Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
Foto: Juan Carlos Neira. Mediante un operativo policial y militar denominado “Operación Liberación del Pueblo” que cercó durante 48 horas al barrio de la Cota 905 en Caracas, los cuerpos represivos realizaron 134 detenciones y asesinaron a 15 personas. La ausencia de bajas militares o policiales permite presumir que hubo un uso excesivo de la fuerza y posiblemente ejecuciones extrajudiciales, aunque el gobierno se niega a investigarlas, sentando un nuevo y peligroso precedente en materia represiva.
El Estado venezolano ha dado nacimiento a numerosos grupos parapoliciales, tanto en el período puntofijista, como durante los últimos quince años, con un grueso expediente de violaciones a los derechos humanos y bajo el cobijo de la impunidad.
Los comandos de la muerte, encargados de realizar ejecuciones extrajudiciales y asesinatos por encargo, se hicieron tristemente célebres en estados como Guárico, Lara y Portuguesa en los primeros años del gobierno chavista. Cinco efectivos policiales zulianos están siendo actualmente enjuiciados por haber actuado como sicarios en el asesinato de Sabino Romero en marzo de 2013. El asesinato de dos trabajadores de la Mitsubishi en enero de 2009, por parte de la policía de Anzoátegui, en el marco de un ataque con armas de fuego a una huelga, así como actuaciones represivas recientes como la del operativo en la Cota 905, la masacre en la cárcel de Uribana en enero de 2013 o el asesinato de cinco miembros de un colectivo del Psuv a cargo de la policía durante un operativo en Quinta Crespo, Caracas, en octubre de 2014, demuestran que la brutalidad represiva de los cuerpos policiales y militares es alentada por parte del poder político.
El operativo en la Cota 905 fue precedido por un operativo de gran magnitud en mayo de este año, en la ciudad de Maracay. Un contingente de centenares de policías y militares detuvo en el barrio San Vicente a 865 personas y asesinó a 10. Solamente se imputaron crímenes a 11 detenidos. Tampoco hubo bajas militares o policiales en el operativo de San Vicente.
El desborde acelerado de la criminalidad violenta, alentado por la corrupción policial y judicial, por la consolidación de las cárceles como centros operativos del crimen organizado, y por la creación de zonas liberadas en las que los cuerpos policiales no ingresan, denominadas por el gobierno “zonas de paz”, ha llevado a una parte de la población a exigir una respuesta represiva contra el crimen organizado. El gobierno, que ha facilitado a las mafias la extensión de sus actividades al entregarles el control de cárceles y amplios territorios, ahora da un giro hacia grandes operaciones y violencia más o menos indiscriminada, recordando las redadas aplicadas en otra época por gobiernos adecos y copeyanos en las zonas populares.
Este tipo de acciones, que violan los derechos humanos, no tocan las raíces del fenómeno de la violencia de las mafias criminales, mientras sigue creciendo la desigualdad social con el agravamiento de la crisis económica y social que atraviesa el país y las medidas de ajuste que aplica el gobierno. Es importante sumar voces a la exigencia de una investigación independiente de las actuaciones de los cuerpos policiales y militares en estos operativos represivos.
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