Por: Simón Rodríguez Porras
El golpe de Estado de abril de 2002 y la posterior movilización popular que derrocó a la breve dictadura de Fedecámaras, los militares, la Iglesia, y la burocracia sindical, son fuera de cualquier duda dos hechos que marcaron un punto de inflexión en la historia venezolana. Patentizaron el carácter violentamente andidemocrático de los partidos e instituciones sobre las que había descansado el régimen bipartidista, así como el vigor de los procesos sociales y políticos puestos en marcha en la etapa abierta con la rebelión de El Caracazo en 1989. Hoy nos separa del golpe y la movilización revolucionaria de abril, aproximadamente el mismo tiempo que separó ese hecho del levantamiento popular de 1989. Un momento propicio para hacer un balance de la relación del momento actual con ambos hitos.
Tergiversaciones
La lectura oficial sobre el golpe y su derrota atribuye esta última a una alianza cívico-militar que habría actuado en defensa de la Constitución, sentando las bases para una doctrina sobre el rol partidista de las fuerzas armadas, como una extensión del chavismo institucionalizado. Los sectores que dieron el golpe, hoy agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), defienden lecturas que van desde la reivindicación nostálgica del golpe y su justificación a la luz de la debacle económica y social actual, hasta un distanciamiento semicrítico del decreto de Carmona o de toda la operación golpista, incluyendo la convocatoria a la marcha multitudinaria del 11 de abril y su instrumentalización golpista. Si bien reconocen que el fracaso del golpe, apoyado por el gobierno de los EEUU, significó un revés importante para su agenda y permitió al chavismo avanzar en el control de las instituciones del Estado, estas lecturas semicríticas no cuestionan los fines del golpe, ordenados por la necesidad de abortar el proceso de movilización y autoorganización que venía en ascenso desde 1989.
