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| Caroní fue de los cinco municipios del país con más manifestaciones de calle, según el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. |
El Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS)
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 2.414 protestas en los primeros 90 días de 2018, equivalente a un promedio de 26 diarias. Esta cifra representa un incremento de 93% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Bolívar y Caroní, por cierto, están entre los estados y municipios más conflictivos.
85% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) y el 15% para exigir derechos civiles y políticos (DCP).
Lo que se desprende de los datos obtenidos por el OVCS durante este primer trimestre del año es que Venezuela ha entrado en una etapa de colapso de los servicios públicos, de la alimentación, de la salud y han crecido los conflictos laborales. Adicionalmente observamos con preocupación que los saqueos e intentos de saqueo aumentan y se uniformizan en todo el territorio nacional.
La respuesta del gobierno ha sido mínima, insuficiente, parcial y represiva. Insuficiente porque incluso en foros públicos internacionales el gobierno ha preferido negar la situación, parcial porque pretende resolver la emergencia humanitaria no de manera universal sino segregando a una parte de la población y represiva por los muertos, heridos y detenidos en el marco de las manifestaciones.
Exigencias en combo
De las 2.414 protestas documentadas estos primeros tres meses, 1.137 fueron combinadas, es decir, se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de protestas representó el 47% del total registrado.
Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, adecuada, higiénica, segura y cómoda. Los cortes de energía eléctrica afectaron el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.
Por su parte, las constantes fallas en la distribución de gas doméstico han generado descontento en hogares venezolanos, siendo las ciudades y poblados del interior los más afectados, viéndose obligados a implementar antiguas técnicas para la preparación de sus alimentos como cocinar los alimentos a leña.
Adicionalmente, cada vez son más las protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua potable, que se ha visto afectado en innumerables comunidades, por presuntas fallas en las tuberías, generando el cobro excesivo por parte de camiones cisternas, aumento de enfermedades, paralización de clases, servicios médicos y otras vicisitudes.
De las 2.414 protestas registradas, 748 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 8 protestas diarias. Una muestra del colapso de los servicios básicos en el país.
Persiste la inseguridad alimentaria
Durante los primeros 90 días del año se ha mantenido la inseguridad alimentaria en Venezuela, caracterizada por desabastecimiento, escasez y carestía de productos.
De las 2.414 protestas registradas, 549 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria: un promedio de seis protestas diarias por alimentos.
Enero se mantuvo como el mes de mayor protesta por alimentos, situación influenciada por la irregularidad en la entrega de las cajas CLAP, los problemas de producción de las empresas por falta de materia prima.
Aunque las protestas por alimentos han disminuido con respecto al comienzo de año, la crisis no se detiene. Persiste el alto costo de los alimentos, el desabastecimiento y la escasez. Las familias siguen sometidas a realizar largas colas por horas para adquirir algún producto, continúa la alta dependencia de las cajas CLAP, que es principalmente mercancía importada, y los incentivos para aumentar la producción nacional son prácticamente inexistentes.
Durante este período el OVCS observó que más personas buscan comida en las calles, en los desperdicios y bolsas de basura.
Saqueos e intentos de saqueo
En enero se contabilizaron 141 saqueos o intentos de saqueo, es decir, 642% más que en igual mes del año pasado.
La cifra de enero 2018 supera al índice de registrado en igual mes en los últimos 3 años.
Los saqueos e intentos de saqueo se registraron en casi todo el territorio nacional.
Nos preocupa el aumento de este tipo de manifestaciones violentas, producto del hambre, desesperación e impunidad.
Situación de los conflictos laborales
Los reclamos laborales han repuntado estos tres primeros meses del año, ubicándose en el segundo lugar en el índice de manifestaciones. En este lapso se reportaron 708 protestas para exigir derechos laborales.
La crisis económica, caracterizada por un escenario hiperinflacionario, ha destruido cualquier capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y ha puesto en riesgo su estabilidad laboral.
