Luis Fuenmayor Toro
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| Trabajador de FMO Rodney Álvarez |
El gobierno de Maduro, como el de Chávez, se proclama gobierno obrero, pues si se llaman socialistas del siglo que sea, tienen que ser el gobierno de la clase obrera. Sin embargo, sus conductas y realizaciones no parecen sustentar esta calificación, sino que incluso llegan a negarla completamente. Un gobierno obrero no secuestra a un trabajador y lo acusa de asesinar a otro trabajador, a pesar de la multitud de testigos que lo niegan, ni lo traslada de cárcel en cárcel por todo el país, para esconderlo de familiares, compañeros y amigos,
y para retardarle indefinidamente las posibilidades de un juicio justo. Y no es retórica esta explicación, es muy cierta, lamentable y perversamente real para Rodney Álvarez, obrero de Ferrominera sometido a esta miserable situación, que algunos pensamos, nunca más se viviría en el país luego del triunfo de Chávez. Un gobierno obrero no hace descansar sobre los trabajadores y el pueblo el peso de la crisis económica producto de su negligencia y de su política económica dirigida a enriquecer a sus funcionarios, como parte de una nueva burguesía, que como siempre se construye a partir de la renta petrolera.
Este gobierno, según la permanente propaganda del régimen, es de carácter democrático, participativo y protagónico, sin embargo arremete violentamente contra las protestas estudiantiles, sindicales y gremiales arguyendo que se trata de acciones desestabilizadoras. Vamos a tratar de entendernos. Sé que la dirección de la oposición conservadora en principio es conspiradora, por lo que el Gobierno tiene que estar atento y tomar las medidas preventivas del caso. Ahora, una cosa es esta certeza y otra muy distinta es pensar que todos los que manifiestan (trabajadores, estudiantes, profesores, profesionales) son conspiradores. Los conspiradores no son quienes protestan por los bajos salarios o por la libertad de los cientos de estudiantes detenidos arbitrariamente o por cualquier otra reivindicación laboral, gremial y política. Por tanto, a los manifestantes no se los puede tratar como si fueran delincuentes políticos. Además, el derecho a manifestar, y en general los derechos políticos, no se pueden suspender por que haya por allí una gente que el Gobierno cree está conspirando; ni siquiera si estuvieran conspirando de verdad.
