Provea exige a Fiscalía y Defensoría del Pueblo investigar actuación de cuerpos de seguridad en la Cota 905

Prensa Provea

Según el balance realizado en horas de la tarde de este 12.07.2015 el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que 14 personas habían perdido la vida en un presunto enfrentamiento con efectivos de seguridad en el barrio San Miguel, ubicado en la cota 905 de la ciudad de Caracas. Esta acción se enmarcaría en el denominado “Operativo Protección y Liberación del Pueblo”, que se ha desplegado en varios puntos del país. “Hemos recuperado 20 vehículos, los miembros de la banda los usaban para fines de extorsión, hemos recuperado 12 armas cortas, 2 armas largas, 2 granadas fragmentarias, hemos detenido 134 personas”, informó González López según las notas de prensa.

En opinión de Provea las características del operativo realizado sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de la fuerza pública. Si bien el Estado tiene responsabilidades en promover políticas para mantener la seguridad ciudadana y proteger a la ciudadanía de los delitos cometidos por terceros, cualquier iniciativa debe respetar los derechos humanos. El“Operativo de Protección y Liberación del Pueblo” abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales, que sólo en 2014 cobraron la vida de 189 personas, la mayoría de ellas a manos de cuerpos de seguridad de ámbito nacional como el CICPC y la PNB.
En el año 2006 la Comisión Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL) emitió el informe “Características de la policía venezolana” para realizar un diagnóstico de las situaciones que deberían ser cambiadas en la actuación de los funcionarios policiales en el país. Allí se podía leer “Otro indicador de la letalidad policial es la desproporción entre civiles heridos y muertos. Así, en 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía, fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos. Es decir, que estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados”. El hecho que la policía “dispare a matar” y no a neutralizar a su contrario, mediante el uso progresivo de la fuerza, no es la única característica del pasado que pareciera repetirse en el operativo realizado en la Cota 905. Del mismo informe de Conarepol se desprende: “La gran cantidad de muertes y lesionados en enfrentamientos con la policía, así como la desproporción entre bajas policiales y civiles, indicaría un alto nivel de letalidad policial (subrayados nuestros), al tiempo que permitiría suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”.

El Estado ha sido incapaz de resolver los problemas de seguridad ciudadana y su actitud ha sido más de negar su verdadera dimensión al tiempo que retrocede en los avances logrados con la implementación del nuevo modelo policial, impulsado desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). De acuerdo a los datos recopilados por Provea entre 1990 y 2013, 29.444 personas muertas no fueron incluidas en las cifras de homicidios sino que fueron presentadas como muertas tras oponer resistencia a las autoridades. Ello ilustra una tendencia ascendente que se contradice claramente con la implementación del nuevo modelo policial impulsado a partir de los trabajos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL).

Sobre este fenómeno, las fuentes consultadas en 2009 por la CONAREPOL mostraban una alta tasa de agresiones a manos de la policía y de episodios que terminaban mayoritariamente en ejecuciones extrajudiciales y que “la desproporción entre bajas policiales y civiles indicaría un alto nivel de letalidad de la actividad policial, al tiempo que permitiría suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”.

Provea exige a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo iniciar una investigación sobre la actuación de los cuerpos policiales en el marco del “Operativo de Protección y Liberación del Pueblo”. Asimismo, exige el Ejecutivo Nacional desarrollar planes y políticas de seguridad ciudadana sobre la base del más amplio consenso y en estricto apego a los estándares de protección de los derechos humanos. (Prensa Provea, 13.07.2015)