Desde hace cinco años, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, ha habido 21 ajustes del salario mínimo. Lo que comenzó con tres incrementos anuales, ya va por cinco en un año, como ocurrió en 2017. Y en el primer trimestre de 2018 ya se suman dos aumentos y siguen siendo insuficientes.
Los trabajadores del sector público y privado ven cada vez más mermadas sus posibilidades de costear gastos de comida, salud, transporte, educación, entre otros.
Varios gremios han limitado o paralizado sus actividades por falta de productos, insumos, materia prima y equipos requeridos para garantizar los servicios.
La crisis económica actual ha impactado a la mayoría de la población. Trabajadores han abandonado sus empleos para buscar nuevas formas de ingreso, muchos componen el éxodo masivo de venezolanos que han salido del país con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.
Esta situación ha derivado, entre muchos aspectos, en una alta rotación de personal en las empresas, forzando a los patronos a adoptar incentivos y asumir los costos de la crisis para retener el talento. Se han registrado casos de empresas con horarios flexibles por la falta de transporte público, así como la asignación de bonos y alimentos para mitigar las necesidades laborales.
La grave crisis en el sector salud sigue empeorando
Trabajadores del sector salud, médicos, especialistas, enfermeras, personal administrativo, obreros, pacientes y sus familiares exigen cooperación humanitaria. En este lapso se reportaron 287 protestas para exigir el derecho humano a la salud.
La falta de medicinas, implementos quirúrgicos, remuneración al personal médico, deficiencia en infraestructuras hospitalarias e inseguridad personal movilizaron a médicos, enfermos y familiares. La exigencia común es cooperación humanitaria, para garantizar atención mínima en el sistema de salud que permita prevenir epidemias, al tiempo de mejorar las condiciones y complicaciones de pacientes crónicos.
La situación tiende a agudizarse en la medida que no existen respuestas oficiales a las exigencias ciudadanas. Los pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos, cáncer, VIH, trasplantados, son los más afectados porque dependen del suministro de medicamentos para el tratamiento que entrega el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Represión y muerte en manifestaciones
El gobierno de Nicolás Maduro continúa consolidando un sistema de represión en Venezuela, enmarcado en el Plan Cívico-Militar Zamora 200 que institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, fuerzas milicianas y civiles armados en funciones de control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés.
Este sistema de represión ha afectado a las protestas populares y sobre todo a las protestas de la gente más pobre, que incluso en el pasado se identificó con el partido de gobierno.
En los primeros 3 meses de 2018 asesinaron a 10 personas en el contexto de manifestaciones. El 100% de los hechos ocurrió en protestas para exigir Desca.
La respuesta a las manifestaciones por hambre ha sido la represión y muerte. 8 de las 10 muertes ocurrieron en protestas para exigir alimentos.
Dos mujeres y un menor de edad fueron asesinados en protestas por alimentos.
9 personas fueron asesinadas por heridas de bala y 1 con un objeto contundente (piedra). Familiares y testigos denuncian a civiles armados como responsables de al menos 6 de las muertes.
OVCS exige cooperación humanitaria
El OVCS exige al Gobierno nacional atender los problemas que agobian a los venezolanos. De ser una de las naciones de la región que se destacaba por la calidad de vida de sus ciudadanos, Venezuela se ha convertido en un presente marcado por la desesperanza, la falta de oportunidades y el abandono.
La expresión de la crisis y su consecuencia en el deterioro de la calidad de vida se refleja en el 85% de las protestas registradas por el OVCS durante el primer trimestre para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).
El desabastecimiento o carestía de los alimentos, las fallas en los servicios básicos, la falta de medicinas y equipos médicos y la ausencia de un empleo de calidad y estable, se han convertido en las mayores quejas ciudadanas, siendo éstos derechos consagrados en la Constitución.
Como hemos dicho en los informes anteriores, el Gobierno venezolano debe reconocer la magnitud de la crisis y entender que la cooperación humanitaria internacional es justa y necesaria. De mantenerse el rumbo de los últimos años, especialmente desde 2017 en adelante, advertimos que los daños serán irreparables. El país está sumido en la pobreza. (OVCS)
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