base que se han incorporado a la convocatoria, con miras a acordar acciones para enfrentar el ajuste y exigir que la crisis la paguen quienes la generaron, la alta burocracia y los empresarios, así como defender las libertades democráticas y salirle al paso a la violencia de “la salida” propugnada por un sector de la derecha. Ante la implosión del proyecto nacionalista denominado “socialismo del siglo XXI”, que nunca se propuso realmente salir de las márgenes de un capitalismo semicolonial y dependiente, se abre la posibilidad de reagrupar fuerzas en el movimiento obrero y popular, y fortalecer una alternativa política verdaderamente socialista.
¿A dónde va a parar esto? Una pregunta recurrente en las calles. La mayoría de la población palpa los efectos cotidianos del descalabro económico: la inflación más alta del hemisferio occidental y una de las más altas del mundo, 56,2% en 2013, así como un alto índice de escasez de productos de primera necesidad, sobre todo fuera de la capital. Las perspectivas son aún más sombrías, pues con un déficit fiscal cercano al 15% y menguadas reservas internacionales, el gobierno ha realizado dos devaluaciones monetarias en lo que va de año y anuncia más medidas de ajuste, como aumentos sustanciales en los precios de los alimentos y de la gasolina.
Ese malestar social que bulle desde abajo se ha reflejado, aunque distorsionadamente, en la evolución del último mes de protestas. Lo que arrancó en febrero como una campaña de corte provocador por parte de algunas decenas de activistas de derecha ligados al partido Voluntad Popular que clamaban por “la salida” de Maduro, en un par de semanas escaló a una protesta masiva, en virtud de la nerviosa represión del gobierno. El 12 de febrero, día en que se realizaron una serie de marchas que reunieron a miles de personas en las principales ciudades del país para exigir la liberación de los estudiantes detenidos en las jornadas previas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los cuerpos parapoliciales del Psuv asesinaron a tres personas en Caracas, baleando a decenas más. Este fue el detonante de una protesta de enormes proporciones, que abarcó desde cacerolazos en zonas populares y marchas multitudinarias, hasta el levantamiento de barricadas en las zonas residenciales de clase media.
Las amenazas de Maduro de limitar el derecho a la protesta, las acciones de los grupos parapoliciales, las restricciones al derecho a la información (los medios de radio y televisión se abstienen de brindar información en directo sobre las protestas), así como los asesinatos de manifestantes por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, han atizado el malestar general.
Desde comienzos de marzo las protestas han menguado, desgastadas por la incapacidad de su dirigencia visible de brindar objetivos concretos a las movilizaciones o realizar exigencias en materia económica y social. Los activistas de “la salida”, vinculados al ala más derechista de la MUD, y sus agentes en el movimiento estudiantil, al percibir el aislamiento apelan a métodos criminales para sostener su campaña provocadora. Aproximadamente la mitad de la treintena de víctimas mortales de la violencia política del último mes, ha caído por la acción de alambres tendidos como trampas para motociclistas, accidentes de tránsito relacionados con las barricadas o disparos efectuados contra vecinos desde ellas. Las ciudades andinas de Mérida y San Cristóbal, en las que el problema de la escasez es mayor, permanecen prácticamente sitiadas por ese sector, cuya propaganda es cada vez más venenosa. Por ejemplo, en las últimas semanas han adoptado como emblema la bandera de la Guerra a Muerte decretada por Bolívar durante el proceso independentista, otorgándole connotaciones semifascistas. La mayoría de la MUD, encabezada por Capriles, se encuentra en crisis, casi en la parálisis.
El gobierno, por su parte, ha acompañado su arremetida contra las libertades democráticas con una profundización del ajuste. Mediante la figura de unas “Conferencias de paz” con los sectores más importantes de la burguesía, agrupados en Fedecámaras, Maduro ha acordado mayores concesiones a los empresarios. No solo ha implementado aumentos superiores al 100% en los precios de algunos alimentos, también elevó del 40% al 60% las retenciones de divisas por parte de los exportadores privados, un importante incentivo dada la gran disparidad entre el tipo de cambio oficial y el no oficial. Los exportadores, incluyendo grandes empresas como Polar y transnacionales como Nestlé, correspondieron con un manifiesto de apoyo al gobierno. Con un nuevo endeudamiento con China, Maduro también intenta ganar tiempo.
El supuesto “golpe suave”, denunciado por el gobierno en febrero para llamar a las bases chavistas a cerrar filas, ya ha sido desestimado por el propio Presidente, quien aseguró que había sido "derrotado". En realidad en ningún momento hubo un golpe en curso. Las recientes declaraciones del secretario de Estado yanqui, John Kerry, en las que alegaba que los gobiernos latinoamericanos no han mostrado interés en mediar en la crisis venezolana, revelan la relativa debilidad del imperialismo, aunque su injerencia por la vía del financiamiento de organizaciones de derecha es una forma de agresión no desdeñable. De cualquier forma, es significativo que en el momento más álgido de la crisis, Maduro haya nombrado unilateralmente un embajador ante Washington y algunos días antes haya llegado a un acuerdo multimillonario con la petrolera Repsol. Maduro recibió incluso un espaldarazo de Chevron, la principal transnacional petrolera con operaciones en Venezuela, menos de una semana antes del inicio de las protestas.
La clase trabajadora, que ha protagonizado casi la mitad de las más de 15 mil protestas sociales de los últimos tres años, aún no se ha hecho sentir con voz propia en la coyuntura. El Partido Socialismo y Libertad y la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), encabezada por Orlando Chirino y José Bodas, están convocando para el 21 de marzo a un Encuentro Sindical y Popular en Caracas, junto con la Unión Nacional de Trabajadores, que representa a un sector de la disidencia sindical del chavismo, así como otras organizaciones de base que se han incorporado a la convocatoria, con miras a acordar acciones para enfrentar el ajuste y exigir que la crisis la paguen quienes la generaron, la alta burocracia y los empresarios, así como defender las libertades democráticas y salirle al paso a la violencia de “la salida” propugnada por un sector de la derecha. Ante la implosión del proyecto nacionalista denominado “socialismo del siglo XXI”, que nunca se propuso realmente salir de las márgenes de un capitalismo semicolonial y dependiente, se abre la posibilidad de reagrupar fuerzas en el movimiento obrero y popular, y fortalecer una alternativa política verdaderamente socialista.
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